Pesca pierde 50,000 mdd al año
En México, no se cumple con la vigilancia o fiscalización, supervisión y control en materia de captura, comercialización y consumo de productos pesqueros.
El 27 y 28 de enero de 2016 se llevó a cabo en el Senado de la República, a instancias de la Comisión de Pesca del Senado mismo, el foro Fortalecimiento de la participación social en la Política Pública Pesquera, que congregó a la mayoría de los agentes involucrados en el sector.
Un aspecto que queda claro desde el inicio es que no se cumple con la vigilancia o fiscalización, supervisión y control en materia de captura, comercialización y consumo de productos pesqueros. Lo que tenemos, es más bien un Estado rebasado en términos legales, manejo y explotación de los recursos. Quizá al caso se explica porque el sector de la pesca carece de relevancia al más alto nivel de gobierno: se desapareció a la Secretaría de Pesca (Sepesca) y se le relegó a la categoría de Comisión (con “peso” de Subsecretaria) en una Secretaría de carácter secundario, como es la Sagarpa.
Lo cierto es que hoy asistimos a una evidente tendencia a la contracción del sector en materia de especies y capacidad de captura eficiente, con una regulación dispersa y aplicada a cuentagotas. A este efecto, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable (LGPAS) no fomenta ni promociona al sector como tal.
A la luz de ésta se han creado espacios de participación, como el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), que lidera Mario Aguilar Sánchez, el Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura (CEPA), la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura (RNIIPA) y el Comité Asesor Técnico y Científico (CATC), cada cual actuando por su lado y respondiendo a intereses diversos.
El desorden e ineficiencia implican, según la Organización Internacional para la Agricultura y la Alimentación (FAO), una pérdida anual de 50,000 millones de dólares (mdd) en el rubro. En México, tenemos aproximadamente 300,000 pescadores, en su mayoría desvinculados de los órganos de representación, control y supervisión.
La infraestructura portuaria es pésima, con graves problemas de administración y gestión, instalaciones de tercera (algunos muelles y amarraderos asemejan las trancas para atar los caballos en el Viejo Oeste), con poca o nula vinculación con el resto de los actores involucrados y país con el país mismo.
La flota pesquera se integra esencialmente por lanchas con motor fuera de borda, sin más restricciones que las que se imponen los usos, costumbres y herencias familiares de quienes se dedican a esta actividad. Es una pesca depredadora, realizada en condiciones de inseguridad, con equipos obsoletos y con grandes fallas técnicas, en medio de una carencia de sistemas de respuesta rápida ante situaciones de emergencia. Tampoco se ha sabido cómo integrarla a un sistema nacional productivo de pesca sustentable.
Incluso, la “élite” pesquera del país: atuneros (con Leovi Carranza -Pesca Azteca- en Mazatlán como principal magnate) y en menor medida camaroneros, sardineros y anchoveteros, adolece de sistemas de regulación en seguridad a bordo, diseño en la construcción de unidades y vinculación con el resto de sectores productivos de la cadena de valor. Sobresalen serios problemas de logística, sistema de descarga y cobertura de obligaciones en las capitanías de puerto.
Su órgano de representación, la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canaiapes) que preside Fernando Medrano Freeman, es una instancia que no pasa de la queja perenne, las prebendas y lisonjas, antes que velar por un sector pesquero fuerte, responsable y vinculado a las necesidades nutricionales de la población mexicana.
Luego tenemos al Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), que encabeza Pablo Arenas Fuentes, convertido más en una entelequia que vive en el limbo (como el órgano de investigación científica sectorial), aportando poco o nada al impulso productivo de la pesca y acuacultura del país. Desde su creación, ¿cuánto ha aumentado el consumo de los mexicanos de productos pesqueros desde su creación? ¿Dónde están los avances promovidos en su seno acerca de la producción sustentable de alimento marino y acuícolas? ¿Dónde está la promoción de una mayor ingesta de pescado?
Por si fuera poco, la coordinación entre Sagarpa, SCT, Marina y Semarnat en la materia es deficiente, exigua y hasta perniciosa. Todo ello, demanda un manejo sostenible de los recursos naturales y por ende los pesqueros; un manejo eficaz de gobierno, sector y sociedad que lamentablemente se queda en las buenas intenciones porque, difícilmente lo que se analiza, concluye y demanda en foros como el citado, se queda en documentos de archivo.
Es menester un manejo institucional, ecológico y socioeconómico de la pesca, que responda a las exigencias nutricionales de la población mexicana, hecho aún lejos de darse y México sigue siendo uno de los países con menor consumo de productos pesqueros en el orbe. La administración y gestión del sector (medios de manejo), así como usuarios en su conjunto, demanda un enfoque eco sistémico de la pesca (EEP) que todavía discute su razón de ser, cuando esto debiera ser parte inherente de una política de Estado permanente o transexenal en la materia.
En este marco, vamos a dejar la pregunta ¿Cuáles son los mecanismos u órganos de gestión, supervisión y control de la producción, comercialización, distribución y consumo de productos pesqueros y acuícolas y cuáles son los resultados de su aplicación? Daremos seguimiento al caso en próximas entregas.
