Cuarón revira: pide a EPN tres debates sobre Energética

Las preguntas de personajes públicos al presidente de México
se están poniendo de moda. Esta mañana, el cineasta mexicano Alfonso Cuarón lanza una
última pregunta a Enrique Peña Nieto: ¿Por
qué no debatir?

Esto luego de que la semana pasada el ganador del Oscar a
mejor director, Alfonso Cuarón,
publicará  un desplegado de 10 preguntas dirigidas al presidente Enrique Peña Nieto sobre la Reforma Energética. Y de que el
mandatario enviará al Congreso las leyes secundarias de dicha ley y respondiera
puntualmente a los cuestionamientos.

En el sitio web diezpreguntas.com,
el ganador de un Oscar como mejor director le agradece al presidente su pronta respuesta
y dijo: “Quiero entender que sus respuesta no están dirigidas sólo a mí sino a
todos los ciudadanos como un gesto para establecer una mejor comunicación con
un público inquieto y ávido de profundizar en este tema (…) las respuesta abren
la oportunidad de que se realice un
debate plural y abierto sobre las reformas, el debate que merecemos todos los
ciudadanos”.

El cineasta mexicano refiere que al igual que varios
ciudadanos lamenta la pobreza democrática mostrada por los legisladores durante
la aprobación de las Reformas Constitucionales, por lo cual sería lamentable
que en la fase siguiente, de las legislaciones secundarias, se pierda, una vez
más, esta oportunidad de discutir.

La propuesta concreta es realizar tres debates de televisión
abierta, en  horario “primer” y cobertura
amplia, en el que se incluyan puntos de vista a favor y en contra, y en el que
participen expertos de diversos temas relevantes.

Además agrega que los debates debe ser comprensibles,
eficaces, ágiles, con reglas de debate modernas, en los que esté prohibido leer
a los participantes, y en los que, por supuesto, la participación de los
miembros del equipo presidencial sería imprescindible.

Gobierno federal
responde a Cuarón

El pasado miércoles 30 de abril, justo cuando concluyó el
periodo legislativo, el presidente Enrique Peña Nieto difundió un documento
titulado “Preguntas y Respuestas sobre la Reforma Energética”, en un micrositio
especial en su página web, que coincide con las preguntas del director de Gravity.

Aquí las preguntas y su respuesta.

1. Sobre los precios de los energéticos, los beneficios
tangibles de la reforma, y su cronograma

A pesar de ser un país con grandes
yacimientos de este combustible en el subsuelo, México estaba importando cada
vez más gas natural. En 2013, por ejemplo, México importó 30% del gas natural
que se consumió en el país. Pemex no estaba produciendo todo el gas natural que
el país necesita, por las limitaciones que imponía el modelo regulatorio que
estamos cambiando.

La Reforma Energética permitirá reducir los precios del gas
natural y la electricidad en el mediano plazo.

Con el modelo anterior, la producción de gas natural no
podía ser llevada a cabo por el sector privado, ya que estaba prohibido por la
Constitución. Eso nos llevó a una situación paradójica. Por un lado, no
permitíamos que empresas particulares extrajeran gas natural en México, pero sí
comprábamos gas natural a empresas privadas extranjeras en Estados Unidos y
otros países, que se revende en nuestro país a un precio mayor del que tendría
si se produjera en México.

Adicionalmente, en los últimos años, el país no desarrolló
la infraestructura necesaria para transportar el gas por ductos acorde con las
necesidades nacionales, lo que se tradujo en desabasto y racionamiento de gas natural
(alertas críticas) durante el 2012 y el primer semestre de 2013.

El costo de la electricidad depende en gran medida del
combustible que se utiliza para generarla. La energía eléctrica que se genera
con gas natural es cuatro veces más barata que cuando se utiliza combustóleo y
seis veces más económica que cuando se emplea diésel, además de que el gas
natural es un combustible más amigable con el medio ambiente.

Con la Reforma Energética, las empresas privadas podrán
producir gas natural en México, por sí solas o asociadas con Pemex, y venderlo
en nuestro país, generando empleos y pagando impuestos en nuestro territorio,
en lugar de hacerlo del otro lado de la frontera. A partir de los nuevos
cambios, existirán múltiples productores de gas natural en México, compitiendo
entre sí, con lo cual tendremos gas natural suficiente y a menor precio.

