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#DemocraciaMX, ¿un lujo para los mexicanos?

Si se disminuye el gasto de partidos y el financiamiento a campañas, ¿por qué son más caras? Un análisis de Alfonso Zárate.

16-06-2015, 9:39:44 AM
Alfonso Zárate Gómez, Grupo Consultor Interdisciplinario

Luego de un largo proceso de reformas políticoelectorales que no solo parece no tener fin, sino que por momentos ha resultado contradictorio, regresivo y errático, sobre la democracia mexicana domina una percepción deficitaria en más de un sentido: sus frutos, incipientes e inmaduros, parecen muy por debajo de sus costos, crecientes y excesivos.

¿Cuánto nos cuesta la democracia? ¿Vale lo que cuesta?

Por donde se las vea, las elecciones son un barril que parece no tener fondo. Existe una enorme paradoja: hemos reformado una y otra vez la legislación en la materia, hemos transformado el “modelo de comunicación política” para que las elecciones no resultaran tan costosas  y, por el contrario, cada elección nos cuesta más.

La pregunta cae por su propio peso. Si se ha disminuido el gasto de los partidos en radio y televisión; si el financiamiento para las campañas –al menos lo que muestran las cifras hasta 2009– disminuyó; y si el IFE gastó menos gracias a la eficiencia del RFE, entonces ¿por qué las elecciones son más caras?

El peor de los mundos o “casi”: lo que se ahorra en algunos rubros va a parar a las arcas de los partidos. Es el peor o “casi”, además, porque todo ese gasto no le alcanza a los partidos ni a las instituciones para ganarse algo de confianza.

A este gasto, de por sí monumental, habría que agregar la cifra negra de recursos para las campañas por debajo de la mesa, las cuales eluden los mecanismos de fiscalización.

Según un estudio coordinado por Integralia y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, las campañas cuestan varias veces más que los topes que la ley establece.

¿Y el gasto legislativo? In crescendo y sin parar: de 2010 a la fecha, el presupuesto aprobado para el Poder Legislativo, documentado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, tampoco ha dejado de aumentar.

Con base en datos de la Secretaría de Hacienda, en los últimos seis ejercicios presupuestales el total asignado a las dos cámaras del Poder Legislativo pasó de 7,555 mdp a 11,175 mdp; es decir, más de 3,619 mdp en un lustro.

Pero no solo es un problema de recursos, sino de dispendio y opacidad: viajes, pago de teléfonos celulares, tarjetas IAVE para circular en carreteras, asesores, etc.

Hace unas semanas, la prensa informó que, a lo largo de 2014, el Senado (128 legisladores) gastó 2.1 mdp en café; 3.1 mdp en materiales de limpieza y 9.9 mdp en fotocopias.

¿Cuánto nos cuestan nuestros legisladores uno por uno?

En el estudio Cómo y cuánto gasta la Cámara de Diputados, publicado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) hace algunos años, María Amparo Casar, investigadora del CIDE, estimaba que mientras que los diputados en América Latina ganan en promedio 6,712 dólares mensuales, un diputado mexicano gana, de acuerdo con el sueldo nominal, casi el doble: 12,310 dólares.

Las diferencias se hacen más pronunciadas cuando se toman en cuenta prestaciones como el fondo de retiro, los seguros médicos y de vida, y las subvenciones discrecionales que la mayoría de los otros parlamentos no otorgan a sus legisladores.

No faltan razones para despotricar contra la democracia, pero sobre todo contra la clase política. No solo es despilfarradora; es ineficaz.

Más allá de la legítima irritación frente a los excesos y abusos de políticos y legisladores, habría que tener cuidado en no optar por puertas falsas. Nos puede salir más caro el remedio que la enfermedad. La democracia no es un lujo; es una condición mínima para la convivencia y las libertades.

Es un hecho que la calidad de la democracia no depende necesariamente de su costo. Es viable tener una democracia más austera sin que ello repercuta en su calidad.

La vida pagada que se da nuestra clase gobernante nos muestra que existen muchos lados por donde se puede “meter tijera”.

El autor es ALFONSO ZÁRATE FLORES, académico, analista político
y presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario (GCI).

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