PwC defiende su cabildeo, niega acusaciones
La empresa de consultoría internacional asegura que su trabajo de cabildeo consiste en orientar a sus clientes sobre las implicaciones de las reformas.
Ante la recientes. denuncias de los diputados federales sobre
presiones por cabildeos de parte de las empresas con intereses en dar
marcha a tras a algunos artículos de la iniciativa de Reforma Hacendaria del
Ejecutivo Federal, la firma PwC negó que
tenga malas prácticas de cabildeo quer busquen persuadir a los legisladores para votar a favor o encontra de algunos artículos de la iniciativa de ley, por el contrario dijo que ofrecen un trabajo de análisis y evaluación.
El pasado 14 de octubre, el diario .El Universal publicó un reportaje sobre pagos millonarios
que la firma de consultoría internacional PricewaterhouseCoopers (PwC) pedía por sus servicios de cabildeo en el Congreso de la Unión para modificar los artículos sobre la
iniciativa de Ley del Impuesto sobre la
Renta (ISR) y la propuesta de aplicar un impuesto de 10% a las ganancias
de las personas físicas en la
BMV, contenidas en la iniciativa de reforma hacendaria propuesta por el
presidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la información publicada, la firma de
auditores cobraba un millón de dólares
más IVA si lograba cambiar el artículo 29 de la Iniciativa de Ley del ISR
y, el mismo precio, si cambiaba el impuesto a las ganancias de personas
físicas en la Bolsa, de acuerdo con el diario que asegura tener en su poder el
documento “Lobbying and Institutional Relations, September 2013”.
En entrevista con MVS Radio, el socio líder
de Clientes y Mercados de PwC, José Antonio Quesada, aseguró que si bien el documento citado por el diario
nacional existe, se trataba de un borrador para discusión que nunca se llevó a
cabo. Además aclaró que los servicios de la firma están definidos en pesos y no en dólares, y sus servicios consisten en entregar realizar evaluaciones y dar soporte sobre las implicaciones que
tendría una ley.
“Realizamos un estudio de las implicaciones económicas para
las empresas y para el país, hacemos comparaciones de prácticas mundiales y qué
ha implicado la aplicación de una ley en otros países”.
Ante la pregunta expresa sobre si ¿PwC gestionan o no
encuentros con legisladores con el propósito de incidir? el socio líder de PwC
aseguró que no, “lo que hacemos es orientar al cliente”.
Además señaló que como firma consultora que ofrece servicios
de cabildeo están muy interesados en que se transparenten las prácticas de
estos servicios aceptados por la ley, ya que existen otro cabilderos que
podrían estar realizando malas prácticas y cuyos tabuladores podrían estar por
arriba de lo que cobran los inscritos a la Asociación Nacional de Profesionales
del Cabildeo (Procab).
Señaló que la firma tiene su propio código de ética y está adherida
a los protocolos de la Procab.
Procab apoya la
transparencia
El pasado martes 15 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó reformas al
reglamento interno para prohibir que los
servidores públicos hagan cabildeo durante el ejercicio de sus funciones, y se
sancione a quienes acepten dádivas que pretendan influir las decisiones de esa
instancia.
El dictamen aprobado especifica que serán sancionados en términos de las
leyes de responsabilidades o de la legislación penal los legisladores o el
personal de apoyo que acepten dádivas o pagos en efectivo o en especie de los
cabilderos para influir en las decisiones de la Cámara de Diputados.
Ante dichas modificaciones, la Asociación Nacional de Profesionales del
Cabildeo (Procab) aseguró que estas leyes deben estar dirigidas a promover la
transparencia en esta actividad.
En un comunicado, expuso que el cabildeo es una actividad legítima mediante
la cual los ciudadanos participan en los procesos políticos que afectan la
esfera de sus derechos.
Por ello, en su opinión, las limitaciones al registro de los cabilderos
lejos de fortalecer un sistema democrático transparente, promueven el ejercicio
de la actividad fuera de las cámaras y del escrutinio público.
La Procab asegura que el cabildeo profesional, practicado bajo estos
principios, ayuda a los legisladores a tomar mejores decisiones con base en información,
es decir, “informamos para incidir; sin embargo, la decisión siempre es de
los legisladores”.
Por ello, condenó cualquier práctica ilegal para influir en las decisiones
del Congreso y subrayó que en la tarea de otorgar información para incidir en
las decisiones públicas participa un amplio abanico de actores interesados.
Para saber más:
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