Para EntenderPolítica y Sociedad

4 claves del fallo que mete en cintura a la publicidad gubernamental

El Congreso federal tiene hasta abril de 2018 para elaborar una reglamentación que debió aprobarse desde 2014 y que transparenta la publicidad oficial.

16-11-2017, 2:21:31 PM
Publicidad
Reuters. Publicidad oficial

Esta semana, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, al revisar un amparo, que el Congreso de la Unión debe expedir la ley que regule el gasto de la publicidad oficial, y para ello impuso un plazo que concluye el próximo 30 de abril de 2018.

Por cuatro votos a favor y uno en contra, la sala emitió un fallo inédito a propuesta del ministro Arturo Zaldívar, pues hasta ahora el juicio de amparo no era procedente contra omisiones legislativas. A continuación te explicamos por qué es histórica esta sentencia.

1. ¿Por qué la Corte analizó un caso sobre omisión legislativa?

El 10 de febrero de 2014 se publicó una reforma constitucional en materia político-electoral que modificó 31 artículos de la carta magna mexicana. El artículo tercero transitorio de ese decreto estableció que el Congreso de la Unión debía expedir “la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134” de la misma Constitución, que se refiere a los gastos de propaganda que llevan a cabo las instituciones gubernamentales.

Para ello, la misma reforma señaló que la ley debía ser aprobada en el segundo periodo de sesiones ordinarias, del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, plazo que concluyó el 30 de abril de 2014.

Desde entonces, como ha sucedido con otros cambios constitucionales, el Congreso había omitido legislar al respecto, por lo que Artículo 19, colectivo defensor de la libertad de expresión, promovió un amparo en contra de esa omisión legislativa.

El juez de distrito que conoció inicialmente el caso decidió negar el amparo, sin siquiera entrar en el estudio de fondo de la demanda, al considerar que se trataba de un tema estrictamente electoral, además de que –según ese juzgador- la petición de Artículo 19 contradecía el principio de relatividad del amparo.

Este principio establece que las sentencias de cualquier juicio de amparo solo deben beneficiar a los promoventes del mismo, es decir, este juicio no tiene efectos generales, sino solo particulares para aquellos que presentaron la demanda.

De acuerdo con el juez de distrito, si con el amparo se ordenaba legislar, el beneficio resultante sería para todos los ciudadanos y no solo para los promoventes del amparo. Inconforme con lo resuelto, Artículo 19 combatió esa sentencia solicitando su revisión, la cual fue atraída por la Primera Sala de la SCJN.

2. ¿Qué es lo que resolvió la Corte?

A propuesta del ministro Arturo Zaldívar, la Primera Sala de la Corte revocó la sentencia del juez de distrito, y otorgó el amparo a Artículo 19 “en contra de la omisión del Congreso de la Unión de expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución”.

La sentencia detalla que la omisión legislativa “da lugar a un estado de cosas inconstitucional, que vulnera la libertad de expresión en su dimensión colectiva, y también se traduce en una clara afectación a la dimensión individual de la libertad de expresión”.

Al no estar reglamentado el gasto que realiza el gobierno en materia de comunicación social, los recursos del erario público suelen ser utilizados negativa y positivamente para presionar a los medios de comunicación, pues la publicidad oficial es un importante ingreso económico para estos.

En específico, la falta de una ley reglamentaria del artículo 134 constitucional “viola la libertad de expresión, de prensa y de información”, pues esto propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, “con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión”, apunta la sentencia.

El fallo aprobado se fundamentó en la obligación que tienen todas las autoridades de respetar la Constitución, lo que incluye a los artículos transitorios de sus reformas, sobre todo cuando estos mandatan acciones específicas de parte de los legisladores.

3. ¿Por qué es importante esta sentencia?

Hasta ahora, los ciudadanos en México no contábamos con ningún recurso jurídico para combatir la reiterada omisión legislativa, pues este tema solo había sido abordado por la Suprema Corte a través de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad, dos figuras a las que pueden acceder órganos del Estado, y no los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 105 de nuestra constitución.

De hecho, en otras ocasiones ya se habían promovido diversos amparos en contra de omisiones legislativas, pero estos resultaban improcedentes de acuerdo con el criterio de interpretación sostenido por la Corte antes de esta sentencia. En contraste, lo resuelto esta semana por la Primera Sala cambia drásticamente esta postura.

“Cuando existe un mandato constitucional, el Poder Legislativo no es libre para decidir no legislar, sino que puede ser obligado a ello por los tribunales de amparo, pues éstos tienen facultades para analizar la constitucionalidad tanto de las leyes como de las omisiones, y ordenar la restitución de los derechos de los quejosos cuando estos son violados”, explicó la Corte.

Para llegar a esta conclusión, además de fundamentar su criterio en la misma Constitución mexicana, el ministro Zaldívar consideró varios precedentes internacionales, entre ellos una sentencia de la Corte Suprema de Argentina, y un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

4. ¿Qué pasa si el Congreso incumple con lo que le ordenó la Corte?

El incumplimiento de las sentencias de amparo se sanciona con la separación del cargo de la autoridad responsable que debe acatar el fallo, de acuerdo con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo.

En este caso, como se trata de una sentencia inédita que deberá cumplir el Congreso, no existe ningún precedente que especifique las posibles sanciones a las que el Poder Legislativo se haría acreedor, en caso de que incumpla con lo ordenado por la Primera Sala. De hecho, el ministro Arturo Zaldívar no quiso adelantar ninguna determinación al respecto.

Si seguimos de manera estricta lo establecido en la Ley de Amparo, debido a que las autoridades responsables a las que está dirigida la sentencia son las Cámaras de Diputados y de Senadores, de presentarse un escenario de incumplimiento la Corte tendría que destituir a todo el Congreso federal, algo que es muy poco probable que ocurra.

Transparencia, el reto de la publicidad gubernamental

Relacionadas

Comentarios

También podría interesarte: