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El sucio negocio que se esconde detrás del outsourcing en México

De 900 empresas que ofrecen servicios de outsourcing en México, solo 100 tienen registro ante el IMSS y 40 pagan sus impuestos. Conoce qué hay detrás de una industria que, se calcula, supera los 4,400 millones de dólares en este país.

10-05-2017, 6:30:48 AM

Por María del Pilar Martínez 

Entre el outsourcing “bueno” y el outsourcing “malo” navegan miles de trabajadores que son subcontratados en todo el país por un tercero. Una industria que, se calcula, supera los 4,400 millones de dólares (mdd) en México.

Relaciones laborales sin contrato, salarios sin ser reportados al 100% ante instituciones como el Seguro Social (IMSS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), recibos de nómina sin timbrar o conceptos engañosos de prestaciones sociales envuelven las malas prácticas que aún privan en el mercado laboral mexicano.

La lupa del gobierno federal para ordenar este esquema de contratación empezó en 2009 con la modificación a la Ley del Seguro Social, que obliga a los patrones a reportar a los trabajadores que fueron tercerizados.

Medida insuficiente, sobre todo si se considera que la figura del outsourcing o subcontratación no estaba incluida en la Ley Federal del Trabajo (LFT), hecho que ocurrió tres años después, cuando se incorporó el concepto en la reforma laboral. A esta modernización, siguieron otros “ajustes” desde la SHCP.

“Sí ha habido avances por parte del gobierno, pero no son suficientes: falta cerrar las pinzas a través de algunas regulaciones en materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR). A la gente le cierras una puerta y busca otra”, explica Héctor Márquez Pitol, director comercial de ManpowerGroup.

Un grupo de empresas dedicadas a la tercerización, afiliadas a la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), ha detectado que hay compañías ocultas que lo único que venden entre las empresas es un ahorro, no soluciones en recursos humanos, y lejos de terminar con la evasión y elusión fiscal y de seguridad social, rompen el compromiso de dignificar la industria que busca desarrollar y fortalecer al mercado laboral mexicano.

En la industria, según un reporte de 2016 de la consultora Staffing Industry Analysts, se destaca que siguen creciendo las empresas que son desleales a la hora de competir. De 900 empresas que, en promedio, ofrecen estos servicios, solo 100 tienen registro ante el IMSS y de estas únicamente 40 pagan los impuestos correspondientes.

Las prácticas que diariamente se registran en las contrataciones laborales son pagos del salario mínimo y lo demás, por fuera, simulando cooperativas; incluso esquemas en los que pagan las colegiaturas a los trabajadores o les sustituyen la seguridad social por una póliza de gastos médicos mayores. Según abogados especialistas en el sector laboral, se ha detectado que las prestadoras del servicio de outsourcing tienen claro el modus operandi para ofrecer un buen precio por la administración de personal a los patrones.

Un ejemplo es que una empresa paga un salario de 100 pesos, pero de esos 100 acuerda con el trabajador mandar un primer recibo por 20 pesos, y sobre esa cantidad se ‘timbra’ –se declara plenamente ante Hacienda–; luego, los otros 80 pesos se le entregan de distintas maneras, como pueden ser: vales de despensa, tarjetas para el pago de gasolina, tarjetas para comprar  ropa o el pago a su nombre de seguros, colegiaturas, etc.

Esos 80 pesos que recibió el trabajador no van a pagar ISR, pero por la naturaleza del trabajo de la tercerización, que es temporal, en cuanto se va el empleado lo liquidan con los 20 pesos, que es lo que se reportó ante el fisco. Ahí es donde el empleado pierde, mientras que la empresa deja de pagar los impuestos reales sobre prestaciones.

El Fisco sigue siendo el principal perdedor en esta operación, pues el fraude es directamente al gobierno y es este el que debe cerrar la pinza. “No más pagos que no sean timbrados, así de simple”, indica Edmundo Escobar, presidente de la AMECH.

Industria deprimida

Con la reforma se dijo que el crecimiento del sector de la tercerización iba a ser mayor, tema que hasta ahora no se ha dado. “La industria crece en promedio de 5 a 7 por ciento y no ha regresado a tener un crecimiento de dos dígitos, debido al bajo crecimiento de la economía. También tiene que ver con el tema de la competencia desleal, que persiste e impide avanzar en una consolidación del sector de manera ordenada”, asegura la empresaria y especialista en reclutamiento y administración de personal, Arleth Leal Metlich.

Según la consultora Staffing Industry Analysis, solo 4.4 por ciento de las empresas de outsourcing  paga los impuestos correspondientes y, de ese grupo de compañías, la mitad permite auditorías legales y fiscales.

Mientras 18 empresas que conforman la AMECH, entre ellas Manpower (Estados Unidos) Adecco (Suiza) Randstand (Holanda) y Kelly Services (EU) tienen 160,000 empleados subcontratados, una sola compañía, llamada Grupo GIN, tiene 130,000 empleos administrados en todo el país.

Más a la lista de regulaciones

El principal desafío es ofrecer un servicio que cumpla con las actuales reformas a la Ley de Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en las cuales se establece para la subcontratación laboral la obligación, a cargo del contratista, de entregar evidencia del pago de salarios a los trabajadores, así como de las retenciones de impuestos efectuadas a los mismos y los pagos de cuotas obrero-patronales al IMSS, afirma la directora jurídica laboral y corporativa de Adecco, Claudia Gutiérrez.

Por un lado, el ojo fiscalizador del SAT obligará a las empresas de tercerización a cumplir con los cambios en las leyes del ISR y el IVA de 2017; de lo contrario, no podrán deducir los gastos que les generen. Y, por el otro, también se cocina la Norma Oficial Mexicana (NOM) ante un intenso jaloneo.

En las reuniones de la Secretaría de Economía y de la Secretaría del Trabajo hay quienes buscan de manera intensa que no se constituya como una norma obligatoria y hay quienes consideran que, si no es obligatoria, se pierde todo el sentido para obligar a las empresas a que paguen los impuestos y cuotas de seguridad social de manera adecuada.

“La propuesta que surgió hace dos años, bajo un acuerdo de la STPS y la AMECH, se fue materializando y hoy existe un borrador. Actualmente, estamos en un proceso de consultas”, refiere Márquez Pitol.

Desde octubre de 2016 se ha recomendado a las empresas dar cumplimiento a todos los candados que han puesto las autoridades, pues un tema de lavado de dinero “puede acabar con la empresa. Eso quiere decir que todas las empresas de outsourcing están siendo vistas como potenciales defraudadoras”, afirma Luis Fernando Ortiz de la Concha, socio de la firma Ortiz de la Concha.

De ahí que los retos en este sector, que en principio buscó ser reconocido como una forma de contratación real, ahora debe demostrar que los salarios y las prestaciones que otorgan a los casi 4 millones de trabajadores subcontratados son transparentes, sin evasión ni elusión; y que tampoco incurren en un tema de lavado de dinero.

Este es un extracto del texto que el autor escribió para Alto Nivel y que podrás consultar completo en la edición impresa de mayo. Busca tu revista en los principales puntos de venta, suscríbete en línea o descarga la revista digital. Sigue nuestra conversación en Twitter y Facebook.

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