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Los transgénicos enfrentan su más dura batalla en México

Tanto empresas que impulsan la biotecnología en el campo mexicano como las organizaciones civiles que se oponen a su uso esperan la definición de una política gubernamental que defina la posición de la administración federal respecto a los transgénicos en México.

13-09-2016, 7:10:34 AM
José Roberto Arteaga

La discusión sobre el uso de transgénicos entre empresas y organizaciones civiles se mantiene vigente. Sin embargo, el gobierno mexicano ha puesto en duda su decisión de apoyar el cultivo comercial de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) que mantenía a inicios de la administración de Enrique Peña Nieto.

La propuesta de una reforma al campo mexicano es parte de las promesas que el gobierno federal no logró materializar después de los foros de consulta que organizó  la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la cual se deprendería una respuesta clara sobre los OGM.

“En México está comprobada la necesidad de adoptar el maíz genéticamente modificado”, asegura Alejandro Monteagudo, director general de AgroBio México, organización que agrupa a las principales empresas de biotecnología.

Tanto empresas como organizaciones civiles no han logrado acercarse a la Sagarpa para exponer sus argumentos a favor y en contra de la siembra de transgénicos en el país.

“Nosotros vemos positiva la decisión que ha tomado la autoridad, pero aún no es nada definitivo, por lo que nos mantenemos alerta”, dice Sandra Laso, responsable de la campaña Comida Sana, Tierra Sana de Greenpeace México.

En la actualidad, la entrega de permisos para la siembra comercial de maíz transgénico se encuentra detenida por una demanda interpuesta por científicos y la sociedad civil que se opone a la biotecnología; mientras que la siembra de algodón y soya también enfrenta retos legales para mantenerse en el país.

Un apoyo decidido 

En 2014, Francisco Bolívar Zapata, entonces coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia de la República, apoyaba abiertamente el uso de semillas genéticamente modificadas en el país.

La Reforma para la Transformación del Campo, que fue anunciada en marzo de hace dos años, sería la plataforma para impulsar el uso de la biotecnología aplicada en granos como el maíz o la soya.

Con la participación de más de 36,000 participantes y la elaboración de 8,000 propuestas escritas concluyó el Foro de Consulta para la Reforma al Campo, evento que incluyó 47 foros regionales estatales.

La Sagarpa empleó 18 millones 900,000 pesos para realizar el servicio de compendio de la información recogida de los foros y empleó 376,420 pesos para la organización de los eventos, es decir, la dependencia federal empleó cerca de 19 millones 276,420 pesos, de acuerdo con una solicitud realizada por Alto Nivel en el Sistema Infomex.

Sin embargo, la reforma al campo no fue presentada como tal y la entonces dependencia a cargo de Enrique Martínez decidió llevar acciones aisladas para beneficiar al campo. Acerca de las acciones para impulsar el uso de biotecnología en las semillas es un tema que parece olvidado del discurso oficial.

Empresas como Monsanto y Pioneer han manifestado su interés para participar en la siembra de maíz transgénicos en su fase comercial en México, aunque una acción colectiva ante los tribunales ha evitado para que dichos cultivos prosperen en el país.

El pasado 8 de marzo, el Décimo Segundo Juzgado Federal en Materia Civil, con sede en la Ciudad de México, abrió un nuevo capítulo en la lucha por el maíz, al emitir su fallo en cuanto el levantamiento  de la suspensión de permisos para siembras experimentales y en programa piloto, así como la negación de la etapa comercial del Organismo Genéticamente Modificado (OGM). Decisión que parece otorgar victorias parciales a ambas partes.

La decisión del magistrado es importante para las organizaciones que se oponen a la siembra del grano transgénico en México, ya que privilegia el argumento de que la siembra comercial se debe mantener suspendida por comprobar que hay presencia ilícita de transgénicos en maíces nativos.

“En el caso del maíz estamos completamente parados, ya que hay una resolución que impide a Sagarpa y a Semarnat emitir permisos para la siembra comercial”, dice el director general de Agro Bio.

Las empresas se encuentran alejadas de la Sagarpa, ya que la resolución judicial ha inhibido cualquier contacto entre las dos partes.

“En el caso del maíz estamos completamente parados, ya que hay una resolución que impide a Sagarpa y a Semarnat emitir permisos para la siembra comercial”, dice el director general de AgroBio.

René Sánchez Galindo, abogado y director de la Asociación Civil Colectivas, ve un saldo positivo en la decisión que ha tomado la autoridad judicial, pero reconoce que los procedimientos legales no han terminado y que en cualquier momento la situación puede cambiar para ambas partes.

“Nos encontramos en una etapa de debate en el proceso legal, y es importante que esto suceda, ya que estamos trascendiendo las acusaciones y se están privilegiando los argumentos”, explica Sánchez Galindo al hablar del caso de la siembra del maíz modificado genéticamente.

Uno de los principales argumentos de las organizaciones sociales y de científicos en contra de los transgénicos es el peligro en que se puede poner a 59 razas y más de 1,000 variedades de maíz nativo por la entrada de un grano modificado genéticamente.

Pero Alejandro Monteagudo no coincide con los argumentos en contra de la siembra comercial del maíz. “La demanda que da pie a la resolución de la autoridad carece de un fundamento científico”, asegura.

Hoy, casi 90 por ciento del maíz amarillo que se consume en México es importado, y mercados como el de Estados Unidos satisfacen la demanda del grano.

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