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Un siglo perdido, el costo de la corrupción para México

El costo de la corrupción no se resume solo en cifras, sino también en cómo a permeado a la sociedad y el tiempo que ha detenido el avance del país.

06-05-2015, 8:16:18 AM
Un siglo perdido, el costo de la corrupción para México
Macario Schettino

La idea de que la corrupción es la fuente principal de las dificultades de México ha ido ganando terreno. Como ha ocurrido con otras cosas, como el advenimiento de la democracia, veremos después que no llega a tanto, pero sí forma parte de los obstáculos que debemos remover lo más pronto posible.

El problema que tenemos con estos asuntos es que usamos las palabras para muchas cosas, imaginando que los demás las entienden igual que nosotros. Así ocurre con términos como democracia, desarrollo, pobreza y corrupción.

Es peor cuando, sin tener definiciones claras, incluso se intenta cuantificar, y no es raro que aparezcan noticias que afirman que la corrupción le cuesta a México uno, dos o cinco puntos del PIB, o cinco, 10 o 15,000 millones de dólares al año. 

Muchas veces, estos números se obtienen sin definir bien los términos, de forma que no sirven de nada. Otras veces, las definiciones no concuerdan con lo que otras personas asignan al término y su utilidad es reducida. 

El desvío de recursos del erario implica diversos tipos de daño. Por un lado, los programas del gobierno resultan menoscabados, con lo que sus objetivos dejan de cumplirse. Si en materia de fomento esto es un problema, en el caso de programas sociales es una tragedia. 

Por otro lado, los recursos desviados pueden tener un impacto económico mucho menor que el gasto del gobierno, sea porque el funcionario corrupto lo destina a bienes suntuarios provenientes del resto del mundo, o porque incluso ese dinero acaba en algún paraíso fiscal. Así, hay una pérdida neta para la economía debido a la sustracción de recursos.

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¿Todo es corrupción?

Se entiende por corrupción el uso de recursos públicos para fines privados, pero esto corresponde a dos fenómenos diferentes. Uno es el patrimonialismo, que consiste en entender el puesto público y sus prebendas como patrimonio de quien lo ocupa. En este caso, el funcionario hace uso de instalaciones y transportes asignados a su puesto para sus asuntos personales, e incluso destina recursos humanos a lo mismo. 

Otro fenómeno diferente es la apropiación de presupuesto, que en México se llama peculado y que consiste simplemente en el uso del dinero público para fines distintos a los que estaba destinado.

Hay que remarcar que no todo peculado es un robo; basta con usar el dinero en cosas diferentes a las presupuestadas para incurrir en el delito.

Además de esos dos rubros, existen otras fuentes de enriquecimiento mediante puestos públicos. Por ejemplo, está el tráfico de influencias o el uso de información privilegiada, con lo que el funcionario puede enriquecerse sin causar un daño directo al erario. 

Existe también el cobro de comisiones, recién popularizado como “moches”, que resulta de dirigir licitaciones o compras a empresas dispuestas a pagar por fuera una cierta cantidad. Esto sí resulta en un costo, puesto que la empresa inflará su presupuesto para cubrir la comisión.

Hay, finalmente, el uso de recursos con fines políticos, que es una versión de clientelismo; aquí, el funcionario se atribuye el reconocimiento público de algún programa.

Esto puede ocurrir de forma concentrada en un cierto grupo, pero también de forma genérica que no se asocia normalmente con clientelismo y es también un acto inadecuado que, en el extremo, puede considerarse una corrupción del puesto y sus funciones.

Cada una de estas actividades tiene efectos diferentes y la gran mayoría de ellas no eran consideradas corrupción en México sino hasta hace muy poco tiempo.

Una parte no menor de los políticos considera que el patrimonialismo, el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada y el clientelismo son prebendas del cargo, y solo asocian corrupción al peculado y a las comisiones, y eso si el dinero acaba en manos propias.

Es decir, cobrar comisiones o desviar recursos, si se hace con fines políticos, no se consideran actos de corrupción. Insisto, en la mente de muchos políticos mexicanos. Y esto es así porque así fue durante todo el siglo XX. 

Estrictamente hablando, únicamente  el peculado y las comisiones pueden cuantificarse adecuadamente como corrupción. El patrimonialismo y el clientelismo son muy difíciles de medir porque diferenciar el uso privado del público, o establecer la proporción de clientelismo en un programa social no es sencillo. 

Finalmente, el tráfico de influencias y el uso de información privilegiada son todavía más complicados, en tanto que incluso documentar hechos es casi imposible.

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Los tipos de corrupción

Para avanzar, permíteme agrupar estos seis tipos en tres. El peculado y las comisiones los definiré como corrupción por desvío. El patrimonialismo y el clientelismo como corrupción por abuso, y el tráfico de influencias y el uso de información privilegiada como corrupción por posición. Y te propongo ejemplos recientes. 

Del primero, corrupción por desvío, fue acusado un diputado del PAN, que solicitaba comisión a alcaldes para conseguirles recursos; del segundo, fue acusado y se reconoció culpable el señor David Korenfeld, por emplear un helicóptero de la Comisión Nacional del Agua, de la que era director, para asuntos personales. 

Finalmente, del tercero han sido acusados tanto el presidente Enrique Peña Nieto como el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, porque casas de sus familias fueron adquiridas a una empresa constructora con la que el gobierno del Estado de México había tenido muchos contratos. Aunque las acusaciones se hicieron siendo ambos funcionarios federales, el delito, si ocurrió, fue en tiempos previos. 

