Los riesgos que aún retan al Sistema Nacional Anticorrupción
La falta de la experiencia necesaria, la lentitud en la implementación y las facultades requeridas son retos que aún debe enfrentar el recién creado Sistema Nacional Anticorrupción, aunque el sector privado empuja cada vez más por que la prevención de delitos sea sólida, indican especialistas.
México es uno de los países con mayor percepción de corrupción en el mundo. Por el contrario, Alemania es uno de los países con mejor percepción, pero también es de los que más multas y sanciones paga en casos de corrupción. La diferencia entre ambos países está en la tolerancia a la impunidad. México se encuentra en el lugar 88 de 113 en el Índice Rule of Law Index de la organización civil World Justice Proyect. Este resultado se debe a que en los rubros de corrupción y justicia criminal se encuentra en los últimos lugares: 99 y 108, respectivamente. El paso más importante que ha dado México para combatir la corrupción es la aprobación de un conjunto de siete leyes aglutinadas en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que entraron en vigor el pasado 19 de julio, pero que deberán estar listas a más tardar el mismo día de 2017. Pero mientras se avanza en el entramado de este conjunto de leyes, los hechos recuerdan el grado de impunidad que se vive en el país. El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien tiene acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada, es prófugo de la justicia a sólo unos días de haberse separado de su cargo. ¿El SNA podrá reducir la impunidad que impera en el país? Especialistas coinciden en que hay avances, aunque la lenta implementación y el grado de compromiso para hacerlo funcionar son factores que pueden socavar su efectividad. “Veo voluntad, pero me pregunto cuánta voluntad hay”, dice Juan M. Masini, ex fiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en entrevista.
El camino contra la corrupción
Tras la promulgación de las siete leyes del SNA el 19 de julio, los siguientes pasos fueron conformar la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y el nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP). El pasado 13 de octubre, el Senado ya eligió a los integrantes de la Comisión de Selección y el 25 de octubre el presidente de la República propuso a Arely Gómez, ex titular de la Procuraduría General de la República, al frente de la SFP. El mandatario nominó a Raúl Cervantes Andrade, quien defendió al PRI en el caso Monex, para encabezar la PGR. Aún faltan varios pasos, como la conformación del Comité Coordinador del Sitema Nacional Anticorrupción, la Tercera Sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción y el nombramiento del Fiscal Anticorrupción. “Hay avances sustanciales con el SNA en México. Vienen retos importantes, como implementar lo que ya se aprobó. Que si bien tiene ahí efectos importantes al eje político, también en el ámbito empresarial. Se toma en cuenta que las empresas pueden coadyuvar en actos de corrupción y deslindar responsabilidades al respecto”, dice Adrián Sánchez, director de Soluciones para Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento en Latinoamérica de LexisNexis Risk Solutions, firma de prevención de riesgos.
Un Ferrari con motor de Toyota
Juan Masini, ex fiscal de Estados Unidos con más de 14 años de experiencia acusando y enjuiciando a individuos y entidades que cometieron delitos de corrupción, fraude y lavado de dinero, también aplaude los avances que representa el SNA, aunque subraya algunos riesgos en la implementación. “Vemos esto y se ve bien, pero digo que puede ser como tener un Ferrari o un Porsche con un motor de Toyota”, agrega Masini, pero resalta que no es por ignorancia o por dar largas, su preocupación es que el sistema no esté integrado por gente con experiencia para lidiar con los casos de corrupción. “Necesitas a gente que esté en la práctica, tú no puedes desarrollar algo si los que te ayudan a crearlo son gente que mayormente han trabajado desde el punto de vista teórico y no desde el práctico”, advierte Masini. Al presidente de Masini Global Group le preocupa también el aletargamiento y las controversias observadas en la aprobación de las leyes secundarias y que las personas que ocupen cargos en el SNA tengan las facultades necesarias para realizar su trabajo. “Lo que va a necesitar un fiscal anticorrupción es el manejo de cuentas bancarias, de finanzas. Qué autoridad va a tener él para decirle a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ‘me tienes que entregar esto’, cómo van a trabajar. Y qué pasa si la UIF le entrega lo que le da la gana”, cuestiona. El fiscal anticorrupción será nombrado por el Senado, el cual no tiene un plazo forzoso para hacerlo. Masini dice que es importante ver con cuánto personal contará el fiscal, cuánto financiamiento va a tener y cuál va a ser su eje investigativo.
El riesgo a la reputación
¿El funcionamiento del SNA dependerá sólo de la voluntad política? No necesariamente. Cabe recordar que muchas de estas nuevas leyes fueron impulsadas por el sector privado, como en el caso de la Ley de Responsabilidades Administrativas (Ley 3de3). Héctor Sánchez, consultor de soluciones verticales en México de LexisNexis Risk Solutions, comenta que empieza a ganar mucho peso el tema de anticorrupción en las empresas por el riesgo a su reputación y recuerda el caso de “Lavajato”, un término creado en Brasil a raíz de los escándalos de corrupción entre el gobierno y las empresas. “Por miedo a que se vean envueltas en estos actos, las empresas están tomando acciones. El daño en la reputación de la empresa significa menos ganancias, menos negocios”, agrega. El especialista comenta que las empresas están dejando de tener una posición pasiva y pensar “si no me lo pide la ley, mejor” y los corporativos piensan cada vez más en prevención. Te puede interesar: Corrupción le quita un tercio de sus ingresos a los más pobres
