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Ley 3 de 3: ¿El veto de EPN favorece a los ciudadanos?

Más allá del discurso del presidente Peña Nieto al vetar la llamada Ley 3 de 3, que busca combatir la corrupción, en los hechos, los cambios sólo favorecen al sector empresarial, pero deja indefensos a los ciudadanos. Aquí te explicamos por qué.

24-06-2016, 4:42:12 PM
Ley 3 de 3: ¿El veto de EPN favorece a los ciudadanos?
José Roberto Arteaga

La voz de 634,000 ciudadanos que respaldaron la Ley 3 de 3 parece no haber sido suficiente para el Poder Ejecutivo. La decisión del presidente Enrique Peña Nieto de vetar el artículo 32 y otros 15 artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas no deja a todos satisfechos, pues la revisión favorece sólo a un segmento de la población: la clase empresarial.

Las observaciones del mandatario no tomaron en cuenta el artículo 29 , el cual excluyó la obligación de promover las declaraciones de los funcionarios públicos.

“La conducta presidencial muestra que es una la atención que reciben los empresarios, que eran afectados por el contenido hoy vetado u observado; y la otra muestra el ignorar la manifestación, la decisión, la preferencia, la demanda de la sociedad civil. Es decir, hay un trato para los ciudadanos prominentes, como los empresarios, y es otro el trato para los ciudadanos comunes”, dice Eduardo Huchim, académico y analista político.

La llamada Ley 3 de 3 proponía que los funcionarios presentaran y transparentaran sus declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de interés, iniciativa que, de forma sorpresiva, incluyó al sector empresarial en el proceso legislativo.

Es una decisión que contiene claroscuros”, dice Eduardo Huchim, al explicar que el artículo 32 era violatorio de los derechos de los particulares y fue positiva la observación realizada por el presidente mexicano, aunque no modifica el artículo 29, que omite la responsabilidad de los funcionarios públicos de promocionar sus declaraciones.

Desde principios de 2015, la iniciativa 3 de 3 buscaba obligar a los candidatos y funcionarios a presentar sus tres declaraciones y publicitarlas. Para llegar al Senado, esta propuesta requirió de varios meses de negociaciones de legisladores con la Iniciativa Privada y organizaciones ciudadanas encabezadas por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y Transparencia Mexicana.

Este jueves 23 de junio, Humberto Castillejo Cervantes, consejero jurídico de la presidencia de la República, anunció el veto del artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y otros 15 artículos por considerar que cayeron en abusos.

“El Ejecutivo Federal a mi cargo considera que la obligación establecida para que los particulares presenten declaraciones de situación patrimonial y conflicto de interés, constituye una intromisión indebida en la esfera jurídica de las personas físicas y morales”, dice el presidente al remitir al Senado las observaciones de la ley.

Durante la discusión del paquete de leyes del pasado 15 de junio, el senador Manuel Cárdenas Fonseca, presidente de la Comisión de Anticorrupción y miembro del Partido Nueva Alianza, propuso un cambio a la propuesta del artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas que proponía la obligatoriedad de que los privados que deseaban hacer tratos con el gobierno o recibieran recursos públicos presentaran sus tres declaraciones, como se pedía a los funcionarios, modificación que fue aprobada.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) fueron parte de las organizaciones que se acercaron al Ejecutivo para exponer sus preocupaciones por las afectaciones que podrían sufrir las compañías y particulares por la ley aprobada. Acciones que surtieron efecto para el sector empresarial.

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Beneplácito por la decisión

Este viernes, la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados aplaudió la decisión tomada por el jefe del Poder Ejecutivo respecto al artículo 32 y otros 15 ordenamientos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. “Celebramos la voluntad del Presidente de la República de abrir estos artículos a efecto de que sean corregidos; estamos listos para ello”, dijeron los legisladores en un comunicado.

“El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, refrenda su posición al respecto, manifestada en conferencia de prensa el viernes 17 de junio, en donde señaló la necesidad de modificarla, advirtiendo que la redacción de la misma, además de ser peligrosamente ambigua, podría contener elementos que fueran anticonstitucionales”, dijeron los priistas.

El Senado de la República recibió este viernes los artículos vetados por el mandatario mexicano para que sean corregidos los incisos B y C de la ley de responsabilidades, lo cual exenta a los empresarios de presentar por mandato de ley sus declaraciones patrimonial y de conflicto de interés al momento de recibir recursos públicos.

Eduardo Huchim lamenta que sólo una voz haya sido escuchada por el presidente mexicano, mientras que la demanda ciudadana  de mayor transparencia queda como un pendiente. “A pesar de las miles de firmas que la sociedad civil hizo llegar al Congreso, el contenido que ha revisado el presidente no es suficientemente transparente”.

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