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Los cuatro rounds que los ciudadanos han ganado a la corrupción

En nuestro país cada 3.4 segundos alguien está cometiendo un acto de corrupción. En esta lucha, los ciudadanos jugamos un papel fundamental para obtener la victoria.

11-07-2017, 2:30:23 PM

Por Viridiana Ríos

La historia reciente de México es la de un país cuyos ciudadanos han despertado para luchar contra la corrupción, muy a pesar de su clase política. La de un México que decidió llamar a cuentas a la simulación y construir las leyes e instituciones necesarias para realmente eliminar la corrupción. ¿Cómo sucedió esto, qué lo detonó y qué falta por hacer?

La corrupción no es nada nuevo en México. Encuesta tras encuesta, se demostraba que las mordidas y la impunidad eran notorias y siguen siéndolo. Se estima, por ejemplo, que cada día se cometen 27,000 actos de corrupción en trámites gubernamentales. Es decir, alguien es corrupto en nuestro país cada 3.4 segundos. El INEGI reporta en su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental que hay un total de 9.9 millones de trámites en los que existió experiencia de corrupción en 2015. Esto significa que se cometen 30,000 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes mayores de edad. Más aún, una de cada 10 personas que laboran en las instituciones de seguridad pública reprueba los análisis de confianza. Es decir, cerca de 31,000 peritos, policías y altos mandos no pueden pasar pruebas psicológicas básicas que identifican, entre otras cosas, si han violado la ley.

Ante la contundencia de los datos, combatir la corrupción se convirtió en una de las prioridades del país, al menos retóricamente. De hecho, el primero de los 266 compromisos de campaña de Enrique Peña Nieto era crear una Comisión Nacional Anticorrupción. Así, antes de que Peña Nieto tomara el poder, el PRI ya había presentado un proyecto de ley para crear la prometida comisión, en noviembre de 2012. El proyecto fue aprobado en 2013, pero permaneció sin verdadera instrumentación hasta finales de 2014.

La espera fue veneno. Una larga guerra contra el narcotráfico había hecho notorio que la impunidad y la corrupción eran el impedimento más importante para pacificar al país y para hacer negocios en México. Su impacto era tal que, de acuerdo con la Encuesta de Opinión Ejecutiva, del Foro Económico Mundial (WEF), era prácticamente equivalente al problema del crimen y la ineficiencia de gobierno juntos. México estaba harto.

1er round: la simulación llamada a cuentas

La sociedad civil decidió no quedarse callada. Expertos y organizaciones de la sociedad civil (OSC) analizaron la legislación aprobada en 2013 y consideraron que la Comisión Nacional Anticorrupción era insuficiente, pues era una entidad centralizada e incapaz de coordinar esfuerzos entre las muchas entidades estatales y federales. Además, carecía de una verdadera autonomía respecto de otros poderes y no establecía una clara coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o la Fiscalía General de la República. En suma, el proyecto era a todas luces una simulación.

Para comienzos de 2015, expertos, académicos y OSC relacionadas con la transparencia decidieron tomar la lucha anticorrupción públicamente en sus manos y llamar a cuentas esta falta de voluntad política. Grupos de la sociedad civil mantuvieron reuniones cerradas con las autoridades mexicanas para rechazar la comisión y en su lugar abogaron por la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El SNA sería una entidad de coordinación que reuniría a instituciones que ya estaban operando en el combate a la corrupción, pero que lo hacían de manera fracturada y con muy pocas capacidades legales.

Más que una institución comandada por un “zar anticorrupción”, el SNA sería una entidad regulada por un consejo ciudadano, con capacidad autónoma de procesamiento e investigación. Además, el sistema propuesto tendría que reconocer el papel de los ciudadanos en la anticorrupción, no solo como vigilantes de la transparencia, sino como partícipes de prácticas corruptas. El SNA imponía sanciones directas a contratistas que no cumplieran con la ley y daba beneficios a quienes proveyeran información verdadera sobre actos de corrupción.

