¿A quién le importa hacer una propuesta seria contra la inseguridad?
Abatir la inseguridad se ha convertido en una típica promesa electoral, pero ¿alguien la ha cumplido? Hoy, México se encuentra ante una crisis grave de violencia.
México atraviesa momentos complicados y, de entre la enorme problemática que aqueja a la sociedad mexicana, destacan la caída del poder adquisitivo y la reinante inseguridad, que enciende cada vez más focos rojos en el país. Sin embargo, también resulta preocupante que un tema tan delicado como la seguridad pública sea utilizado como estrategia política o para sesgar la opinión pública.
De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el 31 de mayo se registraron 9,916 homicidios dolosos, superando las cifras de 2011, el cual era considerado el peor año para la seguridad en el país. No obstante, en los últimos cuatro años se han entregado a los 32 estados aproximadamente 9,000 millones de pesos para enfrentar la inseguridad.
Otra alarmante señal es que los actos delictivos han llegado a espacios que otrora parecían seguros, desde los cada vez más frecuentes robos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (SCT), hasta a bordo de vehículos de Uber, servicio que ha ganado preferencia gracias a sus unidades en buen estado y, sobre todo, por ofrecer un servicio ejecutivo con cierto nivel de tranquilidad a sus clientes, quienes dan por hecho que los conductores han sido meticulosamente seleccionados.
Sin embargo, parece ser que la empresa ha tenido graves fallos en el proceso de certificación de sus conductores, que derivaron en una condena de 19 años para uno de sus elementos, quien en mayo de 2106 robó y atacó sexualmente a una pasajera.
Por otro lado, el pasado 19 de junio, The New York Times dio a conocer un reporte donde se indica que el gobierno mexicano habría utilizado el software “Pegasus” para espiar a activistas y periodistas; sin embargo, han salido a la luz una serie de inconsistencias que hacen pensar en que podría tratarse de una jugada política.
Actualmente existen herramientas para hackear teléfonos celulares, que pueden ser obtenidas sin mayor dificultad en el mercado negro de software pirata, y un programador con dominio de las técnicas de ingeniería social podría obtener resultados igual de comprometedores para la privacidad de cualquier persona.
Otro ejemplo es el momento complicado que vive la Ciudad de México en materia de procuración de justicia, pues en sus más de 3,500 agencias del Ministerio Público toma más de 12 horas interponer una denuncia, el personal es insuficiente y, como puntilla, Rodolfo Río Garza renunció al cargo como procurador capitalino, argumentando falta de recursos y de apoyo de la jefatura de gobierno; aunque fuentes internas en la Procuraduría mencionan que las razones fueron la falta de resultados, errores mediáticos (como los tuits de la PGJ en el caso de Lesvy Osorio) y las constantes recomendaciones de la CNDHDF.
Justamente en este contexto parece que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, podría tomar como promesas electoreras para 2018 acabar con la inseguridad y aumentar el salario mínimo, aunque el mismo secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ofreció razones de sobra a los miembros de la Coparmex para que no tomen ningún tipo de decisión en este momento respecto a los salarios, con el fin de no poner en riesgo la estabilidad económica.
Dinero gastado sin estrategia y controles ineficaces son la constante del panorama de la seguridad pública, la cual podría convertirse solo en una promesa de campaña más.
