Tenencia de la tierra para el desarrollo

El aumento del precio de alimentos y combustibles incentiva la compra de tierras en gran escala en todo el mundo. Por ello, la protección de los derechos de propiedad nacionales se torna más importante que nunca –tanto por parte de los gobiernos como de la comunidad internacional–, según un nuevo estudio del Banco Mundial.

La existencia de derechos fuertes y claros sobre la tierra permite a sus propietarios negociar directamente con los inversores, obteniendo precios más altos. Además, garantiza que las inversiones beneficien al público y a la economía local, señala el documento.

Los inversores deben respetar los derechos de propiedad para que sus proyectos sean legítimos y económicamente viables. Además, los inversionistas en países como México y Argentina han encontrado más productivo trabajar con minifundistas, especialmente porque hay menos tierra con potencial de crecimiento sin cultivar que lo sugerido por las cifras oficiales, de acuerdo al informe.

“En todas las regiones se comprobó sistemáticamente que los derechos bien definidos ayudaban en muchos casos a mejorar la eficiencia y la equidad”, dice Klaus Deininger, quien realizó la investigación con datos de primera mano de 14 países. Deininger se basó en las naciones con la mayor cantidad de tierra disponible y donde los inversores han mostrado más interés. El informe se ocupa también de grandes compras de terreno en otros países. “La protección de los derechos es condición necesaria para el mejor uso de los activos productivos”, sostiene la publicación.

El estudio se efectuó debido a que algunos países solicitaron ayuda al Banco para abordar las adquisiciones en gran escala, ya que la falta de datos sobre el tema ha provocado confusión y especulación. Los funcionarios de la institución dicen que si estas compras continúan, como ya está sucediendo, los gobiernos deberían proteger los intereses de sectores locales, tales como minifundistas y propietarios secundarios de tierras que dependen de ellas para subsistir. Esto se debe a que algunas medidas adoptadas como la mejora de la productividad de los minifundistas –combinadas con inversión en tecnología, infraestructura y nuevos mercados-, serán fundamentales para la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza rural, especialmente en África.

Deininger, economista principal del Grupo de investigaciones sobre el desarrollo, ha estado reuniendo datos durante 18 meses de personas que se ocupan de diversos aspectos en el negocio de las tierras. Además, recabó información de bases de datos de África, América Latina, Europa y Asia e investigó las transacciones publicadas en la prensa.

Lo que surgió es un panorama mixto. Algunos países trabajaron con los minifundistas y usaron la licitación pública para promover acuerdos de inversión que beneficiaran a los productores locales. En la costa del Pacífico de Perú, el Gobierno subastó terrenos públicos con rendimientos relativamente bajos a través de un proceso transparente, por el cual los inversores debían pagar un depósito alto y precisar la cantidad de puestos de trabajo que crearían.

También debían explicar cómo protegerían los intereses de los actuales propietarios. En México, el registro de derechos sobre la tierra ayudó a las comunidades a negociar con los inversionistas y a mejorar el buen gobierno y la rendición de cuentas en las zonas rurales. En Argentina y Brasil, algunos grandes productores suelen arrendar tierras por concurso. Pagan el arrendamiento a los propietarios pero perciben lo suficiente para obtener ganancias mediante un mayor rendimiento de las cosechas.

Por el contrario, en algunos países, los tratos con inversores extranjeros han carecido de transparencia. En muchos países de África y en otros lugares donde no se registran ni se respetan los derechos de propiedad de la tierra, los detalles de las inversiones reciben un tratamiento confidencial y no se conserva la información, dice Deininger. O bien, se almacena en bases de datos incompatibles. Los grupos vulnerables y los propietarios secundarios de tierras resultan excluidos a menudo de las negociaciones.

Eso hace que sea difícil para los actuales propietarios de las tierras negociar buenas condiciones o garantizar que los inversionistas cumplan con sus promesas. También tiende a desalentar a los inversores responsables. De hecho, en África, algunos parecen más interesados en especular sobre el aumento de precios de la tierra que en cultivarla, y no ponen a trabajar los terrenos que compran. En Sudán, por ejemplo, donde muchos agricultores locales hicieron reclamos por la pérdida de derechos sobre la tierra, la mayor parte de los suelos cedidos no ha sido cultivada.

Algunos países africanos están intentando revertir anteriores compras de terreno. Mozambique, por ejemplo, busca recuperar algunos vendidos a inversores, ya que el Gobierno teme que la mitad de los mismos quede sin cultivar.

El informe ofrece recomendaciones específicas sobre cómo impulsar la administración de tierras. Por ejemplo, en países con gran territorio pero poca cosecha, los gobiernos y los agricultores pueden beneficiarse de inversiones privadas que estimulen la productividad de los actuales minifundistas. El estudio también presenta datos a nivel de los países sobre la disponibilidad de terrenos y su rendimiento, que pueden usarse para simular el impacto de diferentes inversiones –tales como nueva tecnología e infraestructura. La manera de cultivar la tierra tendrá efectos no sólo en la pobreza y la productividad en el corto plazo sino en la evolución de los derechos de propiedad nacionales en el largo plazo.

Se aconseja asimismo que los gobiernos tracen el mapa de la tierra disponible e identifiquen qué tipo de inversión –como por ejemplo, caña de azúcar, biocombustibles o cultivos especializados– impulsará las exportaciones o se ajustará a su estrategia nacional de desarrollo económico. Luego, deberán construir caminos y demás infraestructura que respalde la estrategia, además de buscar ofertas de inversores responsables que aporten tecnología agrícola y más beneficios económicos para los productores locales.

Se debe calcular las posibilidades del país y su ventaja competitiva, luego los inversionistas pueden ayudar en el logro de los objetivos”, dice Deininger.

“Ellos conocen la tecnología y otras cuestiones pero a menudo puede conseguirse una mejor oferta. Las inversiones serán sostenibles sólo si todos se benefician”.

El informe se basa en el compromiso del Grupo del Banco Mundial de apoyar los esfuerzos de los países clientes para mejorar la producción agrícola, luchar contra el hambre, impulsar los ingresos de los pobres y fomentar los servicios económicos y ambientales.

La institución ha trabajado con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), entre otros. También ha utilizado los primeros descubrimientos de la investigación para desarrollar siete principios voluntarios para la inversión agrícola responsable que respete los derechos, los medios de subsistencia y los recursos y realiza acciones –junto con otras partes interesadas- para llevar a la práctica dichos principios.

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