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Este es el mapa de los cárteles que secuestran los ductos de Pemex

Al menos 25 estados cuentan con presencia de grupos criminales que se dedican al robo de combustible y tienen nexos con los cárteles del Golfo, del Pacífico, Zetas y Caballeros Templarios. Te contamos cómo se han extendido y han hecho crecer un negocio que mueve miles de millones de pesos.

25-05-2017, 6:30:50 AM

México y su gobierno sufren una fiebre que lo debilita desde dentro: el robo masivo de combustible. Este padecimiento fue detectado y diagnosticado hace años, pero nadie quiso hacerse responsable de la enfermedad. Hoy, este mal se ha convertido en un una mina de oro para el crimen organizado, mientras que para Petróleos Mexicanos (Pemex) representa un detrimento en sus finanzas.

El robo y fuga de combustible le ha dejado pérdidas a la petrolera por entre 780 y mil millones de dólares anuales, de acuerdo con las últimas estimaciones dadas a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En promedio, cerca de 26,000 barriles de combustible fueron sustraídos de forma ilegal cada día en 2016, lo que afectó no solo en la operatividad del sistema de la petrolera, también en la seguridad de su personal.

Los principales responsables de la ‘ordeña’ de los ductos tienen nombre: Los huachicoleros. Estos grupos criminales están relacionados con al menos cuatro cárteles: del Golfo, del Pacífico, Zetas y Caballeros Templarios, revela el informe El robo de combustible en México en el contexto del narcotráfico: Una vía alternativa de financiación, publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) del Ministerio de Defensa de España.

Sin embargo, no son los únicos involucrados con este delito. Choferes, vigilantes, operadores de bombeo e ingenieros de Pemex también han sido señalados como culpables, pero los tentáculos del robo de combustible van más allá de la Empresa Productiva del Estado (EPE). Ex policías, integrantes del Ejército y hasta pobladores de las diversas entidades en donde se extrae la gasolina están coludidos.

No resulta extraño que tantas manos estén involucradas, pues, el robo de hidrocarburos ha demostrado ser un negocio igual de rentable que el de las drogas, ya que representa la segunda fuente de ingresos del crimen organizado, afirma la agencia Efe basada en una investigación realizada con expertos en la materia.

Para Ramsés Pech, asesor en Energía y Proyectos en la consultora Caraiva y Asociados, el robo de combustible es el resultado de un problema que se supo desde su origen, pero “nadie quiso hacer nada para detenerlo y, ahora, ya se salió de control”.

Por principio, el especialista asegura que uno de los errores más graves ha sido creer que Pemex es quien debe pagar por la protección de su infraestructura, cuando esta responsabilidad recae en el Estado.

“Pemex cuenta con la tecnología para detectar en dónde están ubicadas las tomas clandestinas, pero no tiene los recursos ni el personal para impedir el robo y detener a los responsables”, advierte.

Sin embargo, Pech añade que es importe que la petrolera también asuma la responsabilidad que le corresponde, al hacer alusión que sí hubo una falta de definición por parte del gobierno en el rol que debía tener Pemex en cuanto la seguridad de sus ductos, pero la EPE no hizo más por exigir una mayor participación federal.

A todo esto, se suma un problema en el corto plazo: la ausencia de garantías en materia de seguridad puede ahuyentar la llegada de nuevas inversiones por parte de empresas extranjeras que deseen participar en la Temporada Abierta, como parte del proceso de liberación del mercado de gasolinas en México.

El mapa de los cárteles 

Entre 2011 y 2016, autoridades federales detectaron 21,368 tomas clandestinas, de las cuales 17,000 estaban ubicadas en nueve estados.

Puebla, Tamaulipas y Guanajuato encabezan la lista de las 25 entidades en donde hay presencia de los cárteles que secuestran los ductos de Pemex.

Por ahora, solo siete estados están libres de la ‘ordeña’ de estos grupos: Colima, Campeche, Quintana Roo, Guerrero, Nayarit, Baja California Sur y Yucatán.

Aunque Tamaulipas es la entidad con mayor número de tomas clandestinas, al registrar 3,394, Puebla, con 3,046, es la joya de los huachicoleros. Esto se debe a que en el estado se ubica el llamado ‘Triángulo Rojo’.

Se le conoce así a un área de unos 100 kilómetros que atraviesa los municipios de Acatzingo, Acajete, Tepeaca, Palmar de Bravo, Quecholac y Tecamachalco.

Esta zona se ha convertido en el epicentro de los enfrentamientos entre huachicoleros y militares, debido a que en este lugar pasa 40 por ciento de la gasolina que se distribuye en todo el país.

“El robo de combustibles se ha dado en las zonas más conflictivas del país, derivado de los vacíos que han dejado los gobernadores al término de sus gestiones”, asegura el abogado José Óscar Valdés Ramírez, director general del despacho Valmos & S.C.

De las 17,407 tomas clandestinas que autoridades federales han asegurado en todo el país, de enero de 2014 a enero de 2017, 2,881 se ubicaron en Puebla.

