Gasto público, el vicio de la economía mexicana
La deuda pública es para México exageradamente dañina; además de que representa una historia de abusos, ilusiones y fracasos rotundos.
Mediante el ejercicio de la opción de pago anticipado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) finiquitó las últimas series vigentes de los Bonos Brady y así puso en cero el rubro de deuda pública que hacía referencia a deuda reestructurada. Puso fin a un capítulo que se abrió en agosto de 1982 cuando el gobierno mexicano notificó a la comunidad financiera que no podía cubrir el servicio de la deuda externa, acto que inició la crisis financiera internacional de los 80.
En 1987, la relación de la deuda pública con el PIB llegó a 94.8% (cifras de aquella época). Con mucho esfuerzo y sacrificio, 16 años después pudimos ver un regreso cercano a los niveles de 1970. Sin embargo, la celebración por haber cerrado ese capítulo va más allá del acontecimiento de haber superado un ciclo amargo de 30 años.
México nació como república hace 192 años con problemas de deuda externa. En un periodo de casi dos siglos ha enfrentado nueve suspensiones de pago, 21 renegociaciones formales y dos repudios parciales.
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Prácticamente toda la historia de nuestro país se puede contar a través de la historia de la deuda exterior. El único periodo relativamente largo (40 años) que logramos un crecimiento económico elevado y sostenido coincide con el único periodo en que no tuvimos una carga de deuda externa, a raíz de la renegociación Suárez-Lamont de 1942.
Como un vicio
Esto nos lleva a pensar que la reducción significativa de la deuda es una condición necesaria para el crecimiento económico. La deuda pública es para México lo que el alcohol es para un alcohólico: exageradamente dañino.
Una vez que un alcohólico reconoce su enfermedad y busca tratamiento para rehabilitarse, nunca debe volver a tomar una gota. Para nosotros, la deuda pública representa una historia de abusos, ilusiones y fracasos rotundos. No solamente debemos aprender la lección que nos dejó la crisis de las últimas tres décadas del siglo pasado, sino las que nos han dejado los últimos dos siglos.
El gobierno mostró un comportamiento ejemplar en el manejo de sus finanzas hasta 2007. Sin embargo, a partir de 2008 iniciamos una tendencia alcista, tanto en la deuda pública como en el déficit fiscal.
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Después de casi 20 años de sostener un superávit primario, el gobierno ha registrado un déficit continuo en los últimos ocho. No podemos decir que el gobierno ha llevado la relación de la deuda pública al PIB a un nivel peligroso (todavía), pero definitivamente preocupa la tendencia.
Estamos en la etapa en que después de más de 20 años sin probar alcohol, el gobierno ha empezado a tomar de nuevo, pero presume que es muy poquito. Sin embargo, recordemos que nuestro gobierno es un alcohólico, que no debería tomar ni una gota de deuda.
En 2006, el Congreso aprobó una Ley de Responsabilidad Hacendaria, que buscaba obligar al gobierno a mantener un presupuesto balanceado y así evitar que volviera a aumentar la deuda pública. Sin embargo, la Ley solo contemplaba una definición acotada del balance fiscal (denominado balance económico), mas no la totalidad de los requerimientos financieros del sector público.
Peor aún, unos años después cambiaron la definición del balance para excluir la inversión de Pemex. Ahora enfrentamos la paradoja de que el gobierno terminará este año con un déficit en sus requerimientos financieros totales mayor al 4% del PIB sin incumplir la ley.
Si bien intranquiliza la tendencia hacia el deterioro de la salud de las finanzas públicas observada en los últimos ocho años, preocupa sobremanera lo que hemos visto en los dos primeros años de este sexenio.
Mediante una reforma fiscal de características básicamente recaudatorias, junto con medidas de fiscalización casi extremas, el gobierno ha logrado un incremento sin precedentes en sus ingresos.
Sin embargo, en vez de aprovechar los mayores recursos para perseguir un proceso de consolidación fiscal con el fin de sanear las finanzas, las autoridades han adoptado una política agresiva de mayor gasto.
El gasto aumentó más allá del incremento pronunciado en los ingresos, a tal grado que el gobierno registró en 2014 el déficit fiscal más elevado de los últimos 25 años.
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