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Tierra Blanca: la lección no aprendida del caso Ayotzinapa

El caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Veracruz evidencia la desatención del gobierno para prevenir los casos de desaparición forzada, según analistas y familiares de las víctimas.

27-01-2016, 8:47:41 AM
Tierra Blanca: la lección no aprendida del caso Ayotzinapa
Darinka Rodríguez

En México, la desaparición forzada de personas sigue siendo asignatura pendiente para las autoridades e instituciones de seguridad, que no han aprendido la lección de sucesos como lo ocurrido en la normal rural de Ayotzinapa y los 43 estudiantes desaparecidos desde septiembre de 2014. 

El pasado 11 de enero, cinco jóvenes fueron interceptados por policías estatales en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz mientras se dirigían a Playa Vicente. Hasta el momento, los padres de los desaparecidos desconocen su paradero.

“Lo que acaba de ocurrir en Tierra Blanca sólo nos viene a confirmar que la desaparición de personas en México en el siglo XXI sigue siendo una operación sistemática donde los agentes del Estado tienen una participación activa y homicida de primer orden”, indicó Gabriel Regino, abogado penalista, catedrático y especialista en seguridad.

Bernardo Benítez Herrera, padre de Bernardo Benítez Arroniz, de 25 años y quien desapareciera junto a otros cuatro jóvenes en Tierra Blanca, aseguró que aún cuando ya se tienen a siete detenidos, de los cuales tres han sido trasladados a Ciudad de México, aún no se tiene rastro del paradero de los muchachos.

“Se supone que a ellos les pagamos para que nos cuiden y al final resulta que ellos son los peores delincuentes… no sé qué grupo criminal pueda ser peor que un policía pagado”, indicó.

“No sólo no se ha aprendido la lección por parte de las autoridades, sino que la lección para los ciudadanos es que las autoridades pertenecen al crimen organizado. Se han detenido a algunos policías en relación a este hecho, pero no hay relación con los vínculos en la red criminal que formaban”, dijo Jesús Robles Maloof, defensor y especialista en materia de Derechos Humanos.

Y es que la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos es tan sólo era un caso más entre una lista de desapariciones forzadas. El 30 de septiembre de 2010 una veintena de turistas provenientes de Michoacán fueron secuestrados en el puerto de Acapulco con la participación de elementos de la policías estatal que supuestamente los confundieron con miembros de la organización criminal “La Familia Michoacana”.

De acuerdo con el más reciente informe de Amnistía Internacional, “Un trato indolente: La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México” presentado hace dos días por la organización, desde 2006 se han registrado más de 27 mil desapariciones forzadas, de las cuales 46.5 por ciento han ocurrido bajo la actual administración de Enrique Peña Nieto y, 3 mil 425 sólo en 2015, entendiendo como desaparición forzada los incidentes en los que participan elementos pertenecientes al Estado.

Veracruz: gobierno que mira para otro lado

Según reportes de la prensa en Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte se han presentado por lo menos 40 denuncias de desaparición forzada en el estado sin dar con el paradero de las víctimas.

Al respecto, Regino comentó que los policías involucrados con estas desapariciones no cuentan con certificación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), situación que coloca al gobierno de la entidad y sus instituciones en incumplimiento de la ley.

“Quien deja operar en su estado a policías no certificados lo hace con conocimiento de causa  y lo hace buscando un beneficio; esos pseudopolicías que trabajaban bajo el amparo de un permiso que no tenían derecho de ejercerlo por equivocación  o con todo conocimiento cometieron la desaparición de estos jóvenes que desgraciadamente como en otros casos, es probable que en breve tiempo nos conduzca a un evento luctuoso”, puntualizó.

Según manda la Ley General de Seguridad Pública en su artículo 39, los gobiernos de los estados deberán de “abstenerse de contratar y emplear en las Instituciones Policiales a personas que no cuentan con el registro y certificado emitido por el centro de evaluación y control de confianza respectivo”. Asimismo, la misma ley señala que de no cumplirse con esto, se sancionará con cinco a doce años de prisión y de doscientos a ochocientos días multa, a quien falsifique el certificado, lo altere, comercialice o use a sabiendas de su ilicitud.

Al dar a conocer las cifras presentadas por el SNSP al cierre de 2015, Javier Duarte señaló que Veracruz es el tercer mejor estado en la reducción de víctimas de delitos, y también el tercero con menor incidencia delictiva nacional. “Se hará valer la justicia y el Estado de Derecho frente a aquellos elementos que transgredan la Ley al amparo de su responsabilidad”, aseguró este martes el mandatario estatal.

No obstante, la detención de mandos operativos y medios no es suficiente para mitigar el poder de la corrupción al interior de las instituciones de seguridad en el estado. “De nada sirve, como lo hemos visto también en Guerrero, que se detenga a elementos de la parte más baja de la estructura policial si no se desmantela la posibilidad de que las estructuras sigan operando”, indicó Robles Maloof.

“Es en el estado de Veracruz donde el mayor número de periodistas han perdido la vida en hechos violentos y donde organizaciones criminales han hecho su lugar predilecto para el ejercicio de sus acciones ante un gobernador indolente, sarcástico, que está más ocupado en decir que en la entidad sólo se roban gansitos y es muestra de su complicidad con el crimen”, finalizó Gabriel Regino.

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