Además, bajo el Programa Nacional de Infraestructura se
construirán a lo largo del sexenio 10 mil kilómetros de nuevos gasoductos que
permitirán al país contar con una red nacional e integrada, que contribuirá a
transportar el gas natural a precios competitivos, en beneficio de los hogares
y las empresas.

De esta manera, podrá utilizarse ese gas natural para
sustituir el combustóleo y el diésel en la generación de electricidad. Ello
permitirá reducir los costos degeneración y, por tanto, también disminuir las
tarifas de la luz en beneficio de las familias, los comercios y las industrias
mexicanas. Entre más gas natural se produzca en México, menores serán los
costos de generar electricidad y, en consecuencia, se podrán reducir los
recibos de luz.

Con el aumento de la oferta de gas natural, también se
impulsará la producción nacional de fertilizantes para beneficiar al campo
mexicano. Pemex invertirá 15 mil millones de pesos para producir 480 mil
toneladas de amoniaco que servirán de insumo para un millón de toneladas de
urea. Esta producción ahorrará importaciones por 400 millones de dólares
anuales.

En el caso de la gasolina, México importa el 49% del consumo
nacional, por lo que la reforma prevé la apertura a la inversión en refinación
y de su cadena productiva para incrementar la oferta del combustible. Además,
la gasolina es subsidiada y es menester reconocer que el esquema de subsidios
vigente es altamente regresivo: el decil de la población con menores ingresos
recibe sólo el 1.6% del subsidio; mientras que el 10% de los hogares con
mayores ingresos concentra más del 30% del mismo.

No obstante lo anterior, la Reforma nos permitirá establecer
precios máximos para los combustibles que harán que sus precios se muevan de
forma parecida a los precios de otros productos. Eso contrasta con años previos
donde los precios de las gasolinas y otros combustibles crecieron entre 2 y 4
veces más que la inflación general. Como la reforma prevé abrir el sector de
refinación, transporte y despacho de combustibles, estableciendo una
competencia efectiva, los precios a los consumidores podrían incluso aumentar
menos que el de otros productos.

En conclusión, entre los beneficios esperados de la Reforma
Energética se encuentran los siguientes:

• Reducción
  de las facturas de luz y los precios de gas, a más tardar dos años después
  de la fecha de entrada en vigor de la legislación secundaria. Cabe
  destacar que ésta no es una reducción voluntariosa, populista o por
  decreto. Es una reducción sostenida como resultado de que bajarán los
  costos de producción y de generación, y por lo tanto ocurrirá conforme se
  lleven a cabo las inversiones en gas y en electricidad.
• 500,000
  empleos adicionales en 2018 y 2.5 millones de empleos adicionales en 2025.
• 1%
  adicional de crecimiento del PIB en 2018 y 2% adicional en 2025.
• Aumentar
  la producción nacional de fertilizantes a precios competitivos y evitar la
  importación de este insumo por 400 millones de dólares.
• Incremento
  en la producción de petróleo, de 2.5 millones de barriles diarios en 2013,
  a 3 millones de barriles diarios en 2018 y 3.5 millones en 2025.
• Incremento
  en la producción de gas natural, de 5,700 millones de pies cúbicos diarios
  en 2013, a 8,000 millones de pies cúbicos diarios en 2018 y 10,400
  millones en 2025.

2- Sobre el riesgo de afectaciones al medio ambiente, las
medidas para protegerlo, y la responsabilidad ante el caso de accidentes

El transitorio décimo noveno del Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de diciembre de 2013 (en adelante El Decreto), mandata
la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

La Agencia se plantea como un órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
que tendrá dentro de sus atribuciones regular y supervisar, en materia de
seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, las
instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las
actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el
control integral de residuos.

La Agencia tendrá la capacidad para, en coordinación con la
Secretaría de Marina y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, responder
ante cualquier accidente industrial que ponga en peligro la salud de los
trabajadores así como el medio ambiente. Actualmente, la Secretaría de Marina
ya cuenta con un Plan Nacional de Contingencia para Combatir y Controlar
Derrames de Hidrocarburos y otras Substancias Nocivas en el Mar.

La Reforma enfatizará una explotación de recursos que sea
responsable ambientalmente, minimizando las afectaciones previsibles al medio
ambiente al mismo tiempo que se garantiza una capacidad efectiva de respuesta
frente a cualquier accidente o imprevisto.

