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Suspender evaluación docente pone en riesgo reformas

La acción promovida por el Ejecutivo no solo traería consecuencias para las reformas estructurales, sino que también da una mala señal a los inversionistas.

05-06-2015, 10:53:57 AM
Suspender evaluación docente pone en riesgo reformas
Javier Rodríguez Labastida

A las 14:59 horas del viernes 29 de mayo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció a
través del comunicado 129 la suspensión indefinida de los procesos de
evaluación
de los docentes para su ingreso en el servicio profesional.

Desde entonces, partidos políticos, legisladores,
organizaciones civiles y académicos iniciaron una serie de acciones solicitando
al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y al secretario de Educación, Emilio Chuayffet, que declararan inválido el comunicado y continuara
la evaluación docente, sin embargo, hasta el momento, el gobierno no ha dado
respuesta a estas solicitudes.

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Este viernes se reunieron ocho representantes de
organizaciones civiles y académicos para rechazar la decisión del gobierno al
ser carente de fundamento jurídico y caer en el riesgo de que existan
consecuencias negativas afecten a los órganos autónomos, como en este caso lo
es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y al resto
de las reformas aprobadas durante la presente administración.

“La decisión es inconstitucional, autoritaria y
jurídicamente nula, porque es una interferencia a las competencias del INEE; y
es un acto de autoridad que afecta los derechos de aquellos profesores que
quieran ingresar o promoverse”, dijo Francisco Ibarra, secretario académico del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Señaló que existen dos escenarios para continuar con las
evaluaciones. Uno es que INEE, como órgano autónomo, insista en la realización
de la evaluación, a pesar de que necesita la colaboración de las autoridades
del gobierno para la organización de los procesos.

El otro escenario es que los
profesores se organicen e interpongan un amparo, al estar siendo afectados sus
derechos. El instituto tenía programadas evaluaciones en julio para ingreso y
promociones para personal funcionario.

Te recomendamos leer: Congreso exige a SEP no suspender evaluación docente.

David Calderón, director de Mexicanos Primero, cuya
organización interpondrá un amparo en contra de la decisión del Ejecutivo,
mencionó que la medida afecta a 400,000 de poco más de un millón 100,000
maestros, es decir, uno de cada tres profesores quedará afectado en sus derechos
personales a la certeza de la evaluación, como lo establece la ley.

“No es normal que el presidente viole la ley de una manera
tan flagrante. Normalmente hace que pase una ley por medio del Congreso y
después alguien levanta la mano y señala que es inconstitucional, pero que el
presidente en este caso viole la constitución es más grave”, dijo Enrique
Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Durante la semana, Peña Nieto fue cuestionado sobre esta
decisión, sin embargo, dijo que sería el secretario de Educación quién daría
la explicación al respecto. Hasta el momento, Chuayffet no ha dado respuesta.

El gobierno tomó esta decisión luego de las constantes
manifestaciones de protesta en contra de la evaluación de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en todo el país. La CNTE ha
organizado paros en Oaxaca, Michoacán y Chiapas, además de marchas en la Ciudad
de México.

A pesar de la suspensión de la evaluación, la CNTE continúa
sus protestas, pues señala que la medida del Ejecutivo es “provisional” y
acusaron al gobierno de “represión, agresión y violencia por parte de la
policía y el Ejército”, de acuerdo a un posicionamiento realizado este jueves.

Suspensión, mala señal para inversionistas

Luis Foncerrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), señaló que las reformas deberían eliminar obstáculos a la inversión y permitir una legalidad diferente para propiciar empleos.

“Esto requiere que las nuevas reglas del juego sean respetadas fundamentalmente por el gobierno. Que exista certeza jurídica y se pueda dar la inversión. Si hay dudas sobre la capacidad del gobierno para respetar la Constitución, habrá dudas sobre el derecho de la propiedad de la inversión”.

Foncerrada dijo que no hay un rompimiento de la Inciiativa Privada con el gobierno, pero sí habrá cautela:

“En el gabinete hay secretarías que buscan dar una imagen positiva y de crecimiento del país, pero aparentemente hay otro gabinete donde el respeto al Estado de derecho con estas violaciones absurdas no soportan el respeto de otra parte”.

Enrique Cárdenas aseguró que el INEE debe “fajarse los pantalones y
decir somos autónomos” y continuar las evaluaciones. “Tienen que defender la
autonomía para lo que fueron hechos. Las consecuencias de este tipo de acciones
son mucho más profundas de lo que ahorita podemos imaginar”.

Viridiana Ríos, directora de México, ¿cómo vamos?, aseguró
que la decisión tiene consecuencias económicas, al afectar la calidad
educativa, pues las empresas requieren de talento que esté bien formado, lo que
depende de profesores bien calificados y competentes.

“Hay dos clases de inversionistas, el de capital, y el que invierte en él mismo. No es solo un efecto macro que ahuyenta la inversión, sino tiene un efecto micro en el que se impide a la mayoría de los mexicanos en invertir en educación de calidad”, agregó Ríos.

“Parece que se quiere fundar un orden jurídico en el que un
boletín de prensa tiene más valor que la Constitución. La gran mayoría de las
reformas estructurales dependen de órganos autónomos. Si se sienta este
precedente de que con un boletín se puede violar la Constitución que podemos
esperar de las mediciones del INEGI, de las decisiones del Ifetel, ¿podrán
ser frenadas por el poder Ejecutivo?”, dijo Juan Pardinas, director del
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Pardinas señaló que la decisión de la administración de Peña
Nieto viola los artículos 3 y 4, y “se burla la autonomía de un órgano
autónomo y la soberanía de las entidades de la República”, encargadas de la
realización de las evaluaciones.

“Hay un vacío explicativo, y ante ese vacío, solo nos queda
la teoría de la conspiración, y más porque después del agravio solo vino el
silencio”, agregó el director del IMCO.

María Marvan, representante de Transparencia Mexicana,
señaló que la acción de la SEP resta seguridad a los procesos de evaluación y
al avance de la Reforma Educativa.

“Resta transparencia e integridad, dos
elementos esenciales para elevar la calidad educativa del país”.

Ibarra Palafox agregó que esta decisión del gobierno afecta el proceso electoral, al quitarle seguridad a las elecciones, pues “evidentemente”
hay partidos políticos que tienen algún tipo de afectación derivado de esta
orden de la SEP.

¿Crees que se debe levantar la suspensión de la evaluación docente? ¿Debe el gobierno federal mantenerse firme en su postura? ¿Qué consecuencias crees que traerá esto para el país y el sistema educativo actual?

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