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Crónica de una lucha inconclusa contra la inseguridad en la CDMX

Desde que la Ciudad de México tuvo oportunidad de elegir a sus gobernantes, ha emprendido una lucha contra la inseguridad. Este es un recuento de los esfuerzos que se han hecho en la materia.

05-07-2017, 6:35:42 AM

Dos jóvenes caminan entre los autos que esperan la luz verde del semáforo. Están armados y asaltan automovilistas. La cámara del programa de televisión Ciudad Desnuda capta la escena desde algún punto de la colonia Buenos Aires y la transmite al aire. Unos días después la policía capitalina lleva a cabo un operativo en la zona. Arrestan a seis a jóvenes. Desaparecen. Al cabo de los días, sus cuerpos son hallados en bolsas de plástico negro, amordazados y con signos de tortura. Tres por el rumbo de Tláhuac y el resto camino al Ajusco. Habían sido acribillados.

En septiembre de 1997, el caso Buenos Aires se convierte en la frontera entre el antes y el después en el tema de la inseguridad en la Ciudad de México. Desde entonces será una prioridad en la agenda de los gobiernos perredistas, que incluso lograron el triunfo en las elecciones locales de 2012 –quién lo diría– con un procurador de Justicia como candidato: Miguel Ángel Mancera.

El pasado militar

Al cabo de la regencia de Óscar Espinosa Villarreal, en 1997, la capital podía presumir los más altos índices de inseguridad en el país: 3.5 homicidios, 3.7 violaciones y 155 robos de auto entre las 654 denuncias que en promedio se presentaban al día.

En Iztapalapa los militares patrullaban las calles y al frente de la entonces Secretaría de Protección y Vialidad del DF había un general: Tomás Salgado Cordero, quien arribó como la quinta y última carta del sexenio para resolver el problema de la inseguridad en la capital.

Antes que él habían pasado por el cargo Javier García Paniagua –con un pasado en la Dirección Federal de Seguridad que encabezó Miguel Nazar Haro–, Santiago Tapia Aceves –acusado de haber dejado en libertad a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera–, René Monterrubio y David Garay –quien dejó el cargo debido a un operativo violento contra maestros.

Con la llegada de Salgado, el entonces Distrito Federal se convirtió en la primera ciudad del país en solicitar la presencia del Ejército para abatir la delincuencia y 21 altos manos ocuparon cargos importantes. Entre ellos, el general de brigada Roberto Dawe (posteriormente relacionado con narcotráfico) como responsable de la Unidad Especial de la SSP; el general de división diplomado del Estado Mayor Javier del Real Magallanes como director ejecutivo de Políticas de Seguridad Pública; el general Felipe Bonilla como director de Operativos, y el general Valentín Romano López como director de la Policía Bancaria e Industrial.

Años después, algunos de ellos siguieron relacionados con tareas de seguridad pública, como Del Real Magallanes, quien se convirtió subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la SSP federal, y Romano López, quien ocupó la secretaría de Seguridad Pública en Durango.

Pero en aquel año su presencia en la Ciudad de México no hacía más que levantar polémica, sobre todo después del caso Buenos Aires. Su actuación se convirtió en un tema recurrente de discusión en la Asamblea Legislativa, en la que ya había una Comisión de Seguridad que no tenían ni la Cámara de Diputados ni el Senado.

La seguridad, pues, era un tema prioritario en la capital del país. Tanto que en la reforma política de 1996 el Congreso la mantuvo como facultad del Ejecutivo federal, lo que obligó a los jefes de Gobierno a someter a consideración del Presidente en turno el nombramiento de los responsables de la SSP y la Procuraduría local.

Las 10 esquinas más peligrosas de la Ciudad de México

El caso Stanley, la prueba no superada

Cuauhtémoc Cárdenas, el primer jefe de gobierno elegido por voto en la capital, puso a consideración del entonces presidente Ernesto Zedillo el nombramiento de Rodolfo Debernardi y de Samuel del Villar como titulares de la SSP y la PGJDF.   

Debernardi apenas duró un año en el cargo, que tuvo que abandonar luego de la violación de varias jóvenes en Tláhuac por elementos de la Policía Montada. A su lugar llegó Alejandro Gertz Manero, abogado, académico y empresario, quien fue la apuesta de Cárdenas para intentar transformar el rostro de una de las corporaciones más desacreditadas del país.

Durante su gestión “reveló” la existencia de La Hermandad, una especie de “cofradía” que al parecer controlaba la corporación mediante el tráfico de influencias y la imposición de mandos. Su existencia nunca se pudo comprobar, pero hubo incluso informes internos con nombres y apellidos de los mandos que supuestamente formaban parte de esta “mafia”.

Gertz también destapó la corrupción en la Policía Bancaria e Industrial, la cual vende servicios de seguridad a particulares. Allí reveló malos manejos en la administración de los recursos y las prestaciones de los elementos.

