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8 acciones populistas y cuestionadas de Enrique Peña Nieto

Varias acciones del gobierno de Enrique Peña Nieto podrían considerarse populistas porque son clientelistas, paternalistas y buscan ganar el favor y el voto de la población. Lo peor es que estas acciones las pagamos todos con nuestros impuestos.

13-07-2016, 8:44:01 PM
8 acciones populistas y cuestionadas de Enrique Peña Nieto
Francisco Muciño

El 30 de junio, en una conferencia de prensa conjunta con Barack Obama y Justin Trudeau, el presidente Enrique Peña Nieto reencendió la discusión sobre el populismo al criticarlo como una forma discursiva para ganar electores. Al parecer, olvidaba que su propio gobierno podría considerarse populista.

Porque el populismo también se puede ejercer desde el poder, mediante acciones clientelistas y paternalistas, respaldadas por una estructuración de políticas de corte asistencialista, cuyo fin último es ganar el voto de la población.

“Los gobiernos, cuyos horizontes políticos son acotados, suelen rehuir las inversiones de largo plazo (…) Si reciben ingresos inesperados, podrían verse tentados de repartir las rentas entre su electorado actual, en lugar de arriesgarse a que otros asignen los recursos de otra manera el día de mañana. A este problema se suma el hecho de que los gobiernos tienden a gastar de forma ineficiente”, explica el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el estudio “Cómo América Latina y el Caribe pueden ahorrar más y mejor”.

Estas acciones tienen cargo al erario y tienden a volverse más onerosas, dice Guillermo Barba, economista de la Escuela Austríaca y experto en mercados de oro y plata. “La gente se acostumbra y quiere más y más a cambio del voto. Lo malo es que no hay nada gratis: todo lo que gasta el gobierno proviene de la propia gente que sostiene su gasto.”

De acuerdo con esta definición, varias acciones del gobierno de Enrique Peña Nieto podrían considerarse populistas. Te mostramos ocho que han sido cuestionadas en lo que va de su mandato:

 

1. Entrega de televisiones en año electoral

El 31 de diciembre de 2015 era la fecha límite para que se concluyera el apagón analógico, con el objetivo de que la población se beneficiara de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y las televisoras tuvieran más opciones para transmitir contenidos.

Para cumplir con el apagón analógico, el gobierno federal hizo un programa de entrega de televisiones digitales a la población empadronada como beneficiarios de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). En total, se gastaron más de 25,000 millones de pesos para cumplir con este cometido.

Esta acción recibió varias críticas de la oposición y de ex funcionarios, que veían fines electorales en este programa en un año en el que hubo comicios en nueve estados y 17 congresos locales. Los aparatos entregados tenían el slogan del gobierno de Peña Nieto: “Mover a México”.

También el gasto fue criticado porque resultaba más barato entregar decodificadores para que las televisiones análogas recibieran la señal digital y así cumplir el objetivo.

 

2. Cruzada Nacional Contra el Hambre

El 21 de abril de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto presentó la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que no consiste en sólo un programa, sino en una estrategia integral que incluye la colaboración de dependencias federales, programas presupuestarios y gobiernos estatales y municipales.

La población objetivo de la cruzada es la que se encuentra en pobreza extrema y con carencia alimentaria. El número de personas en esta situación aumentó de 7.0 a 7.1 millones entre 2012 y  2014, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El Coneval, que evalúa la política social del gobierno federal, reconoce varios avances en la estrategia y deficiencias corregidas, pero resalta que aún quedan pendientes varios puntos para hacer efectiva la cruzada, como la definición clara del programa de comedores comunitarios.

La comisión dijo que se debe tener claro si el programa de comedores “tendrá como objetivo central a largo plazo la nutrición, la cohesión social o la reducción de la carencia alimentaria, si el servicio se otorga a cualquier persona que tuviera problemas de acceso alimentario con fuentes de ingreso propias.”

También falta una coordinación más estrecha entre el gobierno federal y los estatales, entre las mismas dependencias federales y administraciones federales.

“Hay gran variación en la forma en la que opera la Cruzada en las entidades. Esto puede constituir un problema porque significa que el grado de eficacia de la estrategia podría estar en función de actores y decisiones ajenos a los mecanismos de la Cruzada. Es una estrategia poco institucionalizada en la implementación que depende mucho de relaciones personales entre funcionarios, de acuerdos informales e incluso de actores clave”, alertó la Coneval en un estudio en el que evalúa la estrategia.

 

3. Controles artificiales a precios

A finales de abril, el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, anunció que la dependencia compró 200 toneladas de limón a productores de Colima, Michoacán y Veracruz para que fueran vendidos a un precio preferencial en tiendas Diconsa y expendios Liconsa.

