Crimen sin castigo: el costo de la impunidad en México

El día de ayer se dio a conocer el descenso de homicidios en México, de acuerdo con cifras del el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En 2014 se registraron 19 mil 669 homicidios, 16 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, cifra menor a los 22 homicidios registrador por cada 100 mil habitantes el año previo.

Aunque pareciera un panorama con un rumbo mejor, Alejandro Martí, presidente de México SOS, nos comparte en una columna especial para nuestra edición impresa Alto Nivel, el costo real que representa la impunidad en casos como el de su propio hijo, Fernando Martí, caso en el que la acusada Lorena González fue liberada por un juez el pasado sábado 18 de julio, después de siete años, por insuficiencia probatoria; es decir, que los datos recabados no fueron sólidos para concretar una sentencia en su contra. A continuación su columna.

La situación de inseguridad e injusticia que vivimos hoy es producto de muchos años de indolencia, de irresponsabilidad, de dejar hacer, de corrupción, así como de la espantosa palabra: impunidad ¿Quién es más culpable, el que deja hacer o el que hace?” Así lo expresé, con inmenso dolor, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el 21 de agosto de 2008. La impunidad no es un tema trivial, porque en países como el nuestro muchas veces es más rentable romper la ley que actuar legalmente.

De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2015, realizado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas de Puebla, de los 59 países evaluados, México ocupa el lugar 58. Paradójicamente, México está dentro 11 países con información de vanguardia; paradójico porque la transparencia en la información no ha sido suficiente para mejorar el Estado de derecho, ni la disminución de este terrible mal.

Nos hemos convertido en una sociedad en decadencia, porque los niveles de violencia, de corrupción y de indolencia se han exacerbado y radicalizado.

Mayor impunidad, mayor crueldad

Sostengo que, a mayor impunidad, mayor crueldad de los criminales, aumenta la corrupción y cada vez es mayor el caos social.

Y para muestra de ello comparto dos ejemplos: Daniel Arizmendi López, conocido como “El mochaorejas”, secuestrador sanguinario, empezó robando (y quedó impune); después robó coches (y quedó impune); después empezó a secuestrar (y quedó impune), lo que generó que, en su locura y ambición, experimentara mutilando a sus víctimas y “entendió” que con ello obtendría más dinero, llegando a niveles de crueldad y sadismo nunca imaginables.

Ya detenido, Arizmendi se expresó diciendo: “¿Por qué no me detuvieron antes?”.

Creo que Arizmedi López estaba seguro de que no habría llegado a esos extremos si la justicia hubiera llegado en su vida, a tiempo; si hubiera tenido un castigo por cada crimen, por pequeño que hubiera sido, a tiempo.

Por otra parte, también está la impunidad colectiva: las manifestaciones, plantones y toda forma de chantaje que experimentan ciertos grupos para obtener beneficios, afectando indolente e irresponsablemente los derechos de los demás. Falazmente se escudan en la libre manifestación y pisotean los derechos de los demás y no tienen la menor consecuencia. No pasa nada. 

Corrupción cada vez mayor

Lo mismo sucede con la corrupción, hija menor de la impunidad: robos, homicidios, secuestros, sobornos, sin castigo. El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Mexicana indica que México ocupa el lugar 103 de 175 países (2014) y que se ubica en la última posición (34/34) entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

¿Cómo cuantificar el costo de la impunidad y la corrupción? El costo de la corrupción y violencia criminal tiene efectos graves para el desarrollo económico, social y político de México; el Semáforo Económico México ¿Cómo Vamos? reportó que la corrupción ha impedido que el país reciba inversiones empresariales estimadas en 341,000 millones de pesos (mdp), a precios actuales.

La corrupción genera una pérdida de 2% en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

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Fuerte inversión

El combate al narcotráfico y los costos de la violencia criminal demandan del Estado un despliegue de recursos económicos, institucionales, tácticos y humanos para mantener el orden social e institucional a través de la policía, el sistema judicial y el penitenciario, que en 2013 le significaron al país un costo de aproximadamente 173,000 millones de dólares, equivalente al 9.4% del PIB, de acuerdo con el Instituto para la Paz Mundial (2014).

Esta situación genera efectos terribles en la vida de las personas, que han tenido que cambiar sus hábitos personales y familiares, realizando inversiones económicas para contrarrestar la ineficacia del Estado. En 2013, el costo de esta inversión se estimó en 213,100 mdp, equivalente al 1.27 % del PIB.

Debemos atacar frontal y decididamente la impunidad, para poder producir los bienes y servicios que equivalen al monto de las inversiones que se dejan de recibir y de los gastos que se realizan para combatir la inseguridad. Un auténtico Estado de derecho impactará directamente en la creación de empleos, de los satisfactores sociales necesarios y la creación del capital humano que requiere nuestra economía.

Todos los mexicanos estamos llamados a emprender las tareas que a cada uno corresponda para reconstruir el camino de la paz y el orden institucional que necesitamos para detonar el desarrollo, pues el peso del desprestigio que carga el Estado nos afecta, y compete a todos como nación.

El autor es empresario, presidente de México SOS y un personaje indispensable en materia de seguridad en el país. Estudió Administración de Empresas en la Universidad La Salle.

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