Al concluir su gestión, en 2000, Gertz se convirtió en el secretario de Seguridad Pública federal de Vicente Fox y tuvo que hacer frente a la fuga del Chapo Guzmán. Su desempeño en el DF, sin embargo, se diluía al lado de la figura del procurador capitalino Samuel del Villar.

Su etapa como procurador estuvo marcada por la controversia desde su inicio. Primero desenvainó la espada contra ex funcionarios del DDF, entre ellos el propio ex regente Espinosa Villarreal y su ex director general de Transporte, Fernando Peña Garavito, acusados de administración fraudulenta y ejercicio indebido del servicio público. Al final los dos quedaron exculpados.   

Pero el caso que puso a prueba a Cárdenas y su procurador fue el asesinato del comediante Paco Stanley, el 7 de junio de 1999. Este caso enfrentó al gobierno local con el poder de las televisoras y lo puso bajo metralla de las críticas. Las inconsistencias, al final, derrumbaron las acusaciones contra Mario Rodríguez Bezares, Paola Durante, Erasmo Pérez Garnica y hasta los hermanos Amezcua, encarcelados en el DF por narcotráfico.

El asesinato de Stanley cobró dimensiones nacionales al combinar el narcotráfico, la política y el espectáculo, pues la investigación involucró a funcionarios y personajes de todos los ámbitos, reveló la relación del comediante con el narco y los “favores” que recibió de la Secretaría de Gobernación al otorgarle una licencia para portar armas sin cumplir las normas.

Del Villar falleció en 2005 sin haber visto concluido el caso, que terminó mal para todos y dejó saldo negativo en la percepción ciudadana respecto de la inseguridad, a pesar de que los índices de delincuencia cedían terreno por primera vez en años.

Giuliani, los secuestros y el linchamiento

Con Andrés Manuel López Obrador llegaron Leonel Godoy a la SSP y Bernardo Bátiz a la PGJDF. El nuevo jefe de Gobierno inauguró las reuniones de seguridad matutinas y reestructuró a las dependencias en coordinaciones territoriales.

La seguridad, por cierto, fue uno de los primeros terrenos de enfrentamiento entre los gobiernos de López Obrador y Vicente Fox, quien rechazó el nombramiento de Francisco Garduño como relevo de Godoy en la SSP, luego de que este último renunció para sumarse al gobierno de Lázaro Cárdenas Batel en Michoacán.

Así llegó a la SSP Marcelo Ebrard, quien se había desempeñado como secretario de Gobierno durante la regencia de Manuel Camacho Solís.

Ebrard, quien había sido candidato al gobierno local por el Partido del Centro Democrático y al final declinó en favor de López Obrador, trajo a la capital el alcoholímetro y los servicios del ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien había logrado abatir el crimen en aquella ciudad con el programa Cero Tolerancia. De acuerdo con información de la prensa de Estados Unidos, Giuliani visitó el DF cada tres meses durante el año que duró su contrato, cuyo costo nunca se reveló en México, pero se presume que sumó 450 millones de pesos.

Ni con las estrategias de Giuliani pudo el gobierno capitalino hacer frente al delito que mantenía en vilo a los habitantes de la Ciudad de México: el secuestro, sobre todo en su modalidad “express”. Sólo en 2002, la Procuraduría capitalina había reconocido 167 casos, mientras las autoridades federales reportaban 137. El baile disparejo de las cifras, como siempre.

Ebrard no pudo concluir su gestión al frente de la SSP. En noviembre de 2004, una turba en Tláhuac quemó vivos a dos agentes de la Agencia Federal de Investigación. La gente, aseguraron entonces, los confundió con delincuentes al sorprenderlos tomando fotos a niños frente a una escuela.

El caso se convirtió en un episodio más de choque entre Fox y López Obrador, que no quiso relevar a Ebrard. Este al final tuvo que salir de su despacho destituido por el presidente.

Ningún esfuerzo parecía suficiente para cambiar la imagen de la capital en materia de seguridad y combate a la delincuencia. Como consecuencia, en 2004 un grupo de organizaciones civiles convocaron a una marcha contra la inseguridad, que reunió a miles a largo del Paseo de la Reforma hacia el Zócalo. “La marcha de los pirrurris”, la llamó López Obrador, convencido de que se trataba de una estrategia más para atacar su administración.

Esta manifestación no había sido la primera. Antes, en noviembre de 1997, otra marcha había sido convocada ante un incremento de 64% en los índices delictivos en el país, entre 1994-97, lo que coincidió con la crisis económica del “error de diciembre”. No había un antecedente de esta magnitud en tan corto periodo, apuntó entonces un informe del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.

Todavía hubo una tercera en agosto de 2008, ya con Marcelo Ebrard como jefe de Gobierno y en escalada la ofensiva contra el narcotráfico en el país. La llamaron Iluminemos México y al frente de la convocatoria estuvieron, entre otros, Isabel Miranda de Wallace y el empresario Alejandro Martí. Los dos habían perdido a sus hijos en secuestros y los dos habían emprendido la batalla contra la inseguridad desde la sociedad civil. El reclamo de Martí ya era compartido: “¡Si no pueden, renuncien!”