El impacto que tuvieron los expertos y los grupos de la sociedad civil fue impresionante. Apenas unos meses después de que este enfoque práctico hubiera comenzado, la reforma constitucional para crear el SNA fue aprobada por el Congreso federal en abril del 2015. El primero round lo habían ganado los ciudadanos.

2do round: El anticorruptómetro

Para 2015 era claro que los ciudadanos eran los únicos con voluntad de implementar cambios innovadores para luchar contra la corrupción, pero quedaba mucho por hacer. Lo primero era la plena promulgación de las reformas aprobadas por el Congreso. Era necesario que esta fuera validada por la mayoría de las legislaciones locales estatales mexicanas.

La sociedad civil logró que dicha validación sucediera, creando una herramienta digital llamada el “anticorruptómetro”: un reloj digital que contaba los días, horas y minutos que cada congreso estatal tomaba para discutir y aprobar la reforma constitucional (The Economist, 2015). El reloj se volvió viral en las redes sociales y la reforma del SNA fue aprobada en pocas semanas. La presión fue tal que algunos gobernadores posteaban en redes el momento en el cual la aprobaban. Versiones estenográficas de los debates en congresos locales dejan cuenta de la preocupación de los legisladores acerca de que “el anticorruptómetro está corriendo”. En mayo de 2015 se logró. El SNA fue aprobado en todo el territorio mexicano y se convirtió en un mandato constitucional.

El SNA aprobado es una institución única, pues busca coordinar diversos órganos autónomos (Instituto Nacional de Acceso a la Información y Auditoria Superior de la Federación), con instituciones cuyas facultades para luchar contra la corrupción fueron ampliadas (Tribunal Federal de la Justicia Administrativa, Secretaría de la Función Pública, Fiscalía Especializada) y con organismos cuya presencia era necesaria para asegurar una amplia adecuación de funciones en toda la administración pública (Consejo de la Judicatura). Aún más innovador es el hecho de que el SNA contaría con un Comité Ciudadano integrado por cinco civiles, que rotarían el honor de presidir el Sistema en su totalidad. El segundo round lo había ganado la ciudadanía también.

3er round: la Ley 3 de 3

Con tantos éxitos en tan poco tiempo, la sociedad civil se volvió mucho más ambiciosa. Más que empujar por la aprobación de una legislación que contuviera las características adecuadas para luchar contra la corrupción presentada por los mismos partidos, esta vez la ciudadanía buscó crear legislación ella misma.

Las OSC y los expertos trabajaron por meses en redactar una “iniciativa ciudadana anticorrupción”, que contenía las leyes y reformas secundarias necesarias para que el SNA comenzara a operar. La iniciativa ciudadana era un mecanismo legal recientemente creado que permitía a grupos de ciudadanos presentar un proyecto de ley ante el Congreso, y que obligaba a los legisladores a discutirlo, si la iniciativa estaba respaldada por las firmas del 0.13% del electorado. Es decir, cerca de 120,000 firmas, con datos detallados de la credencial de elector.

La iniciativa ciudadana anticorrupción fue presentada públicamente el día 2 de febrero de 2016, en una conferencia de prensa que llamaba a los ciudadanos a firmarla. Le llamaron Ley 3 de 3, porque una de las leyes creadas proponía que todo funcionario público fuera obligado a presentar tres declaraciones: patrimonio, impuestos e intereses.

Los grupos de la sociedad civil lograron reunir más de cinco veces el número de firmas requeridas para la iniciativa ciudadana. Estudiantes, ciudadanos y empresarios estaban a bordo. Confederaciones patronales como Coparmex pidieron a sus miembros que firmaran. Ciclistas de la ciudad de México organizaron “rodadas nocturnas” en favor de la iniciativa. Estrellas de radio, como Sopitas, Fernanda Familiar, Pamela Cerdeira y muchos más hablaron de ello en sus shows diarios. Activistas, académicos y columnistas se tomaban fotos, mientras firmaban y recolectaban las firmas de otros.

