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La ‘trampa’ del Senado para voltear a su favor la Ley 3 de 3

Más de 630,000 ciudadanos firmaron para que los servidores públicos hicieran públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, sin embargo, los legisladores modificaron la iniciativa de ley de tal forma que ahora obliga a empresarios y ciudadanos a presentar estas tres declaraciones.

16-06-2016, 2:48:50 PM
La ‘trampa’ del Senado para voltear a su favor la Ley 3 de 3
Javier Rodríguez Labastida

Fue una jugada inesperada. Era un tema que no se había discutido en ninguna reunión entre ciudadanos, empresarios y legisladores, que no estaba contemplado en la iniciativa original, y que cambiaba totalmente el sentido de la búsqueda de transparencia en México.

La estrategia la encabezó el senador independiente Manuel Cárdenas Fonseca, un legislador que ocupó apenas en abril pasado, y en medio de la polémica, el escaño que había dejado vacante la fallecida Mónica Arriola Gordillo (hija de la exlideresa Elba Esther Gordillo).

Esta jugada, a la que los autores de la Ley 3 de 3 calificaron como un madruguete y albazo, pone en la mira del nuevo sistema anticorrupción a los ciudadanos y empresarios, y deja en segundo plano a los funcionarios.

Este martes, cuando se realizaba el debate de las Leyes Anticorrupción en el Senado, en cuestión de horas, una iniciativa que había logrado más de 600,000 firmas de la sociedad civil para que todos los servidores públicos hicieran públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, había sido transformada ya no para enfocar a los servidores públicos, sino para exhibir esos datos, pero de todos los particulares que quieran hacer algún negocio con un ente público.

¿Cuáles fueron los cambios?

Desde principios de 2015, la iniciativa 3 de 3 buscaba obligar a los candidatos y funcionarios a presentar sus tres declaraciones. Para llegar al Senado, esta propuesta requirió de varios meses de negociaciones de legisladores con la Iniciativa Privada y organizaciones ciudadanas encabezadas por el IMCO y Transparencia Mexicana.

Sin embargo, en un debate en medio de la madrugada del miércoles, 59 senadores del PRI y el Partido Verde votaron en contra de la obligatoriedad de que los servidores públicos rindieran sus declaraciones. Un movimiento que no hicieron solos, pues para superar a los 51 senadores que votaron a favor, 17 senadores simplemente no votaron.

Lee Ley 3 de 3: Senado le da la espalda a la transparencia

La sorpresa del debate no quedó ahí. Repentinamente, el senador Manuel Cárdenas Fonseca tomó la palabra y de último momento soltó una serie de cambios que a la luz pública eran inesperados, pero que los senadores aprobaron. Entre los cambios se hacía obligatorio que los particulares que quisieran hacer negocios con un ente público tenían que rendir sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses.

“Están obligados bajo protesta de decir verdad, presumiendo la buena fe y la presunción de inocencia, la declaración de situación patrimonial y de intereses ante las secretarías u órganos internos de control: los servidores públicos; cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la federación, de las entidades federativas o de los municipios; las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a las que se refiere la fracción anterior”, fue el cambio al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

“Todos los involucrados en ese binomio, demandantes de bienes o servicios u ofertantes de bienes y servicios, deben, partiendo claro de la buena fe y de la presunción de inocencia al actualizarse su relación con los bienes de la nación y el gasto públicos, presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de intereses”, justificó el senador Cárdenas Fonseca.

¿Una venganza contra ciudadanos y empresarios?

Max Kaiser, director de Anticorrupción del IMCO y uno de los redactores de la Ley 3 de 3, duda en entrevista con Alto Nivel si este sorpresivo movimiento es una revancha contra los empresarios. No lo asegura, pero tampoco lo niega.

“Yo no podría decir que es una revancha (hacia los empresarios) y no me gustaría pensar que es así, pero sí puedo decirte que es algo sin sentido, y es un tema que nunca se puso en discusión entre los grupos parlamentarios. Yo estuve en todos los debates realizados y el tema nunca se trajo a la mesa”, asegura.

Kaiser considera que en la actualidad existen suficientes controles legales para evitar la corrupción entre las empresas, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el Sistema de Administración Tributaria (SAT) tienen una revisión constante sobre los corporativos.

En un debate en Radio Fórmula este jueves, el director del IMCO, Juan Pardinas consideró que sí era una venganza contra los promoventes de la Ley 3 de 3.

El Consejo Coordinador Empresarial, a través de un comunicado publicado este jueves, coincide con el IMCO al considerar la inclusión del Senado “excesiva, inadecuada a los fines de prevenir y sancionar la corrupción, y completamente inaplicable en la práctica”.

Y el CCE va más allá. “Esta medida en particular, lejos de contribuir a la transparencia, generará opacidad y desviará la atención de los procesos realmente relevantes para detectar y sancionar la corrupción”.

El Consejo Coordinador Empresarial, a cargo de Juan Pablo Castañón, aseguró que la corresponsabilidad del sector privado en el fenómeno de la corrupción sí está contemplada y sancionada severamente dentro de la Ley 3 de 3. “Incluso, tras las discusiones en el Senado se creó un capítulo especial en donde se establecen sanciones específicas y se tipifica la actuación de particulares y su vinculación en faltas administrativas graves como soborno, tráfico de influencias, colusión, entre otras (artículos 65 al 72)”.

En las reglas de contratación pública, adicionalmente, se pueden establecer requisitos para que las empresas se certifiquen en las mejores prácticas internacionales de ética e integridad.

El CCE afirmó que la redacción propuesta en el Senado sugiere además que la obligación de presentar 3 de 3 incluirá tanto a las personas físicas como morales que sean proveedores del Estado Mexicano, así como a sus empleados y cónyuges. Es decir, una gran parte de los mexicanos. Sólo en Compranet existen más de 100 mil empresas registradas.

“La redacción propone que todos los empleados de cualquier nivel, de todas las empresas proveedoras de servicios a las entidades públicas – que son cientos de miles- tendrían que presentar declaraciones: desde el gerente general hasta los empleados de mantenimiento o mensajería, e incluso podría interpretarse, todas las empresas que estén vinculadas comercialmente de alguna manera con los proveedores del Estado. Estamos hablando de cientos de miles, o millones, de personas”, dice el consejo empresarial.

¿Qué sigue? La ley fue discutida y aprobada sin cambios por la Cámara de Diputados. Juan Pardinas considera que podría ser vetada por el presidente Enrique Peña Nieto, debido a estos cambios. “El artículo que obliga a todos los mexicanos a presentar su 3 de 3 requiere una enmienda urgente”, afirma. El balón de la nueva ley para tratar el mayor mal del país ahora está en la cancha del presidente de México.

Con información de Roberto Arteaga

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