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El avión presidencial y la crisis de la inversión pública

El gasto en la adquisición de un avión presidencial que no corresponde a la realidad de las finanzas públicas de México, muestra la ausencia de prioridades y las deficiencias en el ejercicio del gasto público.

12-05-2016, 5:46:45 PM
El avión presidencial y la crisis de la inversión pública
Samuel García

El gobierno de Felipe Calderón heredó a su sucesor en Los Pinos la decisión de comprar un nuevo y  moderno avión presidencial, un Boeing Dreamliner 787, a un costo de 750 millones de dólares (mdd), más los gastos de mantenimiento y diversas obras de adecuación del hangar presidencial en el aeropuerto de Ciudad de México.

La decisión tomada por Calderón durante el último año de su gobierno, incluida en el proyecto de Presupuesto 2013, fue ratificada por Enrique Peña Nieto al asumir el gobierno el 1º de diciembre de 2012.

El lujoso avión para uso del presidente de México entró en operaciones el 10 de febrero pasado, en el día de la Fuerza Aérea Mexicana, y realizó su primer viaje oficial de largo alcance el 9 de abril, en visita de Estado a Alemania y Dinamarca.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, aprobado por la Cámara de Diputados, el monto total asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional como gasto de inversión para la adquisición de la aeronave presidencial fue por un total de 6,308.49 millones de pesos (mdp); de los que 68.40 mdp serían desembolsados ese mismo año.

Sin embargo, el costo total de la aeronave fue creciendo año con año en el presupuesto público. Para 2014, el monto total asignado a la Defensa Nacional para este propósito se incrementó a 6,547.37 mdp; mientras que en 2015 este  costo ya ascendía a 6,769.99 mdp. Para este 2016, el costo total de la compra es de 6,983.25 mdp. De acuerdo a los presupuestos anuales, entre 2013 y 2016 el costo total de la compra del avión presidencial se ha incrementado en 674.8 mdp.

Mucho se ha cuestionado, desde la perspectiva del uso eficiente de los escasos recursos públicos, si la compra de esta aeronave de última generación –y no otra– era imprescindible para transportar al presidente de México; incluso tomando en cuenta que esta aeronave requería inversiones adicionales en la infraestructura de un aeropuerto que en cuatro años más quedará en desuso.

La respuesta evidente es que no. Pero esta decisión es solo un botón de muestra de la ausencia de prioridades y de las deficiencias en la planeación y en el ejercicio del gasto público, sin dejar de señalar las abundantes muestras de opacidad y de corrupción en la política de gasto en los tres niveles de gobierno, en las empresas estatales y en los organismos autónomos. 

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El fracaso del gasto de inversión

El gobierno de Peña Nieto ha fracasado en estos primeros tres años en su política de gasto y, particularmente, en el gasto de inversión pública. La inversión pública no solo no ha contribuido al magro crecimiento económico producido, sino que ha caído consistentemente en los últimos años. El año pasado cayó 6.5%, al nivel más bajo de los últimos 22 años; en los últimos seis, desde 2010, ha promediado una tasa anual de crecimiento de -4.2%.

Con estas cifras no es exagerado afirmar, entonces, que el diseño y la implementación de la política de inversión pública ha sido un fiasco en estos primeros tres años del gobierno, máxime cuando al inicio del sexenio Peña Nieto ondeó la bandera de la inversión pública, y de la infraestructura en particular, como una palanca del crecimiento y del bienestar futuro de los ciudadanos.

El discurso oficial de Los Pinos no solo se quedó en el tintero, sino que su malograda ejecución, aunada a conocidos casos de corrupción en el ejercicio de la inversión pública a nivel federal, estatal y municipal, afectó el desempeño de importantes sectores económicos e incluso de empresas proveedoras del propio gobierno. Allí están casos como los llamados ‘moches’, asignados en el presupuesto a legisladores para obras de desarrollo urbano en los municipios; la grave desinversión que han sufrido Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad o los casos de contratistas ‘favoritos’ del gobierno federal, como Grupo Higa y la constructora española OHL.