Para ello, además, se adoptarán las mejores prácticas
internacionales desde el punto de vista de responsabilidad plena de cualquier
contratista que esté llevando a cabo actividades de exploración y explotación.

Las empresas petroleras son las responsables de cualquier afectación al
medio ambiente.

La Reforma Energética dotará al Estado mexicano
de la capacidad para poder exigir que las empresas en el sector cumplan con sus
obligaciones.

3- Sobre los planes para desarrollar tecnologías e
infraestructura de energía alternativa

Existen planes concretos para desarrollar tecnologías e
infraestructuras de energía alternativa en nuestro país, y ya están
implementándose.

Tal es el caso de los Centros Mexicanos en Innovación en
Energía, financiados con fondos de la Secretaría de Energía y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), enfocados a desarrollar las
tecnologías y aprovechar los recursos renovables del país.

Se crearon tres centros, con una inversión entre pública y
privada cercana a los 2 mil millones de pesos: uno en energía geotérmica,
liderado por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada, Baja California; uno en energía solar, encabezado por el Instituto de
Energías Renovables de la UNAM, y otro más en energía eólica, coordinado por el
Instituto de Investigaciones Eléctricas. Estos centros representan la mayor
inversión gubernamental en investigación, desarrollo e innovación en materia de
energías renovables.

Cada centro involucra investigadores de distintas
instituciones académicas, científicas y empresas, con el propósito de vincular
el conocimiento con la producción en proyectos compartidos, en la formación de
recursos humanos especializados y en el fortalecimiento de la infraestructura
de investigación.

El desarrollo y adopción de nuevas tecnologías es importante
para mitigar el impacto de la generación de energía sobre el medio ambiente,
pero también para asegurar una diversificación adecuada en las fuentes de
energía. La diversificación es relevante dado que los hidrocarburos son
recursos no renovables, y porque contar con muchas fuentes de energía permite
aumentar la seguridad energética para las familias y las actividades económicas
del país.

Además, la iniciativa de legislación secundaria de la
reforma incluye distintas medidas para fomentar el uso de energías limpias y
energías renovables. Entre ellas, destacan el establecimiento de Certificados
de Energías Limpias que fomentarán un mayor uso de esas fuentes para la
generación de electricidad en el país.

Se propone una ley de Geotermia para
aprovechar el calor de origen volcánico en las aguas subterráneas del país.

Cabe recordar que, como parte de la Reforma Hacendaria
aprobada en 2013, se estableció en el país un impuesto especial que aplica al
uso de combustibles que liberan bióxido de carbono y, además, las inversiones
en generación que usen energías limpias tendrán deducibilidad inmediata para
efectos del impuesto sobre la renta.

4- Sobre cómo evitar fenómenos de corrupción en los
contratos

Con el objetivo de rendir cuentas ante la sociedad mexicana,
la Reforma Energética establece siete mecanismos principales de transparencia y
de combate a la corrupción, que obedecen a las mejores prácticas
internacionales:

Las rondas de licitación para
asignar los nuevos contratos de servicios, utilidad o producción compartidas, y
licencias para producir gas natural o petróleo
serán públicos.

En segundo lugar, los propios contratos, como instrumentos
jurídicos, contarán con cláusulas de transparencia para que los pueda consultar
cualquier interesado.

En tercer lugar, las empresas exploradoras y extractoras de
gas natural o petróleo deberán hacer públicos los costos en los que incurran y
los pagos que reciban en consecuencia.

En cuarto lugar, también serán públicos, transparentes y
auditables los recursos que reciba el Estado por el gas natural o el petróleo
que se extraiga consecuente con los nuevos contratos que establece la reforma,
así como la forma en que dichos recursos serán utilizados.

En quinto lugar, los órganos reguladores estarán sujetos a
estrictas normas de transparencia y rendición de cuentas. Entre estas destacan
las siguientes: se obliga a que cuenten con un código de ética; los
comisionados estarán impedidos para conocer asuntos en que tengan conflictos de
interés y podrán ser removidos por ese causal; sus sesiones, acuerdos y
resoluciones se harán públicas, y se establecen reglas para llevar a cabo
audiencias con los sujetos regulados, como el que para cualquier reunión con
las empresas se requerirá la presencia mínima de dos comisionados y en todos
los casos se levantará una minuta con los puntos tratados que será pública.

