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Opinión

Los graves errores del Proyecto de Constitución de la CDMX

El Proyecto de Constitución no puede verse como una simple agenda de buenos deseos: es un documento que responde a los intereses de grupo, en perjuicio de derechos individuales básicos, como el de propiedad y libre tránsito.

03-11-2016, 3:26:32 PM
Los graves errores del Proyecto de Constitución de la CDMX
Jorge A. Monjarás, director editorial de Alto Nivel

“Me encantaría vivir en una ciudad así”, nos comentó uno de los entrevistados acerca del Proyecto de Constitución de Ciudad de México. A primera vista y, convenientemente, para una ávida clientela electoral, la promesa de que todo lo necesario para vivir –a gusto– provendrá del Estado resulta un bonito sueño. Por el solo hecho de ser humanos, porque así lo hemos firmado en todos los tratados, los habitantes de la ciudad tendrían derecho a resguardarse en los brazos protectores del gobierno desde la cuna hasta la tumba.

Sabiamente, la clase política administrará los fondos y repartirá la riqueza, nos dicen… sí, esa misma a la que nunca le salen las cuentas y se le pegan los billetes. La felicidad será infinita.

El sueño se va convirtiendo en pesadilla cuando descubrimos que aquí nadie, bien a bien, va a pagar nada. Como está, el marco legal de la ciudad no dedica una letra a proteger el derecho a la propiedad privada y, más bien, se dedica a poner más trabas a la inversión, ahora por el lado del interés social, comunitario y ambiental. Algunos de sus designios son francamente contraproducentes a una economía de mercado, como el intento velado por controlar salarios, rentas y el mercado laboral. Como bien dicen los desarrolladores inmobiliarios: dinero y financiamiento para casas hay más que nunca, lo que impide la construcción de más viviendas es el exceso de regulación y la franca corrupción.

Pero la puntilla llega con el nacimiento de Ciudad Ambulante. La legalización del comercio callejero se eleva, nada menos, a nivel constitucional, como el peor de los desincentivos a la economía formal que hayamos visto desde los tiempos de la nacionalización de la banca.

Así, el Proyecto de Constitución no puede verse como una simple agenda de buenos deseos: es un documento que responde a los intereses de grupo, en perjuicio de derechos individuales básicos, como el de propiedad y libre tránsito. El error es considerar el comercio ambulante economía social, cuando no se trata más que de iniciativa privada, la más ineficiente, la más desleal y una de las más explotadoras de personas.

El principio de los derechos individuales es que son negativos, es decir, se basan en que los gobernantes no pueden intervenir para limitarlos. Sin embargo, el Proyecto de Constitución interviene en muchos aspectos de la vida privada: la consecuencia inevitable es limitarla.

Así, no quedará quien genere riqueza en esta ciudad, ni incentivos para el empleo formal, ni motivos siquiera para estudiar. A lo mejor así se ahorra el gobierno aquello del derecho a la educación.

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