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Constructores se suman al rechazo contra acuerdo de Peña Nieto

La AMIC dijo que el acuerdo del gobierno no considera ni brinda apoyo a las mipymes y asegura que no existen directrices para impulsar la generación de empleo en el sector.

10-01-2017, 4:25:55 PM
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La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) se sumó al rechazo contra el acuerdo firmado este lunes por el presidente Enrique Peña Nieto y una parte del sector empresarial a favor de la economía familiar.

Francisco Javier Gallo Palmer, Presidente Nacional de la AMIC, declaró en un comunicado que las micro, pequeñas y medianas empresas de la construcción no fueron representadas en el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, por lo que hizo un llamado a realizar una consulta nacional en donde se incluya a este sector.

Asimismo, precisó que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien suscribió el acuerdo, no representa a las mipymes constructoras, ya que consideró que el organismo “solo representa algunos organismos empresariales”.

“El Acuerdo es un limitado intento por mitigar el efecto negativo del alza de los precios de las gasolinas en la economía de las familias, hecho de manera precipitada y sin sustento, que no refleja la realidad de la economía del país”, manifestó Gallo Palmer en el comunicado.

Peña Nieto anunció el acuerdo para evitar incrementos “injustificados” de precios de alimentos, bienes y servicios derivados en buena parte por el aumento de los precios de las gasolinas y diesel este mes, sin embargo no dio detalles de inversiones previstas ni lapsos para ejecutar los programas.

La AMIC calificó de “inexistente” la estabilidad económica que desea mantener el gobierno federal, ya que se aprecian los errores políticos con gastos improductivos, financiados con una enorme deuda pública y alza de impuestos.

“Me apena que el gobierno federal reconozca que no ha tenido una administración clara y transparente, y que es a partir del ‘Acuerdo’ que implementará medidas de transparencia a cuatro años de haber iniciado su administración.”

La Asociación propone a la actual administración una serie de medidas que a continuación reproducimos:

  • Generar una consulta nacional directa a las micro, pequeñas y medianas empresas y al sector empresarial mexicano en su conjunto, para que sean escuchadas, atendidas y consideradas, ya que ello redundará en generar propuestas y compromisos de soluciones concretas para la viabilidad y permanencia de estas mipymes, impactando como indicador real de fortalecimiento de la economía nacional.
  • Modificar los lineamientos de operación del Infonavit y FOVISSSTE, para permitir que cualquier pequeño constructor, pueda ofertar vivienda a través de los organismos sin tantas restricciones como se les impone en este momento. Los lineamientos actuales benefician a las grandes empresas, que buscan invertir sus recursos en condiciones costo-beneficio de economías de escala construyendo en los grandes núcleos de población, dejando desprotegidos los municipios pequeños donde hay poca población con dichos créditos, que no pueden ejercerlos en su lugar de residencia por no existir oferta de vivienda.
  • Promover la inversión privada en la infraestructura básica con apoyos financieros a las mipymes de la construcción, que les permitan participar en el desarrollo de obras en beneficio de las comunidades que no cuentan con servicios básicos, creando condiciones jurídicas a través de APP’S y PP’S que garanticen a los empresarios recuperar sus inversiones.
  • Establecer comités ciudadanos que intervengan en priorizar las obras, analizar proyectos, verificar presupuesto reales y supervisar la ejecución concreta de los trabajos e inversiones para dar la oportunidad a la sociedad organizada de vigilar la aplicación de los recursos públicos en la infraestructura del país.
  • Definir y hacer públicas las reglas de operación que regulen las acciones de impulso a la inversión y empleo, a través de la Banca de Desarrollo, el Fondo Nacional de Infraestructura y las Asociaciones Público Privada, con la finalidad de eliminar cualquier opacidad en los programas de apoyo de impulso a la economía de las mipymes de la construcción.
  • Incorporar a los testigos sociales para garantizar la transparencia de la administración pública, ampliando las posibilidades para su participación en obras desde los mil salarios mínimos y no hasta los 10 millones de salarios que representan 800 millones de pesos establecidos en la actualidad, simplificando la normatividad para obtener los registros ante la Secretaría de la Función Pública.
  • Propiciar el ejercicio de la libertad en la sociedad civil organizada para conformar Contralorías Sociales, con la finalidad de erradicar la corrupción mediante acciones de vigilancia, seguimiento, evaluación y dictamen que permita sustentar observaciones integrales de la calidad y eficacia de la obra pública, ante la Secretaría de la Función Pública.
  • Suprimir, de manera inmediata, las prerrogativas de los diputados federales para ejecutar obra de forma discrecional a la cual tienen derecho por 20 millones de pesos, sumando un monto total de 10 mil millones de pesos anuales los 500 diputados federales, sin satisfacer ninguna normatividad de las leyes vigentes en la materia que la haga viable.

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