En sexto lugar, Pemex y CFE deberán de revelar información
en los mismos términos que las empresas que cotizan en bolsa bajo los más
estrictos estándares internacionales.

Finalmente, la reforma energética establece un arreglo
institucional de pesos y contrapesos entre cuatro instancias del Estado que
asegura la transparencia y la rendición de cuentas en el diseño, administración
y licitación de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos e
impiden que su asignación sea la decisión discrecional de una sola autoridad.

En este sentido, corresponderá a la Secretaría de Energía el
diseño de los contratos; a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la
definición de los términos fiscales; a la Comisión Nacional de Hidrocarburos la
licitación y su administración técnica y, finalmente, al Fondo Mexicano del
Petróleo para la estabilización y desarrollo, la recepción y administración de
los ingresos y pagos que se deriven de los contratos.

Cabe enfatizar que la Comisión Nacional de Hidrocarburos
está conformada por profesionales especializados en el sector, y que se propone
sean aprobados por dos terceras partes del Senado de la República. En el caso
del órgano de gobierno del Fondo Mexicano del Petróleo, los dos miembros del
Gobierno Federal, los Secretarios de Hacienda y de Energía, están en minoría.
Los otros miembros son el Gobernador del Banco de México, el cual es una
institución autónoma, y cuatro miembros independientes que también tienen que
ser aprobados por el Senado.

5- Sobre las medidas para evitar que financiamientos
ilícitos y presiones de grandes intereses afecten el proceso democrático de
nuestro país

Para evitar la captura regulatoria de intereses políticos se
seguirán las siguientes tres estrategias:

Se separan las decisiones técnicas del proceso
político-electoral.

1) Quienes asignan los contratos y regulan al sector
son órganos especializados que contarán con personalidad jurídica
propia, autonomía técnica y de gestión, y autosuficiencia presupuestal. Esto
aplicará tanto para la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la
Comisión Reguladora de Energía (CRE).

2) Ningún proceso se estará llevando a cabo en una sola
instancia, asegurando esquemas institucionales de pesos y contrapesos. Por
ejemplo, en el caso de la administración de los contratos estarán involucrados
la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo, la Secretaría de Energía y la Secretaría
de Hacienda. Asimismo, no se asignará ningún contrato de forma
directa sino que se hará a través de licitaciones abiertas y transparentes, con
base en criterios objetivos y en las que competirán las empresas interesadas.
Quien gane una licitación será quien ofrezca el mayor beneficio al Estado
mexicano por sus actividades.

3) Se promueve total transparencia y rendición de cuentas.
Nuestro mejor activo como sociedad es una democracia en la que se involucra una
ciudadanía exigente e informada. En ese contexto, el mejor mecanismo para
garantizar que la ciudadanía le exija a las autoridades actuar en beneficio de
toda la sociedad es que disponga de toda la información relevante y que se
mantenga la plena libertad de expresión y de participación política que
hoy existe en nuestro país.

6- Sobre las herramientas regulatorias para evitar
prácticas de depredación

La industria de hidrocarburos operará con un marco de
responsabilidades que garantice que sus decisiones serán tomadas con total
transparencia e independencia de los regulados y sujeta a fuertes obligaciones
de rendición de cuentas.

Para evitar la depredación en la explotación de los
recursos, se establece que la toma de decisiones recaiga en tres instituciones
con atribuciones claramente definidas: la Secretaría de Energía, la Comisión
Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Agencia de Seguridad Industrial y
Protección al Medio Ambiente.

La Secretaría de Energía seleccionará las áreas a
desarrollarse mientras que la CNH será la responsable de garantizar que la
extracción de los hidrocarburos se realice de manera sustentable en el tiempo,
con bases técnicamente sólidas que permitan maximizar la recuperación total de
los hidrocarburos a lo largo de la vida productiva de los yacimientos. Entre
otras obligaciones que la CNH deberá de establecer en los contratos, destacan
las siguientes:

• Los
  contratistas deberán de ejecutar planes mínimos de trabajo;
• Deberán
  obtener la aprobación de la CNH a los planes de desarrollo y el diseño de
  los pozos. Para su aprobación, la CNH velará por que se maximice la
  recuperación de los hidrocarburos de los yacimientos;
• La
  devolución de áreas contractuales en caso de inactividad por parte del
  Contratista;
• Cumplir
  con un programa de auditorías técnicas y contables conducidas por el
  Estado, ya sea directamente o a través de terceros;
• Contar
  con sistemas de medición aprobados y auditados por la CNH;
• Fondear
  con anticipación las actividades necesarias para el correcto abandono de
  las áreas contractuales, evitando contingencias a los recursos naturales y
  a la seguridad de las personas; y
• Obligaciones
  de remediación en caso de afectaciones al medio ambiente.

