¿Más créditos a emprendedores? ¡Déjenlos trabajar!
Es cierto que se requiere que fluyan los recursos para este sector productivo, pero urge dejar de hostigarlos con trámites y pago de mordidas. Así las cosas...
Hay que aprovechar el tema de la .Semana del Emprendedor, que organiza la Secretaría de Economía por medio del Instituto Nacional del Emprendedor, para describir la mejor ayuda que el gobierno puede darle a los pequeños y medianos empresarios en México. Es un apoyo que no sería selectivo y para iniciados, como los créditos de Nafin y demás programas del gobierno federal.
Es un soporte que no beneficia sólo a los que se toman la molestia de acudir, como la propia Semana del Emprendedor, sus programas de capacitación y sus famosos expositores como Renée Mauborgne, Andy Cohen y Christopher Garnde.
Es también un beneficio que no implica un largo papeleo, colaterales, acta constitutiva, proyecciones de ingresos y declaraciones al SAT, como es el caso de la mayoría de los créditos “para PYME” que ofrecen todos los bancos comerciales y la banca de desarrollo.
Por último, se trata de un apoyo que bien pueden organizar los propios emprendedores de forma privada, sin intervención del Estado, como las reuniones de networking y las ferias de franquicias.
¿Cuál es esta fórmula maravillosa?
Muy fácil: consiste en que el gobierno deje trabajar. Uno de los principales obstáculos para establecer un negocio nuevo en México es la intromisión y a veces franca explotación por parte de autoridades gubernamentales, sobre todo en los niveles locales, pero también con la participación de gobiernos estatales y una que otra autoridad federal.
El problema del uso de suelo en la ciudad de México, por ejemplo, ha llegado a niveles ridículos, en donde quien paga lo suficiente puede poner el establecimiento comercial o empezar la construcción que quiera, pero con una clausura de por medio, porque la autoridad considera que puede exprimirle un poco más a medio camino.
El que no paga, se encuentra con que es imposible cambiar un uso de suelo u obtener una de esas míticas licencias de vinos y licores. O bien, se encuentra con criterios absurdos y totalmente inflexibles, como el asunto de los cajones de estacionamiento en la colonia Condesa.
De hacerse respetar este ordenamiento, tendrían que cerrar todos los restaurantes de esta zona de la ciudad, mismos que la autoridad local, en este caso la Delegación Cuauhtémoc, dejó florecer a lo largo de estos largos años de gobierno perredista.
En cambio, la autoridad no ha tenido la iniciativa de organizar una respuesta flexible al asunto, por ejemplo, favorecer más estacionamientos para la zona, que absorban las necesidades de cajones.
Hablemos también de los inspectores, esos individuos que van de local en local, “verificando” que cuenten con señalización en caso de sismo (con el absurdo recurso de tener que apuntar las flechas de desalojo a la única puerta de entrada y salida, en caso de locales pequeños). Sin un poco de dinero de por medio, estos personajes terminarán encontrando algo en el lugar más pulcro y estricto.
El dueño de un local comercial, como un restaurante, debe asegurarse de que ningún extintor esté fuera de lugar y, por supuesto, que no haya pasado su fecha de caducidad; debe supervisar que su personal de cocina esté debidamente vestido y equipado, que la señalización en caso de sismo e incendio esté colocada, conseguir la licencia ambiental única en el Distrito Federal, colocar en un lugar visible sus horarios, el croquis de evacuación y el aviso de no fumar, asegurarse de que no haya aglomeraciones en la entrada, contar con un botiquín y personal capacitado en primeros auxilios si reúne a más de 50 personas, realizar simulacros de evacuación trimestrales y un largo etcétera.
Ya no hablamos del restaurantero que venda bebidas o de los bares, por supuesto, porque las regulaciones se extienden hasta la obligación de contar con un alcoholímetro y un programa de disuasión de manejar para usuarios bebidos.
Los pequeños empresarios, los auténticos, no pueden sobrevivir esta implacable persecución.
No me malentiendas, gran parte de estas regulaciones tienen buena intención. El problema está en el enfoque de aplicación que llevan las autoridades locales en general. ¿Porqué en lugar de clausurar o detectar “interrupción de actividades” no se opta por conciliar? ¿Y si en lugar de un verificador que impongan sanciones (y saque dinero), se manejan consultores o asesores del gobierno que no salgan del lugar hasta que se cumplan las cosas, así, por la buena y sólo en caso de negativa total se opte por una sanción?
Urge una base real del uso de suelo de cada ciudad, de cada estado, consultable en Internet, abierta a todo el público, predio por predio. Que se incluyan abiertamente y de forma transparente los lugares en donde puede cambiarse el uso de suelo y adquirir licencias de, digamos, alimentos, vinos y licores.
Que se incluya en la base de datos, porqué no, en qué lugares, zonas o predios de ninguna manera se aprobará un cambio de uso de suelo, nunca hasta el fin de los tiempos.
Por último, hablemos de la gran participación del gobierno federal en asegurarse de que los emprendedores tengan acceso a un sistema fiscal accesible, fácil y amigable con los negocios en sus primeros años.
Hablemos de mecanismos flexibles para contratación de personal en caso de los restauranteros, que tienen una rotación que dificulta mucho las altas y bajas en el Seguro Social. Tomemos en cuenta que un negocio que empieza va necesariamente a tener altos niveles de rotación.
El efecto de no hacer todo esto es la generación de mayor inequidad y concentración del ingreso. Resulta irónico que un gobierno que se dice de izquierda, que ha gobernado la ciudad de México por ya dos décadas, esté generando con su actitud hacia los pequeños negocios que éstos se concentren en muy pocas manos, las mismas, las que pueden pagar multas gigantescas, clausuras de dos meses, mordidas en caso de construcción.