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El recuento de los últimos tres años ha arrojado malos resultados para la inversión pública. En 2013, el subejercicio del gasto público y, particularmente de la inversión física del sector público, repercutió en el raquítico crecimiento de la economía. En 2014, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mostraron, trimestre a trimestre, una caída consistente de la inversión pública, a pesar de que las cifras de la Secretaría de Hacienda decían lo contrario. El hecho es que los criterios metodológicos que utiliza INEGI para contabilizar la inversión, apegados a las convenciones internacionales, generan mucha más confianza que los utilizados por Hacienda y que dejan una estela de sospechas. En 2015, la inversión pública entró en una verdadera crisis, con una caída de 6.5% en términos anuales, misma que se profundizará en este año y se extenderá hacia 2017.

Es sabido que la inversión es el motor del crecimiento económico de un país y la inversión pública es crucial para multiplicar el potencial de crecimiento de una economía en el largo plazo.

Invertir recursos públicos en puertos, carreteras, aeropuertos, infraestructura urbana, ferrocarriles, escuelas, hospitales, etc. no solo sienta las bases para una mayor competitividad y productividad de la economía, sino que también expande los beneficios de una mayor y homogénea rentabilidad social en territorio nacional.

Pero eso no ha ocurrido en estos últimos años. Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015 –es decir, en los primeros tres años del actual gobierno–, el valor de la formación bruta de capital fijo o FBCF (que no es otra cosa más que el incremento en la producción de los bienes duraderos que producen otros bienes y servicios), medido a precios constantes con cifras ajustadas por estacionalidad, cayó 14%, según INEGI. Dicho de otro modo, se deterioró la capacidad del sector público para incidir en la producción de bienes y servicios en el futuro.

Ya en el primer trimestre del actual sexenio, la FBCF había resentido una fuerte caída de 5.4% en términos anuales, caída que fue el presagio de 11 trimestres –de 12 transcurridos– con crecimientos negativos. Lo que es peor: los anunciados recortes al gasto público el año pasado por el Ejecutivo federal ahondaron aún más los graves efectos sobre la inversión pública: en el tercer trimestre de 2015, la FBCF cayó 10.4% y en el cuarto trimestre del año pasado la caída alcanzó -11.3%.

Las cifras muestran la gravedad del problema hacia los próximos años. El diseño de estrategias y la ejecución eficiente de la inversión pública en infraestructura no es un capricho ni un asunto de ideologías. La construcción, que es el corazón de la infraestructura pública, tiene importantes consecuencias sobre el crecimiento, ya que en México representa casi 70% del total de la inversión fija bruta.

Pues bien, el valor de la construcción con recursos públicos cayó 4.5% en términos anuales en enero pasado y 12.8% en los últimos tres años a precios constantes. Hay rubros de la construcción en el sector público cuya caída es dramática, como el de hospitales y clínicas, que presenció una caída de 48.2% entre enero de 2013 y enero de 2016; o la caída de 24.6% en la construcción de infraestructura para generación y distribución de electricidad.

Incluso el valor de la construcción pública en aquellas obras –como las carreteras y caminos– sobre las que el gobierno federal presume tanto en los medios de comunicación, gastando millones de pesos en su divulgación, muestra fuertes caídas según los reportes de INEGI. El valor de la construcción de carreteras, caminos y puentes con recursos públicos cayó 17.1% a precios constantes, entre enero de 2015 y el mismo mes de 2016. En lo que va del sexenio la caída es de 33.4%.

De las críticas a la perspectiva negativa

Los capitales extranjeros desde hace algunos meses comenzaron a ver con desconfianza que las finanzas públicas mexicanas se iban deteriorando al nivel de ‘riesgo México’, como lo muestra la evolución reciente de los seguros contra riesgos de impago (CDS en inglés). La frágil situación financiera de Pemex es una de las causas y el fuerte deterioro del déficit público es otra más.

De las críticas del arranque del sexenio se ha pasado a una perspectiva negativa para México, con incrementos en los niveles de riesgo de su deuda.

El gasto de inversión en la adquisición de un avión presidencial costoso, el cual no corresponde a la realidad de las finanzas públicas de nuestro país, es solamente un ejemplo de cómo se puede gastar mal el dinero de los contribuyentes.

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*Este es un extracto del texto que el autor escribió para Alto Nivel y que podrás consultar completo en la edición impresa de mayo. Busca tu ejemplar en los principales puntos de venta, suscríbete en línea o descarga la revista digital. Sigue nuestra conversación en Twitter y Facebook.

 

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