A un año de Tlatlaya, recomendaciones incumplidas
Hoy se cumple un año de los hechos en que el Ejército se enfrentó a integrantes del crimen organizado dejando 22 muertos.
A un año de lo ocurrido en Cuadrilla Nueva, comunidad San
Pedro Limón, municipio de Tlatlaya,
Estado de México, donde militares presuntamente asesinaron a 11 de 22 personas, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), asegura que la recomendación que
emitió al gobierno local fue parcialmente cumplida.
La CNDH informó que ha insistido a través de oficios en que
las autoridades acrediten el
cumplimiento de la recomendación.
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Un enfrentamiento entre militares y presuntos miembros del
crimen organizado dejó como saldo la muerte de 22 civiles y un militar herido. De
acuerdo con un reporte de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y de la
Procuraduría General de la República asegura que 11 de las 22 personas involucradas
fueron fusiladas por el Ejército
Mexicano, otras cinco murieron en “maniobras
instintivas de defensa” y tres tenían armas
descargadas.
Por ahora, “mantiene su puntual seguimiento al cumplimiento
de la recomendación mencionada, al tiempo que continúa brindando atención a las
víctimas para que hagan efectivos los derechos que les asisten”.
Tres mujeres sobrevivieron a los hechos, y una de ellas
declaró que solo uno de los hombres fue abatido y los demás se entregaron,
fueron torturados y después asesinados. Estas últimas declaraciones generaron una fuerte polémica que pusieron en
el centro del debate el uso de la tortura por parte de fuerzas militares.
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Casi tres meses después se daría la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en
Iguala, Guerrero, y con este último acontecimiento una fuerte crisis de
credibilidad en las autoridades y recomendaciones internacionales para que el
Estado Mexicano atendiera recomendaciones contra la tortuar.
La CNDH ha señalado que “la tortura es un flagelo
inadmisible, indignante y representa un serio retroceso en el estado de
derecho, por lo cual, más allá de la frecuencia con que se presente o de lo
extendido de este fenómeno en México, la autoridad debe garantizar que cada
caso que ocurra será investigado y sancionado”.
Reserva de información
Ante la polémica, la averiguación de la Procuraduría General
de Justicia Militar inició por los presuntos delitos militares cometidos en
Tlatlaya, Estado de México, el 20 de junio de 2014, fue reservada por la
Secretaría de la Defensa (Sedena) por 12 años.
Sin embargo, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) redujo de 12 a
2 años el periodo de reserva, luego de que un particular solicitó la versión pública de la averiguación.
La Sedena argumentaba la reserva de información debido a que
la investigación todavía no concluye y la causa penal es exclusivamente por
delitos del orden militar como
“desobediencia” e “infracción de deberes” de conformidad con los artículos
301 y 382 del Código de Justicia Militar.
Al llevar el caso ante el Inai, el particular argumentó que
la información no podía reservarse puesto que la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) clasificó los hechos como violaciones graves y el Artículo 14 de la Ley Federal de
Transparencia indica que la información de esa naturaleza no pude reservarse.
Indemnización para víctimas
El gobierno mexicano prometió una indemnización de 3.3
millones de dólares a las familias de las víctimas de los hechos y a los
supervivientes del ataque.
Días antes de cumplirse un año de los hechos, el secretario
de la Defensa Nacional, el general Salvador
Cienfuegos Zepeda, señaló que estos hechos le está costando caro al
Ejército y los soldados que son juzgados deberán ser castigados si se
equivocaron o se tendrá que reconocer su inocencia si no cometieron ningún
error.
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