Opinión

Los riesgos de la falta de Estado de derecho en México

El mantener un estatus de violencia, de agresividad y de impunidad muestra un gobierno débil e indefenso, con el riesgo de escalarlo a niveles incontrolables y, sobre todo, indeseables para la paz y tranquilidad del país.

15-09-2016, 2:23:08 PM
Los riesgos de la falta de Estado de derecho en México
Julio A. Millán Bojalil

Estado y Derecho son un binomio necesario para el buen funcionamiento de cualquier sociedad; el Estado necesita la legitimidad que el Derecho le brinda, para encuadrar su actuación y limitar la acción del gobernado. El Derecho es la fuerza coercitiva del Estado que reprime las desviaciones, incumplimientos y resuelve las controversias que se presentan dentro del amplio pacto social. El Estado desde su nacimiento ha sido regido por el Derecho, pero no todos los Estados han regido su actuación conforme a lo que actualmente conocemos como Estado de derecho. El que una sociedad viva de acuerdo a sus leyes, a su derecho positivo y vigente, no le garantiza el vivir en un Estado de derecho; eso resulta una visión muy estrecha, ya que lo anterior simplemente reconoce un estado de legalidad, pues el primer concepto es mucho más amplio.

Así, el Estado de derecho se define como el conjunto de principios que integran los requisitos fundamentales para una vida social en orden y con libertad, y deriva de la experiencia inicial del mundo anglosajón. Es por ello que al conjunto de principios se los conoce como Rule of Law, concepto que no tiene una real traducción al castellano y la expresión más cercana es Estado de derecho.

Actualmente, el Estado de derecho en nuestro país no está garantizado en todo el territorio, sin importar zonas de alta marginación o grandes ciudades, en las cuales solo se reconoce la aplicación de un estado de legalidad, pero no un Estado de derecho, dando origen a que la ciudadanía en múltiples ocasiones se sitúe en estado pleno de indefensión, inerme, desprotegida ante la omisión de la aplicación de nuestro derecho positivo, que debilita y en algunos casos hace imposible la defensa de nuestras garantías individuales, constitucionales, derechos reales y personales, etc., lo que tiene como consecuencia que se robustezca la pobreza, el crimen organizado, la riqueza en pequeños grupos, en detrimento de la facultad jurisdiccional de las autoridades en los tres niveles de Gobierno y, por consecuencia, de la falta del Estado de derecho.

Las acciones subversivas y desestabilizadoras que hoy vive el país y que intentan destruir al Estado mexicano a través de doblegar al Gobierno de México con el pretexto de demandas que si fueran atendibles están desproporcionadas frente a las acciones destructivas y agresivas contra el Estado mexicano, que de hecho somos todos los ciudadanos del país.

El mantener un estatus de violencia, de agresividad y de impunidad muestra un gobierno débil e indefenso, con el riesgo de escalarlo a niveles incontrolables y, sobre todo, indeseables para la paz y tranquilidad del país.

En el Reporte de competitividad global 2015-2016 del Foro Económico Mundial se identificó como una de las mayores áreas de oportunidad el marco institucional, el cual presenta serias deficiencias sobre ética y corrupción, inseguridad y derechos de propiedad, y la percepción, sobre todo, de que el sector público es deshonesto. Lo anterior sitúa a México en el lugar 57, por debajo de países como Chile que ocupa el lugar 35.

Antídoto de la corrupión: el nuevo sistema de justicia penal

De igual manera, la corrupción prevalece como una importante barrera. El Índice de percepción de la corrupción 2015 de Transparencia Internacional ubica a México en la posición 95 (de 167 países evaluados) en el rubro, al nivel de países como Mali, Armenia y Filipinas. Con el objeto de reforzar el Estado de derecho, el Gobierno Federal publicó, el 18 de junio de 2008, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la reforma constitucional que sienta las bases para el establecimiento de un nuevo sistema de justicia penal en México.

El sistema penal acusatorio es solo un paso en este sentido y, por sí mismo, no significa mucho. Es mucho más importante el sistema nacional anticorrupción, pero lo más importante es la voluntad política de los gobernantes para avanzar en este aspecto.

La propuesta radica en un sistema en el que se respeten los derechos de la víctima u ofendido, así como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último, lo cual fortalece el debido proceso y el pleno respeto a los derechos humanos de todas y todos aquellos involucrados en una investigación o procedimiento penal.

El nuevo sistema de justicia se basa en un sistema acusatorio-adversarial, donde el juez decide de manera imparcial frente a las solicitudes de los intervinientes, y en que los conflictos jurídicos relevantes se resuelven en audiencias orales, públicas y contradictorias.

Este sistema de juicios orales ya se aplica en todo el país el a partir del 18 de junio de 2016. Esto constituye un avance positivo; sin embargo, aún es necesario realizar mucho más.

Para abatir la corrupción no solo es necesario implementar reformas jurídicas; se tiene la necesidad de una progresiva demanda de ética, la cual deje de ser mera justificación retórica y comience a estructurarse en medidas concretas.

Anticiparse a las crisis

Para lo anterior es necesario un ciudadano más proactivo y la generación de escaleras de virtud, las cuales comprendan diversas acciones, como políticas de difusión de valores y de motivación ética. De igual manera, es de capital importancia la figura de la integridad como virtud clave en la actividad judicial. Asimismo, es de suma importancia que las autoridades comiencen a realizar ejercicios prospectivos sobre qué y cómo puede afectar al Estado de derecho en México en el corto, mediano y largo plazo, ya que siempre será más fácil lidiar con una crisis cuando esta ha sido anticipada.

A su vez, se requiere que la estructura gubernamental actúe como un sistema holístico, donde cada unidad (secretaría, agencia, dependencia, etc.) aporte sus conocimientos particulares al todo, generando con ello una retroalimentación que permita ajustar las metas.

La combinación de estos elementos permitiría que el Estado mexicano identificara y anticipara las crisis, en lugar de solo gestionarlas como actualmente sucede (conflicto magisterial), además con pobres resultados.

Desgraciadamente, durante muchos años la Ley ha sido moneda de cambio político en México y tanto el Estado como las agrupaciones gremiales (sindicatos), sociales y civiles (derechos humanos, medio ambiente, campesinas, empresariales, industriales, entre otras), y los ciudadanos comunes y corrientes creen que eso es normal y así debe ser, por lo que estamos incluso ante un problema de carácter cultural. Por lo que podemos concluir que sin Estado de derecho simple y sencillamente no hay progreso.

 

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