La CNH y la Secretaría de Energía llevarán a cabo un
seguimiento continuo del cumplimiento con estas obligaciones. Por su parte, la
Agencia regulará y supervisará la adecuada explotación de los yacimientos
asegurando que se realice de una manera industrialmente segura y respetuosa del
medio ambiente. En caso de incumplimiento, las autoridades podrán rescindir los
contratos además de establecer las penalizaciones y los actos remediales que
sean necesarios.

7- Sobre la productividad laboral en el sector energético
y el Sindicato de Trabajadores Petroleros

En primer lugar, la Reforma Energética representa una gran oportunidad
para todas las mexicanas y mexicanos que decidan ingresar a la industria
petrolera. Se abrirán nuevas oportunidades laborales bien remuneradas, que
representen retos profesionales interesantes, permitiendo mayor satisfacción
personal. Para ello es esencial que se respeten todos los derechos laborales,
incluyendo los de los trabajadores de Pemex, quienes durante décadas han
demostrado su capacidad y su entrega en beneficio de México, tanto asegurando
que el país cuente con energéticos como por la importante contribución de su
labor para las finanzas públicas.

La Reforma parte de la premisa de que no es
función del Sindicato tomar decisiones gerenciales.

Desde la reforma constitucional se estableció que el sindicato ya no
participará en el Consejo de Pemex.

Asimismo, debe de haber total transparencia por parte del
Sindicato con respecto de los recursos que recibe provenientes de entidades
públicas. Al respecto, hay que recordar que la Reforma constitucional en materia
de Transparencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de
febrero de 2014 establece, en su artículo 6o, que toda la información en
posesión de cualquier persona física, moral o sindicato es pública. Por tanto,
el sindicato petrolero está obligado a poner a disposición de cualquier
ciudadano interesado la información que posea sobre el manejo de los recursos
asignados y ejercidos por éste, a fin de garantizar el principio de máxima
publicidad.

Los trabajadores y administradores mexicanos han mostrado
tener un potencial equivalente o superior al de los de cualquier país del
mundo. Hoy en día, la productividad laboral en sectores abiertos a la
competencia y a todo tipo de inversión, como el automotriz o el aeroespacial,
es la mayor del mundo. No hay nada que implique que los trabajadores
mexicanos no puedan hacer lo mismo en la industria petrolera.

Este es un proceso que ya se ha observado en países con
niveles de desarrollo económico y una cultura similar a la de México. Tanto en
Colombia como en Brasil, la apertura en el sector energético ha llevado a
incrementos importantes en la producción, incluso después de etapas de
declinación como la que hoy en día se observa en México. Más aún, parte de los
incrementos en productividad se han observado en las empresas petroleras
estatales.

La evidencia es contundente. En otros sectores en México, se
han alcanzado niveles de productividad comparables con los más altos del mundo,
y la experiencia en otros países de la región muestra que se puede lograr lo
mismo en el sector de energía de nuestro país.

8- Sobre los ingresos petroleros y la contribución de
Pemex para fondear el presupuesto

En primer lugar, es necesario enfatizar que la situación
actual del sector petrolero representa un reto significativo para las finanzas
públicas del país. Aun cuando la inversión de Pemex se ha triplicado en los
últimos 13 años pasando de 9 mil millones de dólares en 2001 a 28 mil millones
de dólares en 2014, la producción de crudo ha disminuido en alrededor de una tercera
parte de 2004 a 2014.

