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Por qué los políticos convirtieron a México en un Estado fallido

Un país incapaz de imponer su fuerza, sitiado por numerosos grupos de poder (desde cárteles del narco hasta sindicatos), es por definición un Estado fallido.

06-04-2017, 6:35:45 AM
Foto arte.

Gobernadores que roban con un descaro pocas veces visto, para luego desaparecer sin dejar rastro. El Fiscal General de Nayarit es arrestado en San Diego, acusado de nexos con el narcotráfico. Muchas carreteras del país son vías abiertas, pero para el crimen.

Los estallidos en ductos de Pemex por la extracción de gasolina recuerdan a Nigeria. La estadística negra de homicidios trepa de nuevo, inexorable. Fosas con cadáveres, en ocasiones decenas, aparecen como secuela de aquellos que “desaparecieron” hace tiempo. La impunidad campea mientras el crimen florece, con la respectiva banda en ocasiones capitaneada por un delincuente, en otras por un político electo en las urnas y hasta con un fuero protector.

Mientras tanto el presidente vive en una burbuja. Mantiene la ilusión de un sexenio tranformacional que desbarrancaron, en rápida sucesión, la negra noche de Iguala y la fastuosa Casa Blanca. Pero ambas ocurrieron en el segundo semestre de 2014, al tiempo que el Pacto por México expiraba.

Todo ello se combinó para enterrar el famoso Mexico Moment del que hoy nadie se acuerda. Pero el titular del Ejecutivo parece haberse quedado congelado en los gloriosos tiempos de 2013. Mientras el país retrocede ante los ojos de todos menos los suyos, acusa a los mexicanos de no tener memoria para ver los avances registrados.

En tanto la corrupción campea, se empecina en argumentar que es cultural (ciertamente lo es, pero de la clase política que preside). Incapaz de entender la sensación de crisis, argumenta que el crecimiento del PIB es positivo y la inflación baja. Ansioso por mantener el Estado de México como territorio tricolor, vuelca sin pudor recursos federales sobre el territorio.

Ese universo paralelo presidencial permea en todo su gobierno. Los altos funcionarios, ahora asiduos visitantes de Toluca y alrededores, aceptan que hay fallas, sí, pero en la comunicación con la ciudadanía. Se presume que se incentiva a emprendedores en tanto la extorsión estrangula la actividad productiva.

El Presidente del PRI habla con garbo de que su partido combate la corrupción al tiempo que la lista de gobernadores prófugos se alarga. Se presume del potencial turístico en Acapulco mientras se asalta en masa a turistas alemanes en Chiapas. Se enaltece la libertad de expresión en tanto matan a periodistas y se cierran periódicos.

Pero no es sólo el gobierno y el PRI. Los políticos entregados y verticales, que los hay, se vislumbran como una especie en extinción. No hay un solo partido que escape al cinismo colectivo del dispendio y riquezas que aparecen de la nada. No importa la ideología que digan tener, sus líderes igual pueden resultar vecinos en un edificio en Miami.

Con similar cinismo trasmutan de partido, buscando un trampolín más sólido para seguir nadando en la alberca presupuestal, sea en la Cámara de Diputados, el Senado o la gubernatura del estado natal. Todos hablan de honradez, casi todos medran de los recursos que se extraen a los sufridos contribuyentes.

Las instituciones dotadas de autonomía, por un tiempo una promesa de islas de solidez en el pantano mexicano, se han visto sumergidas tan pronto se han convertido en suculento botín político, sus principales integrantes repartidos con descaro entre los partidos.

La víctima más notoria es el Instituto Nacional Electoral, burla permanente de los candidatos oficiales (y los que distan de serlo) en campañas abiertas o igualmente públicas. A la impunidad criminal se agrega la electoral. Es de suponerse que los integrantes del INE se consuelan de su impotencia, o incluso la fomentan, en tanto reciben sus generosos emolumentos y prestaciones.

El gobierno, por su parte, ahora se apresta a golpear la autonomía del Inegi con un nombramiento claramente violatorio de la legalidad. Un precio altísimo a pagar para poder masajear las estimaciones de esa pobreza que se obstina en permanecer estancada.

Un Estado incapaz de imponer su fuerza, sitiado por numerosos grupos de poder (desde cárteles del narco hasta sindicatos), es por definición un Estado fallido.

Lo es igualmente cuando hay partes del territorio nacional en que las fuerzas públicas no existen y ni siquiera se plantean entrar para imponer orden. Lo mismo puede argumentarse cuando lo único que falta por declarar abiertamente en algunas partes del país es un estado de guerra.

Esa etiqueta, “Estado fallido”, se ha llegado a manejar intermitentemente para México durante la última década. Hoy cobra de nuevo vigencia ante la conflación de elementos que llevan a una falla múltiple en los órganos del Estado. Lo único evidente, mientras que al sexenio peñista le queda un cuarto de vida, es que el gobierno es claramente incapaz de usar sus numerosas instituciones para revertir la degradación paulatina, pero inexorable.

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