Sedesol dijo que vendería el cítrico a 23.5 pesos el kilo, cuando en ese momento estaba entre 30 y 50 pesos en el país. La dependencia agregó que en 2014 también actuó como un “regulador del mercado” para tratar de bajar el precio.

Por su parte, Ernesto Nemer, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dijo que no tolerarían “alzas injustificadas” del limón.

Dentro del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), los precios de productos agrícolas son los más volátiles, ya que obedecen a factores estacionales o imprevistos, como sequías.

 

4. Subir el salario mínimo

En diciembre de 2014, Peña Nieto propuso al Congreso subir el salario mínimo en todo el país y desvincularlo como una unidad de cuenta, que es usada para leyes, referencias económicas, créditos y multas.

En abril de 2016, el mandatario promulgó la ley en la que se desindexaba el salario mínimo. Y se esperaba el primer incremento al salario en junio, pero eso no ocurrió.

El pasado 12 de julio, el presidente de la Comisión Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, descartó que pronto haya incrementos en los sueldos, ya que no existe una política salarial que beneficie los ingresos de los trabajadores.

 

5. Gasto Público demasiado alto en subsidios

A principios de mes, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció incrementos en las tarifas de energía eléctrica de uso industrial, comercial y doméstico de alto consumo. Aclaró que las tarifas de uso doméstico de bajo consumo permanecerán igual.

Lo cierto es que la empresa productiva del Estado tiene que subsidiar estas tarifas para que no se incrementen.

En el primer trimestre de este año, la CFE gastó 15,904 millones de pesos (mdp) para subsidiar las tarifas, 56 por ciento más que el mismo periodo del año pasado. En 2015, la empresa gastó 60,332 millones de pesos en subsidio a la electricidad.

Con datos de 2013, México gastó el 1.29 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en subsidios a la energía, de acuerdo con un estudio del BID, pero su mayoría (el 0.82 por ciento) se va en filtraciones, es decir, se beneficia a población que no era objetivo.

 

6. Exención de impuestos a productos básicos

En septiembre de 2015, antes de que el gobierno entregara el Paquete Económico de este año, en un contexto de recortes presupuestales por la caída de los precios del petróleo, el presidente Peña prometió que no propondría la aplicación del IVA en alimentos y medicinas y, en cambio, su gobierno se apretaría el cinturón.

El IVA a alimentos y medicinas es un tema tabú en México, debido a la impopularidad que generaría esta medida, pero lo cierto también es que este “gasto fiscal”, llamado así como el dinero que se deja de percibir, también causa distorsiones.

“Normalmente, esta medida pretende que ciertos alimentos sean más asequibles para los hogares de bajos ingresos. Sin embargo, también favorece a los hogares de más altos ingresos que no deberían ser receptores de la exención y, por lo tanto, una parte de ese gasto constituye una ineficiencia”, explica el BID en el documento “Cómo América Latina pueden desarrollarse más y mejor”.

 

7. Ayuda a Pemex a costa de estabilidad financiera

La petrolera del estado se encuentra en el momento más delicado de su historia debido a la caída de los ingresos petroleros, la transformación de la industria y la inminente competencia que llegó con la apertura de México al sector energético.

El pasado 13 de abril, el gobierno federal anunció una inyección de 73,500 mdp a Pemex, urgida por liquidez, y aligeró su carga fiscal para ahorrarle 50,000 millones más. El gobierno federal se ayudó de recursos no recurrentes, como el remanente de la operación del Banco de México, para apoyar a la empresa.

Antes, el 31 de marzo, Moody’s puso en perspectiva negativa la calificación del gobierno de México, debido a que apoyar financieramente a Pemex truncaría sus metas de consolidación fiscal. En 2011, la deuda gubernamental era del 27.9 por ciento del PIB y en 2015 subió hasta 34.4 por ciento del PIB, según Moody’s, que prevé que en 2018 la deuda llegue hasta 40 por ciento.

Actualmente, el tamaño del sector petrolero es del tres por ciento del PIB de México y las exportaciones petroleras sólo el 0.7 por ciento, según datos de la calificadora.

 

8. Dinero a programas opacos

La organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc) evalúa cada año los programas de política social gubernamental e identifica aquellos tan opacos que no pueden medirse. A estos los llama la ‘caja negra’ del presupuesto.

Pese a los recortes presupuestales, el Ejecutivo propuso subir el presupuesto a 12 programas opacos hasta 40,647 millones de pesos (mdp), 29 por ciento más que en el presupuesto de 2015, alertó Gesoc en su más reciente edición del “Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales (INDEP)”.

 Para entender: Qué es el populismo: tres historias que lo explican

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