Se reunieron 630,000 firmas, presentadas al Congreso en abril de 2016. A diferencia de cualquier otro proyecto de ley del Senado, las organizaciones ciudadanas exigieron que la discusión se celebrara de manera totalmente pública. Todos los debates fueron transmitidos por la televisión y seguidos a través de la web. Los políticos se veían incómodos y los representantes de las OSC y académicos parecían inexpertos. El 6 de julio, la iniciativa ciudadana fue aprobada por el Congreso, sin que este hiciera de las suyas.

La aprobación final se llevó acabo más de un mes más tarde de lo previsto en la reforma constitucional. Esto se debió a que, muy probablemente, el Congreso no quería discutir el tema en periodo electoral (en 5 de junio hubo elecciones de gobernador en 12 estados). Peor aún, fueron los cambios hechos a la iniciativa. Una primera versión fue aprobada, con la obligación de que los privados que reciben beneficios del gobierno presentaran también sus declaraciones. Esto implicaba que tanto grandes contratistas como receptores de becas y programas sociales fueran sujetos de escrutinio.

Los sectores empresariales amenazaron con promover masivamente apelaciones por motivos de inconstitucionalidad e incluso salieron a protestar a las calles en contra de esta primera versión. La presión fue tal que el presidente de la República vetó la legislación, pidiendo al Congreso que la discutiera una vez más. La versión final era mucho más parecida a la iniciativa ciudadana original, solicitando la presentación de las tres declaraciones solo para funcionarios públicos, con la excepción de que no se exigió explícitamente la divulgación pública de su patrimonio. El tercer round lo ganó la ciudadanía también, pero no sin fuertes roces.

4to round: una voz ciudadana

Una vez aprobadas las leyes secundarias, una nueva batalla comenzó: instrumentar. Para que el SNA comenzara a operar, era necesario seleccionar a los cinco ciudadanos que lo dirigirían rotativamente. La ley dictaba que estos ciudadanos no serían seleccionados por el Congreso, para evitar cuotas partidistas, sino por un grupo de nueve notables postulados por organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas. Este grupo sería llamado la Comisión de Selección del SNA.

Luego de recibir las postulaciones de 28 aspirantes a la Comisión y de que cada uno de ellos comparecieran oralmente ante el Senado presentando las razones de su idoneidad, el Senado decidió integrar al Comité con cuatro académicos (José Luis Caballero, Sergio López Ayllón, Pedro Salazar y la autora de este artículo), una funcionaria de un instituto de transparencia estatal (Cynthia Cantero), y representantes de grupos civiles (Antonio Gómez, Edna Jaime, María Elena Morera, y Juan Pardinas). La Comisión de Selección quedó plenamente integrada el 13 de octubre de 2017 y comenzó la búsqueda de los ciudadanos que presidirían la lucha anticorrupción con una convocatoria que emitió en noviembre de 2016.

La convocatoria atrajo a 70 candidatos de varios estados de la República y de todos los perfiles, de entre los cuales se eligieron a 15 para entrevista y finalmente a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana. El proceso fue llevado a cabo con transparencia y con sesiones de consulta pública en la Ciudad de México y Jalisco, que permitieron a los ciudadanos dar sus opiniones sobre los candidatos y el proceso de selección.

El Comité de Participación Ciudadana fue nombrado el 9 de febrero de 2017. Son cinco ciudadanos: Jacquelin Peschard, académica especialista en transparencia y antigua consejera electoral; Mariclaire Acosta, directora de Freedom House y activista de derechos humanos; José Octavio López Presa, experto en construcción de plataformas digitales de información y rendición de cuentas; Luis Manuel Pérez de Acha, abogado experto en litigios estratégicos de la sociedad civil, y Alfonso Hernández, académico de Jalisco con experiencia en cuestiones electorales y de transparencia. Cada uno de ellos presidirá el SNA por un año y, luego de su presidencia, será substituido por un nuevo ciudadano. La intención es que, a partir del quinto año, todos los ciudadanos duren cinco años en el cargo.