En otras palabras, el país lleva diez años pasando por una
transición en el sector petrolero que nos está llevando de una época de
yacimientos grandes de bajos costos a una época de yacimientos más moderados
con mayor complejidad geológica, mayores costos y mayores riesgos. Este es un
proceso al que se enfrentan todos los países productores, y ya ha tenido un
impacto sobre las finanzas públicas del país tanto por menores ingresos de
petróleo como por mayor gasto para su extracción. El tema no es que la reforma
vaya a llevar a un deterioro en las finanzas públicas, el reto es cómo logramos
que la reforma nos permita dar vuelta al deterioro que ya se observó.

La reforma justamente nos permitirá revertir esta situación.
El uso de contratos permitirá que aumente aún más la inversión en el sector, al
mismo tiempo que el costo y el riesgo del desarrollo de nuevos proyectos se
compartirá entre un mayor número de participantes. Así, la reforma nos
permitirá dar vuelta a la caída en la plataforma de producción de petróleo que
se observa desde 2004 al mismo tiempo que el Estado mexicano ya no es el único
que incurre en todos los riesgos y costos asociados a esa mayor producción. Se
espera que con la reforma, la producción pueda aumentar de alrededor de 2.5
millones de barriles diarios en la actualidad a 3 millones de barriles diarios
para el 2018.

En todo momento, la renta petrolera seguirá aportándose al
Estado mexicano. Para asegurar lo anterior, los contratos se asignarán sólo a
quien ofrezca el mayor pago al Estado mexicano. La renta
petrolera asociada a la producción adicional seguirá siendo de los mexicanos,
fortaleciendo las finanzas públicas.

En el caso específico de Pemex, la reforma propone un
régimen fiscal similar al de las empresas estatales en el resto del mundo.
Seguirá realizando pagos directos al fisco, pero serán más moderados que
anteriormente.

La reforma permitirá mayores niveles de caja en Pemex y nos permitirá
hacer una reflexión más profunda sobre el uso de sus utilidades.

En cuanto a si
tiene sentido que esas utilidades se reinviertan en la empresa o se paguen al
fisco en forma de un dividendo. Hoy en día no tenemos esa discusión, ya que el
régimen fiscal de Pemex implica que todas las utilidades se transfieren a la
Secretaría de Hacienda independientemente de si Pemex tiene buenas
oportunidades de reinversión de esas utilidades.

9- Sobre cómo garantizar un buen uso de los recursos
petroleros, y que no se canalicen a aumentar la burocracia

En el Transitorio Décimo Cuarto del Decreto de la reforma
constitucional se establece la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo, que será un fideicomiso del Banco de México
integrado por cuatro consejeros independientes, ratificados por el Senado, y
además el gobernador del Banco de México y los titulares de Hacienda y Energía.

El Fondo será el encargado de recibir todos los ingresos,
con excepción de los impuestos, que correspondan al Estado Mexicano derivados
de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del
artículo 27 de la Constitución¹. Los ingresos se administrarán y
distribuirán conforme a la siguiente prelación y conforme se establezca en la
ley para:

1. Realizar los pagos establecidos en dichas asignaciones y
contratos.

2. Realizar las transferencias a los Fondos de
Estabilización de los Ingresos Petroleros y de Estabilización de los Ingresos
de las Entidades Federativas.

Una vez que el Fondo de Estabilización, o su equivalente, haya alcanzado su límite máximo, los
recursos asignados a éste se destinarán al ahorro de largo plazo.

3. Realizar las transferencias al Fondo de Extracción de
Hidrocarburos; a los fondos de investigación en materia de hidrocarburos y
sustentabilidad energética, y en materia de fiscalización petrolera.

4. Transferir a la Tesorería de la Federación los recursos
necesarios para que los ingresos petroleros del Gobierno Federal que se destinan
a cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, se mantengan
en el cuatro punto siete por ciento del Producto Interno Bruto, que corresponde
a la razón equivalente a la observada para los ingresos petroleros del año
2013.

5. Destinar recursos al ahorro de largo plazo, incluyendo
inversión en activos financieros. Únicamente cuando el saldo de las inversiones
en ahorro público de largo plazo, sea igual o mayor al tres por ciento del
Producto Interno Bruto del año previo al que se trate, el Comité Técnico del
Fondo podrá destinar recursos del saldo acumulado del Fondo para lo siguiente:

a) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del
incremento observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, al
Fondo para el sistema de pensión universal conforme a lo que señale su ley;

b) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del
incremento observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo,
para financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación, y en
energías renovables;

c) Hasta por un monto equivalente a treinta por ciento del
incremento observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, en
fondear un vehículo de inversión especializado en proyectos petroleros,
sectorizado en la Secretaría del ramo en materia de Energía y, en su caso, en
inversiones en infraestructura para el desarrollo nacional, y

d) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del
incremento observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo; en
becas para la formación de capital humano en universidades y posgrados; en
proyectos de mejora a la conectividad; así como para el desarrollo regional de
la industria. Con excepción del programa de becas, no podrán emplearse recursos
para gasto corriente.

