La mujer ‘incómoda’ que Peña Nieto quiere en el Inegi
La propuesta de que Paloma Merodio ocupe una vicepresidencia en el Inegi es, a todas luces, ilegal y comprometería la autonomía de una institución que se ha ganado con los años un sólido prestigio.
La ilegalidad es lo primero que brinca cuando se analiza la propuesta de que Paloma Merodio ocupe una de las cuatro vicepresidencias del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y se convierta en el quinto miembro de su Junta de Gobierno.
La legislación relevante exige un mínimo de cinco años en un cargo de alto nivel de gobierno. No los tiene, ni se acerca remotamente a tenerlos. Alto nivel implica al menos el rango de Director General. La Mtra. Merodio lo es, en la Secretaría de Desarrollo Social, desde hace menos de año y medio.
Las justificaciones del presidente Peña Nieto al Senado para sustentar dicha postulación tienen otras medias verdades o llanas falsedades. No hay forma que dicha propuesta haya podido pasar a la firma presidencial sin influencias de enorme peso.
El silencio de miembros del Senado al respecto es también impactante, por decir lo menos. Sólo uno, el senador Juan Carlos Romero Hicks (PAN) ha hecho públicamente lo que corresponde: solicitar mayores detalles, documentados, sobre la trayectoria profesional y académica de Merodio Gómez.
¿Podría aprobarse el nombramiento? Sin duda. Algunas piruetas podrán convertir un desarrollo meritorio para una profesionista joven (31 años) en una trayectoria de “alto nivel” superior a los cinco años o los que hagan falta.
Todo sería cuestión de ampliar algunas definiciones laborales con mucha imaginación y algo de voluntad. Esto es, de la misma manera en que la Mtra. Merodio pasó en el documento firmado por Peña de ser asistente de profesor en un curso de Harvard a profesora del mismo. Un salto cualitativo inmenso que puede repetirse con similar falta de pudor.
¿Qué sería lo deseable? Que los titulares de las Comisiones relevantes del Senado, Cristina Díaz Salazar (Gobernación) y Armando Ríos Piter (Población y Desarrollo) estén analizando la propuesta de forma concienzuda, como lo amerita.
Pero la primera es miembro del PRI, y por ende no es probable que vaya contra una propuesta emanada de Los Pinos.
Ríos Piter renunció recientemente al PRD y quedó formalmente como independiente. Tiene todas las credenciales para juzgar el delicado nombramiento, no sólo por su trayectoria legislativa y en sector público, sino por ser, como Merodio, economista del ITAM y habiendo cursado estudios de posgrado en Harvard. Hasta el momento, sólo ha habido silencio por parte del guerrerense.
Haciendo a un lado lo que representaría un quebrantamiento de la legalidad, que, por supuesto no debería admitirse, ¿qué tendría de malo el nombramiento de Paloma Merodio a la Junta de Gobierno del Inegi? Todo indica que es una profesionista extremadamente capaz. Quizá sería deseable una mayor experiencia, sí, pero su juventud (y género) podrían verse hasta como una ventaja en una Junta de Gobierno actualmente sin mujeres y con abundantes canas.
Porque proviene de Sedesol, la dependencia que ha elevado a rango de pelea política la medición de la pobreza. La propuesta de que Merodio llegue al órgano máximo del Inegi no puede verse como una cuestión técnica, sino de contaminación política en una institución que se ha ganado un sólido prestigio por su trabajo. Porque la Vicepresidencia a la que va enfilada, de Información Demográfica y Social, puede verse corrompida con perspectivas subjetivas sobre lo que debe mantenerse y cambiar bajo su liderazgo.
El Inegi es, si acaso, visto por millones como un recopilador de estadísticas y productor de mapas. Su enorme relevancia, en cambio, es comparable con otro organismo autónomo en el ámbito económico: el Banco de México.
Los estándares de su funcionariado, como los del Banxico, son de lo mejor en el país. La ilegal postulación no sólo implica un escaso respeto por la importancia y prestigio del Inegi, sino el objetivo de reorientarlo hacia una posición más favorable para con los resultados de los programas sociales del Gobierno Federal.
Si el presidente Peña Nieto, y quienes lo hayan convencido de firmar esa postulación, pretendieran llevar a la Junta de Gobierno del Banco de México a una persona con exageraciones similares sobre su desarrollo profesional, y rompiendo la ley, sería un escándalo mayúsculo.
Se alegaría, con razón, que se vulnera la autonomía de la institución. Pero el Inegi bien puede muy pronto, gracias a la aprobación del Senado, abrir sus puertas a un caballo de Troya proveniente no de los griegos cansados de asediar la inexpugnable fortaleza, sino del gobierno peñista. Sería paradójico que el quinto miembro de la Junta de Gobierno sea una mal disfrazada quinta columna.
