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El pleito entre empresas para competirle a Telcel y AT&T

El conflicto por la licitación de la Red Compartida, que pretende dar competencia a los tres principales operadores, podría llegar a tribunales y complicar su arranque. Te contamos la historia completa.

07-11-2016, 10:38:44 PM
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La historia de este conflicto inició con el robo a un motociclista el pasado 4 de noviembre. Este hecho, por aislado que parezca, podría definir el destino próximo del mercado de telecomunicaciones en México.

Ese día, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) llevaba a cabo la apertura de las ofertas económicas de dos consorcios que buscan competir por operar la Red Compartida de México, un proyecto que detonaría el mercado de telecomunicaciones para dar competencia a Telcel, Movistar y AT&T.

Sin embargo, ese día se decidió que sólo uno de los dos candidatos seguiría en la competencia: la SCT determinó que Rivada Networks no podría seguir en la carrera por no haber presentado la garantía de seriedad según los términos establecidos en las bases de licitación de la Red Compartida, quedando como único competidor el consorcio Altan (conformado por Megacable y Axtel, entre otros).

“La garantía de seriedad se debió entregar en el acto de presentación de propuestas y Apertura de Ofertas Técnicas el pasado 20 de octubre de 2016. Conforme a la normatividad aplicable no es posible negociar o suplir las deficiencias sustanciales de las propuestas. Esta entidad tiene la obligación de mantener la igualdad de condiciones para ambos concursantes”, dijo Ezequiel Gil Huerta, director de política de telecomunicaciones y radiodifusión de la SCT.

Lo que siguió fue una tormenta de justificaciones y posteriormente, amenazas de acudir a tribunales desde la cuenta de Twitter de Declan Ganley, ciudadano de origen irlandés que actualmente dirige Rivada Networks.

Primero contó la historia del robo de documentos al motociclista de Rivada y concluyó acusando al gobierno mexicano de corrupción y anunciando el inicio de un proceso de amparo ante tribunales.

“Francamente, el proceso en México apesta, ahora se está alineando para sólo un licitador individual, no habrá competencia. #RedCompartida”, comentó Ganley en su timeline de Twitter.

Mediante un comunicado, Rivada dijo que llevaría el asunto a tribunales para evitar que sólo un consorcio (Altan) llegue a la licitación.

“El pueblo mexicano merece una verdadera competencia por esta importante iniciativa, no una coronación de un vencedor preseleccionado. Sólo consorcio de Rivada asegura una red verdaderamente neutral, libre de la influencia de los operadores tradicionales en México”, señaló la empresa estadounidense.

Juan Ludlow, director para América Latina de Rivada Networks, confirmó a Alto Nivel que el lunes 7 de noviembre por la mañana fue presentado el recurso de amparo ante un juez especializado, aunque no dio más detalles del proceso, pero indicó que “estos asientos llevarán su tiempo”.

¿Qué es la Red Compartida y qué es lo que se pelea?

La Red Compartida es un proyecto del gobierno mexicano que busca llevar servicios de telefonía conectividad móvil 4G a las zonas donde Telcel, Telefónica Movistar y AT&T no han llegado, es decir, a las comunidades más apartadas y principalmente rurales de México. Estas tres empresas están excluidas de participar por mandato constitucional.

Su desarrollo contempla que una compañía o un consorcio privado participe en el diseño, financiamiento, despliegue, operación y comercialización de sus servicios con hasta 100 por ciento de inversión extranjera directa.

La “materia prima” de este proyecto es la banda de 700 MHz, también conocida como “dividendo digital”. A nivel mundial, esta banda de espectro radioeléctrico es reconocida por la capacidad que tiene para dar cobertura a más usuarios que con las frecuencias que se usan actualmente. Esto permitiría una mayor cobertura con menos antenas, con costos hasta 50 por ciento más bajos para los operadores y por lo tanto, brindar servicios de 4G a la mayor parte de la población.

Quien resulte ganador en este proceso de licitación no dará servicio a los usuarios finales, sino que le “rentará” o arrendará su capacidad a otras empresas de telefonía y Operadores Móviles (OMVs) a un bajo precio, aumentando las opciones y con la posibilidad de dar precios más bajos.

El conflicto por conectar a México

Cuando la SCT presentó las bases previas para su licitación, unas 39 empresas expresaron su intención de participar, pero al final sólo dos consorcios empresariales presentaron su propuesta final ante la dependencia.

El primer consorcio, Altan está formado por nueve entidades entre inversionistas y empresas, entre las que destacan Axtel y Megacable y financiamiento de Morgan Stanley.

El segundo jugador, Rivada, quien actualmente promueve el litigio, está conformado por la empresa Rivada Networks y Spectrum Frontier LP, una empresa dedicada también a proveer servicios de telecomunicaciones en Estados Unidos y que conforma parte del capital requerido para el proceso. En Twitter cuenta con menos de mil seguidores y en su página indica que ha trabajado para proyectos de seguridad pública en EU.

Fernando Borjón, director general del organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL), dependiente de la SCT, explica que Rivada fue descalificado ya que el proyecto de Red Compartida debe ser analizado de acuerdo a las capacidades económicas y técnicas que requiere, pues no es sencillo enfrentar a empresas de la talla de América Móvil de Carlos Slim o a AT&T.

El funcionario detalla que Rivada tuvo que presentar la garantía de seriedad por el monto de mil millones de pesos junto con la oferta técnica desde el 20 de octubre, pero en su lugar exhibió una carta pidiendo una prórroga de cinco días.

“Estas empresas no son fáciles de producir en conocimiento ni en capacidad financiera, en un país no hay más de cinco empresas porque, perdón la expresión, los operadores no están creciendo en maceta”, dice.

En tanto, señala que los comentarios vertidos por el CEO de Rivada son desafortunados y groseros, y al final del día hablan de que no existe una seriedad para cumplir en tiempo y forma con lo establecido en las bases de licitación disponibles en la página de Compranet de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Me parece muy incongruente en que digas que en el proceso hay reglas claras y al día siguiente digas que el proceso apesta, es penoso que cuando las reglas no te favorecen descalifiques todo el proceso”, comenta Borjón.

Un retraso más

Este procedimiento legal podría retrasar por lo menos un año más la puesta en marcha de la Red Compartida, sobre todo porque ya ha presentado diversas demoras en lo que va del año.

Salomón Padilla, abogado experto en telecomunicaciones, explica que el recurso que procese es un amparo por un acto de autoridad, sobre todo si hay un proceso de suspensión emitido por el juez correspondiente.

“Si hay una suspensión y mientras no se resuelve, se puede retrasar lo que lleve el proceso legal, por lo pronto se puede decidir si hay una suspensión provisional o no, per si le dan la definitiva se puede retrasar por tiempo indefinido”, detalla.

De acuerdo con el calendario inicial dado a conocer por la SCT, a finales de este mes se debería de haber otorgado el fallo, la adjudicación y la firma del contrato de Asociación Público Privada (APP) para iniciar operaciones en 2018 y dar cobertura al 85 por ciento de la población para 2023.

Aún no queda claro si el consorcio deberá de pagar mil millones de pesos por la garantía de seriedad, además de que, de prolongarse por un litigio entre empresas, los objetivos de la Red Compartida contemplados en la Reforma de Telecomunicaciones podrían alejarse un poco más, dejando en las manos de Telcel, AT&T y Telefónica el destino próximo en un mercado que se busca más diverso.

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