Los integrantes del Grupo Presidencial del Automóvil (GPA), expertos en el sector del Gobierno de E.U., iniciarán esta semana una ronda de conversaciones con General Motors (GM) con el fin de analizar el futuro de la empresa.

El GPA, encargado de supervisar la reestructuración del sector automotor, tiene el objetivo de obligar a GM a mantener la empresa en marcha, especialmente en la reducción de su deuda no asegurada (unos US$ 28,000 millones) y las obligaciones financieras con sus trabajadores (otros US$ 20,000 millones).

Las conversaciones serán parte de un análisis profundo de parte del GPA, debido al aumento en las señales que indicarían que la empresa se declararía en suspensión de pagos el 1 de junio, fecha en que expira el plazo entregado por el presidente Obama para que GM afine los detalles de su reestructuración.

Hasta el momento, GM ha recibido -en forma de préstamo- US$ 13,400 millones de parte de la Casa Blanca, para mantener sus operaciones en marcha. Para seguir recibiendo ayuda del gobierno, la empresa debería recortar sus gastos y reducir sus deudas.

Pese a los esfuerzos del gobierno estadounidense, hoy la firma JPMorgan Chase indicó que las posibilidades de que GM se declare en quiebra van en aumento, lo que causó reacciones negativas de parte de los inversores.

El periódico The New York Times publicó además, que el Departamento del Tesoro indicó que la empresa debe estar preparada para una rápida suspensión de pagos, lo que podría terminar, en dos semanas más, con el fabricante de automóviles reducido a una fracción de su tamaño actual.

Asimismo, el diario neoyorquino señaló que uno de los planes que se están considerando para salvar a General Motors es la creación de una nueva empresa que compre los activos buenos de la compañía, inmediatamente después de que la firma presente su solicitud de declaración de quiebra.