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Qué empresas y ciudadanos tendrán que presentar su 3 de 3

Desde beneficiarios de Prospera hasta las pymes que tiene contratos con el Gobierno federal o los municipios deberán presentar sus declaraciones: fiscal, patrimonial y de interés, de acuerdo a lo legislado por el Congreso.

17-06-2016, 2:00:43 PM
Qué empresas y ciudadanos tendrán que presentar su 3 de 3
Altonivel

Profesores de la UNAM, becarios del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), estudiantes de doctorado de Conacyt, choferes de la Cruz Roja, pensionados y adultos mayores que reciben dinero del gobierno por medio de un programa social (INAPAM, por ejemplo), todos ellos sin excusa tendrán que presentar sus declaraciones: fiscal, patrimonial y de intereses.

Esto de acuerdo a la modificación realizada al Artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, durante la madrugada del miércoles pasado por el senador del PANAL, Manuel Cárdenas Fonsea, suplente de la fallecida Mónica Arreola Gordillo, y que fue aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados, y ahora está en manos del Ejecutivo. 

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El artículo citado quedó así: “Están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración de situación de patrimonial y de intereses ante las Secretarías u Órganos internos de control de conformidad con lo previsto en la presente Ley:”

1. Los servidores públicos

En el artículo 108 de la Constitución Política Mexicana se define a los servidores públicos como los representantes de elección popular, a los miembros del poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados.

En general, a toda persona que desempeñe un empleo o cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública Federal o en la Ciudad de México, así como, a los servidores del INE. Es decir que, el concepto integra a los funcionarios (empleado de confianza) y empleados de todos los niveles al servicio del Estado.

2. Quienes tengan contratos con el Gobierno

Cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de

Esto incluye a los beneficiarios de programas sociales federales (como Prospera), estatales o incluso a nivel municipal y becarios de los fondos aprobados en el Presupuesto de Egresos, como el CONACyT o miembros del Sistema Nacional de Investigadores, o financiados por cualquier otro fondo que implique recursos del gobierno.

De acuerdo con la Consejo Coordinador Empresarial se está hablando de “todas las empresas proveedoras de servicios a las entidades públicas. En Compranet existen más de 100 mil empresas registradas. No solo quienes tiene grandes contratos o licitaciones de obra pública, sino principalmente pymes.

3. Empleados de las empresas que tengan negocios con el Gobierno

Las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales que reciban y ejerzan recursos públicos. 

Es decir, si una empresa tiene un contrato con gobierno, los trabajadores deberán presentar sus declaraciones, desde el gerente general hasta los empleados de mantenimiento o mensajería.

En entrevista con Alto Nivel, el análista político y económico, Macario Schettino señala que este artículo de la ley es “inmanegable”. Pregunta: “Cómo es posible que se pida a los más de 20 millones de mexicanos del programa Prospera una declaración de intereses, cuando se trata de gente que apenas tienen para vivir o que se les pida a los empleados de Coca Cola, que seguramente le vende al Gobierno, sus declaraciones.”

¿Esto es viable?

El Consejo Coordinador Empresarial emitió un comunicado asegurando que la modificación al artículo fue “excesiva, inadecuada a los fines de prevenir y sancionar la corrupción, y completamente inaplicable en la práctica”.

Denise Dresser, politóloga e impulsora de la Ley 3 de 3, calificó la propuesta de “berrinche o venganza”. Una modificación “inverosímil” ya que obliga a los ciudadanos a ser transparentes, cuando “ya somos transparentes ante el SAT”. Esto, agrega, “solo creará una enorme burocracia”. 

Es un absurdo. Es no entender el sentido de lo que es público. Lo que implica ser un servidor público, fiduciario de dinero que no es de ellos, que es en realidad de los mexicanos”, explica.

Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en un debate radiofónico con el senador del PVEM, Juan Escudero, habló sobre lo absurdo de la ley y puso un ejemplo: “Si Microsoft le vende un software al gobierno, Bill Gates y todos sus empleados tendrán que presentar su declaración”, dijo.

A través de Twitter, el analistas Económico-Político, Macario Schettino le advirtió a los diputados que la modificación al artículo 32 puede “detener todo el ejercicio del gasto”, señaló.

Schettino explica que la modificación al artículo es una respuesta a la insistencia de los promotores de la Ley 3 de 3 a que sean públicas las declaraciones, lo que también considera un despropósito ya que la Constitución protege los datos personales. “No hay forma de que se obligue a nadie a publicitar esa información”.

Por tanto, señala que “por una parte se tiene a algunos integrantes de la organizaciones civiles que son necios porque creen que publicando los políticos sus declaraciones se van a portar bien, lo cual está comprobado que no es así, y por otro a legisladores vengativos (…) el Sistema Nacional Anti corrupción es uno de los cambios más importantes de los últimos años y no es posible que se le reste importancia por la discusión de dos artículos” (el 29 sobre publicitar la información de las declaraciones y el 32 sobre quiénes deben presentar sus tres declaraciones).

¿Qué sigue?

La académica Dresser señala: “Todos los tiene un contrato con el gobierno, váyanse preparándose para presentar sus declaraciones 3 de 3.” 

Mientras, Schettino espera que el Ejecutivo envíe de regreso la ley para que sea corregida, sino “estaremos en un problema peor”, advierte.

La ley está ahora en manos del Ejecutivo, quien tiene la facultad de veto total o parcial. De acuerdo a la legislación, si el presidente no devuelve con observaciones a la Cámara de Diputados la ley en los próximos 30 días naturales, se considerará aprobada.

Los expertos aseguran que si el presidente llegará a aprobar la ley y publicarla en el Diario Oficial de la Federación, falta la redacción de un reglamento que podría incluir excepciones o en su defecto los ciudadanos podrían ampararse por considerar que esta norma afecta su privacidad.

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