Ayotzinapa: Las razones detrás de la herida abierta

La noche del 26 de septiembre de 2014 algo en México se quebró. Aquella que se ha convertido en la noche más triste de este gobierno desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Guerrero, y se abrió una indagatoria que después de 731 días ante la incapacidad del Estado sigue sin dar respuestas a las preguntas: ¿Dónde están los normalistas? ¿Dónde los culpables? ¿Fue el crimen organizado o fue el Estado?

Hace dos años, un centenar de estudiantes de la normal de Ayotzinapa viajaron a Iguala, Guerrero, y tomaron autobuses para viajar a la Ciudad de México con el objetivo de participar en la marcha del 2 de octubre, el día que se conmemora la Matanza de Tlatelolco de 1968.

En Iguala, 43 estudiantes desaparecieron tras ser atacados por policías municipales, fueron secuestrados, y de acuerdo a la versión oficial, entregados a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron. ¿Por qué los policías municipales entregaron a los estudiantes a un grupo criminal?

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La última línea de investigación

En el último reporte de la Procuraduría General de Justicia, Alfredo Higuera, titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, aseguró que derivado de la cruza de información de cientos de llamadas de policías y otros funcionarios la noche de los hechos se investiga la participación de policías estatales y federales en el caso. Se han retomado 100 declaraciones de 39 policías ministeriales y 19 policías federales que podrían estar involucrados en el caso, aunque hasta ahora ninguno ha sido detenido.

A la luz de los últimos informes de los expertos y de otros especialistas, la Oficina de Investigación del Caso Iguala analiza, entre otras líneas de investigación, si los estudiantes pudieron haber sido separados en grupos y llevados a distintos lugares. En concreto se está aplicando la tecnología LIDAR para ubicar posibles fosas en un radio que abarca por lo menos cuatro municipios en Guerrero: Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco.

Además están en busca de un personaje nombrado el “Caminante”, a quien unos 20 policías estuvieron llamando decenas de veces durante las 21:00 horas del 26 de septiembre y las 01:00 del 27 de septiembre de 2014, tiempo durante el que los estudiantes eran atacados y detenidos en las calles de Iguala.

Mientras el gobierno mantiene la investigación abierta ante un expediente de más de 240 tomos, 422 resoluciones judiciales, con 850 declaraciones, mil 651 actuaciones periciales, esta tarde se realizará la XXIV Jornada de Acción Global por Ayotzinapa, una movilización de los padres de los normalistas del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

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En Alto Nivel te hacemos un recuento de las versiones encontradas que mantiene la herida abierta:

La versión oficial o la “verdad histórica”

Jesús Murillo Karam, el entonces Procurador General de Justicia (PGR), aseguró en enero de 2015, cuatro meses después de los trágicos sucesos, que los 43 estudiantes habían sido asesinados y quemados por sicarios del narcotráfico en un basurero ubicado en el municipio de Cocula, cerca de Iguala, y sus restos tirados al Río San Juan.

Murillo Karam aseguró que la policía municipal persiguió a los estudiantes por orden del presidente municipal, José Luis Abarca, y fueron entregados al grupo criminal Guerros Unidos, que los confundió con integrantes de otro grupo criminal, Los Rojos, y los exterminó quemándolos en el basurero y tirando sus cenizas al río. Esa hipótesis fue la llamada “verdad histórica”.

El funcionario fue destituido de su puesto en febrero de 2015 y el presidente Peña Nieto le dio el cargo de secretario de Desarrollo Agriario, Territorial y Urbano hasta agosto del mismo año. La investigación fue revisada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que emitió 47 observaciones y propuestas a la PGR; y por cinco especialistas que formaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), establecido a partir de la asistencia técnica solicitada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que formuló 941 peticiones.

Las versiones de expertos externos, que reunieron evidencias y testimonios, concluyeron que los estudiantes .no pudieron haber sido quemados en el basurero de Cocula, pues no había indicios de que se hubiera realizado un incendio de la magnitud necesaria para quemar un cuerpo. Además señalaron que la versión oficial se había desprendido que confesiones sacadas bajo tortura.

Otras líneas de investigación que salieron de la investigación del GIEI son: 1) que uno de los autobuses tomados por. los estudiantes transportaba heroína del grupo criminal Guerreros Unidos, sin que los estudiantes lo supieran, cargamento que pudo a ver sido motivo para que el grupo criminal atacará a los estudiantes; y 2) que el 27 Batallón del Ejército vio la persecución y detención de los estudiantes y no actuó. El GIEI intentó interrogar a los soldados el Ejército, pero fue obstruido por el gobierno de México.

Además determinó que la desaparición de los estudiantes formó parte de un vasto operativo en el que participaron policías municipales de varias localidades alrededor de Iguala, así como estatales y federales que nunca habían sido indagados.

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El funcionario cuestionado

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que se trató de un caso de desaparición forzada. También una posible manipulación de evidencia por parte de un alto funcionario de la Procuraduría General de la República.

En concreto, se acusó a Tomas Zerón, entonces brazo derecho de Murillo Karam en la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de manipular las diligencias que condujeron a la identificación mediante un pequeño resto óseo de Alexander Mora Venancio, el único encontrado y enviado a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para ser analizado y confirmar su muerte.

La investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes mostró un video del 28 de octubre de 2014 en que se puede ver a Zerón y uno de los responsables del multihomicidio, Agustín García, alias El Chereje, en el Río San Juan, donde habrían sido quemados los estudiantes por sicarios de los Guerreros Unidos, mostrándole la escena del crimen, todo violando los protocolos de investigación.

El funcionario excarceló a un acusado sin autorización del Ministerio Público; impidió que el inculpado fuera acompañado de su abogado defensor; ordenó a los peritos inspeccionar la zona vecina de Río San Juan sin contar con una orden ministerial; no incorporó al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) como el presidente había acordado con los padres de los desaparecidos; no registró esta diligencia en el expediente judicial y mintió al decir que fue acompañado de personal de la ONU.

Entonces quedó abierta la pregunta: ¿De dónde sacó Tomás Zerón los huesos de Alexander Mora Venancio que asegura “encontró” en el Río San Juan?

Pese a todo esto, Tomás Zerón fue removido de la AIC solo para ser ascendido a la secretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional, que coordina esfuerzos de la Defensa Nacional, la Marina, el Cisen, la Secretaría de Gobernación y el resto de agencias responsables de la inteligencia civil y militar del país.

731 días de suplicio

Los expertos derribaron la “verdad histórica”, mantuvieron abierta la investigación y abrieron el camino para que se investigaran a diferentes niveles de autoridades (municipales, estatales y federales), además de que se aplicara el uso de tecnología y pruebas objetivas.

En México existen casi 28 mil desaparecidos. Los padres y madres de los 43 normalistas han colocado este tema en la agenda estos dos años a través de las movilizaciones y 730 días de suplicio de no saber del paradero de sus familiares, sin embargo, han mantenido sus protestas y exigencias para que funcionario como Tomás Zerón sen destituidos, pues solo profundizan la desconfianza en las instituciones de seguridad.

El caso sigue abierto ante un panorama desalentador e incierto. “No podemos (…), por la naturaleza misma de un trabajo de investigación, el establecer un tiempo para la conclusión del tema” aseguró Higuera, en una entrevista realizada por Reuters el 13 de septiembre de 2016.

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