La ciudad más segura del país

Marcelo Ebrard dejó atrás la “austeridad republicana” de su antecesor y emprendió un programa de inversión y tecnología para reforzar la seguridad en la capital, que arrancó en 2008 con el nombre de Ciudad Segura.

Mediante este programa las autoridades incrementaron el presupuesto en seguridad de 7,200 millones en 2006 a 11,682 en 2012. Con estos recursos instalaron en el DF cinco centros regionales de control y comando, 13 mil cámaras de vigilancia, renovaron equipos, reforzaron la capacitación de policías y reestructuraron la vigilancia con la estrategia de Policía de Proximidad.

En medio de un escenario de violencia nacional, la capital pudo remontar la inseguridad y pasar del lugar 3 al 17 en el país en el delito de secuestro (que se redujo 62%), bajar 21% el robo de vehículo para ubicarse en el lugar 17 nacional y lograr así la cifra más baja en los 19 años anteriores.

Las cifras oficiales las confirmó entonces el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, que al presentar su quinto informe reveló que de 2010 a 2012 el índice delictivo disminuyó en el DF al pasar de 15,912 delitos a 13,319, una reducción de 2,593. Mientras en el país la tasa delictiva creció 10.1%, en la capital bajó 4.2% durante el último año de la administración de Ebrard.

De acuerdo con aquel informe, entre 2010 y 2012 retrocedieron los delitos de robo a pasajero de taxi, robo a microbús, robo a transportista, secuestro y violación. Sin embargo, aumentaron los delitos relacionados con armas de fuego, y su principal dolor de cabeza fue el robo a casa habitación.

Las encuestas de Parametría expusieron que el gobierno de Ebrard alcanzó niveles de aprobación superiores a los del Gobierno Federal, sobre todo por su gestión en seguridad. Pero un episodio opacó todo: el caso de la discoteca New’s Devine, en donde murieron 9 jóvenes de la delegación Gustavo A. Madero y tres policías, a consecuencia de un mal planeado operativo que se llevó a cabo en junio de 2008. Este episodio obligó la renuncia de Joel Ortega, titular de la SSP, y de Rodolfo Félix Cárdenas, procurador de Justicia.

Miguel Ángel Mancera fue el relevo de Félix Cárdenas en la PGJDF, y allí recibió la nominación como candidato a la jefatura de Gobierno del DF aun sin ser perredista.

A pesar de su pasado como procurador, su administración ha brillado poco en materia de seguridad. Sobre todo en el último semestre que aumentaron delitos como el homicidio y robo. Las autoridades capitalinas se defienden y aseguran que ha habido logros. Pero no los suficientes para revertir la percepción de inseguridad de los capitalinos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad (Envipe), elaborada cada año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el porcentaje de habitantes que percibió inseguridad en su entorno pasó de 78.5% en 2015 a 84.6% el año pasado. Esto significa que casi 85 de cada 100 capitalinos no se siente seguro ni en su colonia, de acuerdo con el Inegi.

En el ánimo ciudadano están más presentes las fotomultas, el silbato contra el acoso (el llamado “pito de Mancera”) y el fracaso en la investigación del caso Narvarte (que involucró el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y de 4 mujeres: Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Mile Virginia Martín) que las discretas políticas para atacar la violencia en la Ciudad de México.

A pesar de todo, los índices delictivos en la Ciudad de México siguen por debajo de las cifras que alcanzó la delincuencia durante la última regencia de Espinosa Villarreal.

El delito al día:

Promedio de denuncias por día

Espinosa Villarreal: 654.

Cárdenas y Robles: 585

López Obrador y Encinas: 408.

Marcelo Ebrard: 457

Mancera: 502

 

Robo de automóvil

Espinosa Villarreal: 155

Cárdenas y Robles: 125

López Obrador y Encinas: 70.

Marcelo Ebrard: 51

Mancera: 32.1

 

Homicidios

Espinosa Villarreal: 3.5

Cárdenas y Robles: 2.3

López Obrador y Encinas: 1.9

Marcelo Ebrard: 2.1

 

Principales leyes en seguridad

 

Oscar Espinosa Villarreal
1993: Ley de Seguridad Pública para el DF

1996: Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar

 

Andrés Manuel López Obrador

2003: Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito

2004: Ley contra la Delincuencia Organizada para el DF

2005: Ley de Seguridad Privada

 

Marcelo Ebrard

2007: Ley de Justicia para Adolescentes

2008: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

2008: Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual Comercial Infantil

2008: Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública

2011: Ley de Ejecución De Sanciones Penales

2011: Ley de Justicia Alternativa del TSJDF

2011: Ley de Protección a las Víctimas del Delito de Secuestro

2011: Ley Orgánica de la PGJDF

2011: Ley Orgánica de la SSP-DF

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