19 de noviembre 2009

El gobierno de Alan García entregó todos los antecedentes a Chile sobre el supuesto espionaje que habría sufrido la Fuerza Aérea Peruana (FAP), esperando que la información remitida obligue al gobierno chileno a adoptar medidas.

A través de un comunicado, la cancillería limeña informó además del envío de una nota de protesta a su vecino del sur, la cual manifiesta "el más enérgico rechazo por parte del gobierno de Perú por las acciones de espionaje que se han verificado en contra de nuestra seguridad nacional".

Los documentos, que ya están en poder del gobierno chileno, incluyen el reporte que acredita transferencias desde Chile para el militar peruano acusado de espionaje por 178 mil dólares, su movimiento migratorio y las direcciones electrónicas a las que Víctor Ariza, suboficial de la FAP, habría transferido las copias de los planes estratégicos de esa rama de la defensa peruana.  

El gobierno chileno, por intermedio de su vocera, Caroliná Toha, lamentó las acusaciones e insistió en que su país no realiza este tipo de prácticas: "Nuestra posición y nuestra tranquilidad respecto de este caso, ha sido claramente planteada al gobierno peruano, en el sentido que Chile es un país serio y no tiene este tipo de prácticas y sus instituciones funcionan de acuerdo a lo que corresponde".

Tohá también condenó las declaraciones del presidente peruano Alan García quien calificó de envidiosos a los chilenos: "La firmeza de los países no se mide en el calibre de las ofensas que se le infieren a los vecinos. La firmeza de los países se mide en la consistencia de sus argumentos y se mide con sus hechos, señaló.

Ante estas declaraciones, parlamentarios peruanos señalaron que pedirán una revisión del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, en tanto que el canciller José Antonio García Belaúnde indicó que si no se adoptan medidas, evaluarán las relaciones con Chile.

Los casos de espionaje entre ambas naciones no son nuevos. En el año 2001 fueron descubiertos micrófonos en la embajada de Chile en Lima, ocasión en que tras una breve investigación el gobierno chileno dio por cerrado el caso. Este año, en tanto, las autoridades chilenas deportaron a un peruano acusado de fotografiar una base naval.

El conflicto se produce en momentos en que ambos países mantienen un litigio en la Corte Internacional de la Haya, por diferencias de interpretación de los límites marítimos.

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