El robo de combustible no es lo único que ha aumentado en el ‘Triángulo Rojo’. Desde 2013 a la fecha, el número de los homicidios dolosos se han disparado.

Palmar de Bravo es el municipio con el mayor número de asesinatos, al pasar, de dos, en 2013, a 17, en abril de este año, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El costo de protegerse contra los huachicoleros

Los especialistas coinciden en que los esfuerzos de las autoridades por detener la ‘ordeña’ del combustible han fracasado, aun cuando se han logrado decomisar 2.6 millones de litros robados durante este año, según cifras de Petróleos Mexicanos.

A esto se suman los costos de seguridad que están detrás de la prevención de las tomas clandestinas. En promedio, Pemex paga cada hora 158,333 pesos para arreglar las perforaciones, detener el bombeo y colocar personal de vigilancia en los principales puntos de extracción, de acuerdo con la resolución 224/2016 emitida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en 2016.

Esto equivale a 3.8 millones de pesos al día y 1,408 millones de manera anual. Cabe destacar que los costos están calculados con la actual capacidad de uso de los poliductos que transportan petrolíferos que es de 26 por ciento.

El gasto fue clasificado por la Comisión como “prevención del delito” y también contempla las tarifas que se deberá pagar por el uso de los poliductos hasta 2018, tomando en cuenta el 100 por ciento de la capacidad.  Al respecto, Ramsés Pech, explica que las tarifas fueron establecidas según la ubicación del ducto y otras variables.

Si tomamos en cuenta el costo de prevención con el 100 por ciento de capacidad, que se espera una vez que el mercado de las gasolinas se libere, proteger el poliducto que corre de Ciudad Madero, Tamaulipas, a Cadereyta costaría 1.9 millones de pesos al día.

Otros de los ductos que destacan por su elevado costo son:

KM 0‐Cadereyta / 950,400 pesos al día

Madero‐KM 0 / 888,300 pesos

Minatitlán‐TAR Tierra Blanca / 781,100 pesos

TAR Tierra Blanca‐Escamela / 563,560 pesos

Escamela‐Puebla / 465,850 pesos

Salamanca‐Degollado / 429,600 pesos

Topolobampo‐Guamúchil / 430,100 pesos

Tula‐Charco Blanco / 413,040 pesos

 

Callejón sin salida

Aunque el robo de combustible le ha dejado desfalcos millonarios a Pemex, son los mexicanos quienes al final pagan el secuestro de los ductos de la petrolera. El abogado José Óscar Valdés Ramírez explica que esto ocurre a través del costo extra que asumen en cada litro y por medio del pago de impuestos.

“Es un callejón sin salida. Todos saben lo que ocurre, pero nadie hará nada, pues es un negocio que deja grandes ganancias a los que están involucrados”, argumenta el también promotor del amparo contra el ‘gasolinazo’.

El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República muestra en un análisis que la ‘ordeña’ de ductos ocasiona pérdidas económicas que superan el presupuesto asignado a la Secretaría de Energía, e incluso, al que recibe la Cámara de Diputados.

Esta práctica ilegal también exenta el pago del Impuesto Especial Sobre la Producción (IEPS), lo que deja un detrimento de 15,000 millones de pesos a las finanzas públicas del país, de acuerdo con Hacienda.

Además de la afectación a los ingresos tributarios, el secuestro de ductos a manos de los cárteles también genera un daño a la infraestructura de Pemex y al medio ambiente. 

Muchos de los ductos que son ‘ordeñados’ se encuentran cerca de comunidades, situación que pone en riesgo a los habitantes que viven en esas áreas.

Al respecto, Juan Cruz Algera , instructor de capacitación en incendios y evacuación, expone que el nivel de riesgo es muy alto, pues cuando se perfora la infraestructura, la gasolina se derrama sobre la tierra lo que hace que la superficie se vuelva vulnerable y ante cualquier fricción se genere una explosión, como ya ha ocurrido en diferentes estados.

“El momento más peligroso es la perforación, pues estos grupos criminales utilizan herramientas rústicas de metal para perforar metal, lo que produce una chispa que genera un incendio“, menciona el también bombero voluntario en Naucalpan.

Esta práctica no es algo nuevo, de hecho, el auge del contrabando de combustible creció a partir de la década del 2006, con la llegada del presidente Felipe Calderón a Los Pinos.

En su intento por desmantelar a las principales organizaciones del narcotráfico en el país, se dejó de lado el establecimiento de pequeñas organizaciones criminales dedicadas a cometer actos ilícitos, como el robo de gasolina y que, años más tarde, se unirían a las filas de los grandes cárteles. 

Para Ramsés Pech las tomas clandestinas son solo uno de los tantos problemas que Pemex ha arrastrado desde hace décadas. Desde la corrupción al interior de la empresa hasta el incremento de los precios de la gasolina que comenzó este año. “El gran dilema es que dejamos que Pemex hiciera todo lo que quiso durante años, cualquier problema se solucionaba con el presupuesto que se le asignaba. Pero, ahora estamos viendo que no puede hacerlo solo, y menos con grupos criminales como enemigos“.

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