Una vez que el saldo acumulado del ahorro público de largo
plazo sea equivalente o superior al diez por ciento del Producto Interno Bruto
del año previo al que se trate, los rendimientos financieros reales anuales
asociados a los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización
y el Desarrollo destinados a ahorro de largo plazo serán transferidos a la
Tesorería de la Federación.

En conclusión, queda claro que la Reforma Energética a
través de estas disposiciones, cancela absolutamente la posibilidad de que las
utilidades llegaran a canalizarse a la expansión de la burocracia.

10- Sobre cómo evitar crisis como la de 1982 o la
creación de monopolios en el sector, asegurando que la reforma se lleve a cabo
con eficacia, sentido social y transparencia

La Reforma Energética busca justamente evitar el que se
repita una crisis como la de 1982. Al respecto, hay que recordar cuales fueron
las causas de esa crisis. En ese momento, se siguió un modelo de desarrollo del
sector petrolero que, si bien permitió desarrollar una cantidad importante de
infraestructura en el país, estuvo basado en un proceso de endeudamiento
público que derivó en la crisis de la deuda de los ochenta. Esa crisis hizo que
se perdiera una década completa para el desarrollo del país.

No podemos recurrir a un endeudamiento público excesivo para
pretender desarrollar el país o el sector energético. Quienes argumentan que
Pemex debe desarrollar el sector por si sólo están justamente optando por el
mismo modelo insostenible que llevó a la crisis de 1982.

Es por ello que la Reforma Energética propone dar la vuelta
a la caída en la producción de petróleo e impulsar el desarrollo del sector,
pero sin incurrir en un mayor endeudamiento público. En consecuencia, deben
emplearse otros instrumentos, incluyendo el que haya una mayor participación de
inversión privada que disminuya, para el Estado mexicano, los costos y riesgos
de la exploración y producción de crudo.

Una segunda característica del modelo que se adoptó en ese
momento es que era plenamente estatista y monolítico, sin ningún tipo de
control ciudadano. Ese es un modelo que no es aceptable ni política ni
éticamente en una sociedad democrática. Todo lo contrario, se debe de avanzar
para establecer un sistema abierto con fuerte competencia, total transparencia
y plena rendición de cuentas.

La reforma energética no está privatizando ninguna empresa
ni bien público. Por el contrario, Pemex y CFE se fortalecerán y se
transformarán en empresas productivas propiedad 100% del Estado, con incentivos
para asociarse o competir con empresas particulares, bajo la estricta
regulación de los órganos del Estado.

Pemex y CFE tendrán autonomía presupuestaria, de gestión y técnica; gozarán de
un nuevo régimen fiscal

Sin embargo, con un espíritu de apertura y para fomentar las
mejores condiciones para los hogares y las empresas mexicanos, sí se plantea
que ambas empresas deberán de competir. Asimismo, la recientemente fortalecida
Comisión Federal de Competencia Económica asegurará que en ningún caso se
genere concentración de poder de mercado. Para ello, la Comisión vetará de las
licitaciones que se lleven a cabo en el sector energético a cualquier
participante que detente o pudiera llegar a detentar poder monopólico.

Los mexicanos estamos ante una disyuntiva: o abrimos el
sector energético a la participación y escrutinio de la sociedad con objeto de
que se fortalezca en beneficio de todos, o nos condenamos a una inmovilidad
monolítica, a un modelo burocrático y al endeudamiento como única vía para
financiar al sector. La decisión del Constituyente Permanente fue optar por
el cambio, basado en los principios de competencia, apertura, transparencia y
responsabilidad fiscal.

Alto Nivel Equipo de jóvenes periodistas cuyo objetivo es explicar las noticias más relevantes de negocios, economía y finanzas. Nos apasiona contar historias y creemos en el periodismo ciudadano y de servicio.