Así, luego de una larga lucha ciudadana por crear una institución funcional, participativa y autónoma para luchar contra la corrupción, el SNA nació oficialmente el 4 de abril de 2017. Ese día se tuvo la primera reunión de los integrantes del sistema y se sentaron sus principales objetivos, como: consolidar el SNA, prevenir los actos de corrupción, combatir eficazmente la impunidad y lograr que la sociedad civil permanezca involucrada. Este fue un gran día para México. El cuarto round se ganó, pero quedan muchos más.

¿Siguientes rounds?

La reforma, regulación e implementación del SNA representó una lucha por crear los andamios y herramientas necesarios para eliminar la corrupción, pero la labor expresa de combatir la corrupción apenas ha comenzado. Los principales retos van en cuatro direcciones:

  • Primero, evitar que el fiscal anticorrupción dependa del Poder Ejecutivo. El fiscal anticorrupción equivale a los dientes del SNA. No solo no se le ha nombrado (el Senado no se ha podido poner de acuerdo) sino, peor aún, estará impedido a actuar con plena autonomía. El fiscal no puede nombrar a su propio personal y tiene que reportarle anualmente al procurador como si fuera su subordinado. Aún más, el fiscal no puede realizar sus propios peritajes, pues depende de las sobresaturadas estructuras de la PGR para hacerlos. Esto debe cambiar. Para que el SNA pueda dar resultados es imperante que aprueben cambios legales que vuelvan al fiscal verdaderamente autónomo.
  • Segundo, crear mecanismos de selección autónomos para los funcionarios que laboren en cada una de las instituciones que conforman al SNA. Las auditorias locales, por ejemplo, son las encargadas de vigilar el gasto público. Sin embargo, difícilmente pueden cumplir con su labor si sus dirigentes son propuestos por los gobernadores y avalados por legislaturas locales sin verdadera oposición. Existe también un problema de capacidad y profesionalismo en instituciones que están integradas por personal sin entrenamiento, o simplemente carecen de suficientes recursos para operar. Esto debe cambiar. Para que la corrupción pueda atacarse en todos los niveles de gobierno debemos asegurarnos que las instituciones locales sean tan profesionales y autónomas como sus homólogos federales.
  • Tercero, se debe actuar en conjunto con el SAT, para evitar la consolidación de empresas fantasma. Muchos de los casos de corrupción más notables en el país se llevan a cabo por medio de empresas que se constituyen y desaparecen rápidamente, solo para realizar contratos de obra pública que no existen. Esto no será nada fácil, pues la forma en que se crean estas empresas es cada vez más sofisticada. En la medida que las autoridades impidan que eso suceda, el gasto público podrá ser más eficiente y llegar verdaderamente a quien más lo necesita.
  • Cuarto, eliminar los heroísmos. Por mucho tiempo se ha asumido que la lucha anticorrupción se detona por periodistas o funcionarios kamikazes que revelan información privilegiada. Si bien esto a veces sucede, no es así como se combate a la corrupción de forma sistémica. Para combatirla no se puede confiar en héroes. Debemos crear mecanismos de denuncia anónima, democrática y probadamente cierta. Sobre todo, debemos meditar mucho cómo vamos a verificar que estos casos sean ciertos y que los casos que se persigan primero serán verdaderamente los más notables (no solo los cometidos por los individuos más vulnerables o por los menos conectados).

Es claro que la historia reciente de la lucha anticorrupción es prometedora, pero será larga. Cada uno de los puntos anteriormente mencionados es largo, y tomará mucho tiempo porque el problema es muy amplio. Tan solo en 2015, la ASF consideró que 31,700 millones de pesos otorgados a los estados, municipios y universidades locales fueron daños al erario público. Esto equivale a casi todo el presupuesto del programa Prospera para el mismo año (39,800 millones). En Veracruz, la auditoría estima que las pérdidas ascienden a 7,000 millones de pesos.

La corrupción está reduciendo la eficiencia del gasto público, impidiendo el funcionamiento de las instituciones de justicia, y sometiendo a nuestra economía a un crecimiento magro.

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