Ahora bien, estos tres tipos de corrupción, insisto, son muy difíciles de medir. La corrupción por desvío rara vez ocurre a través de peculado, aunque en el siglo XX sin duda así era. Ahora, para evitar riesgos de detección, se acostumbra pedir una comisión. 

No sabemos su magnitud salvo por rumores, que insisten en que ha crecido en el tiempo y en el espacio: se pide más que antes y se pide mucho más en gobiernos locales que en el federal. 

Las cifras que yo he escuchado van de 15 a 30% del valor del contrato. Si esto ocurre en la mitad de las compras de los gobiernos, con una comisión promedio de 20%, entonces le estamos destinando 10% del presupuesto de compras e inversiones de todos los gobiernos, lo que significa alrededor de un punto del PIB.

En el caso de corrupción por abuso, la medición es más difícil. ¿Qué tanto de las instalaciones, transportes, recursos humanos o recursos materiales de una institución es destinado a asuntos personales? Ocasionalmente se documenta algún caso, sobre todo de los funcionarios principales, que por lo mismo es escandaloso. 

Pero no tenemos mucha idea de cuánto más se abusa. Para muchas personas, el abuso hormiga de la burocracia no es importante, y que alguno tome un lápiz, unos clips, cuadernos y hojas, o fotocopias, son peccata minuta. 

Cuando uno recuerda que hablamos de cuatro millones de personas, por muy hormiga que sea, la suma no debe ser despreciable. Pero el clientelismo es peor. 

Con esencia revoucionaria

De acuerdo con las investigaciones de John Scott, la inmensa mayoría de los programas sociales creados antes de 1997 era de carácter regresivo, es decir, en lugar de ayudar a los más pobres, ayudaban a otros, sea a los más ricos (como la educación pública universitaria) o a los de ingresos medios (como las pensiones del IMSS y el ISSSTE). 

Esos programas fueron creados por el régimen de la Revolución para asegurarse el apoyo de diversos grupos sociales, y es lo que acostumbramos llamar corporativismo cuando ocurre a través de organizaciones como sindicatos o centrales campesinas, o clientelismo cuando se trata de grupos específicos no necesariamente organizados. 

En cualquier caso, podemos estar seguros que la gran mayoría del gasto social en México, así como buena parte del llamado gasto de fomento (para asegurar el apoyo de los empresarios), tiene este problema. 

Muchos no coincidirán en calificar estos gastos como corrupción, porque el clientelismo/corporativismo es parte del alma nacional desde la Revolución, y se trata de las conquistas del pueblo y todo lo que tú gustes y mandes.

Pero si estamos analizando el costo de la corrupción, que incluye el uso de recursos públicos para mantenerse en el poder, no tenemos más remedio que hacer una estimación, así sea muy gruesa, de estos rubros. 

Puesto que no cuento con los detalles de los programas, estimo que 80% del gasto de Sagarpa y Sedatu (Reforma Agraria), 50% del gasto de Sedesol y 25% del gasto de la SEP corresponde a clientelismo o corporativismo. Adicionalmente, 80% del dinero que va a los estados bajo el rubro de aportaciones, debe tener ese mismo fin. Si estas estimaciones son correctas, acá hablamos de casi cuatro puntos del PIB.

Indudablemente, hay traslape entre esta cifra y la anterior, y además está la opinión de que una parte de estos programas, además de clientelares, pueden ser indispensables para el bienestar de campesinos o de personas en situación de pobreza. Para no exagerar, digamos que es la mitad: solo dos puntos del PIB, a sumar con el punto anterior. Van tres.

Finalmente, tenemos la corrupción por posición, que consiste en el tráfico de influencias y el uso de información privilegiada. Por ejemplo, si una persona sabe que se construirá una gran vía de comunicación en una región semirrural anexa a una gran capital, puede hacerse de los terrenos aledaños y enriquecerse de verdad, como lo hizo Miguel Alemán con el periférico del DF. ¿Cuál fue el costo para el país de eso? 

O peor aún, si se usa la información para alterar decisiones, no comprando los terrenos aledaños, sino trazando las vías de comunicación por los terrenos que ya se tienen, con lo que las decisiones son, como dicen los economistas, subóptimas.

¿Cuánto cuesta eso? O si con base en esa información se aprovecha para otorgar usos de suelo o permisos de transporte, ¿de qué tamaño es el daño?

Nota que, de acuerdo con las estimaciones que te presento, el mayor impacto de la corrupción se da a través del clientelismo y el corporativismo, que son características del viejo régimen y que fueron determinantes para el control político durante el siglo XX.

Pero no es esto a lo que se refiere la mayoría de las personas que se quejan de la corrupción, que más bien están pensando en las otras formas, porque esas están asociadas al enriquecimiento de los funcionarios, que es lo que a muchos les parece indignante (con razón).

Pero si se trata de costos, es más grave el clientelismo. O tal vez lo sea la corrupción por posición, que tiene efectos muy serios en la economía, a través de ineficiencias y pésimas decisiones. Si tienes dudas, mira la traza urbana y el servicio de transporte público prácticamente de cualquier ciudad mediana o grande de este país. 

Durante el siglo XX, México dejó de avanzar en el camino de la modernización liberal iniciado en la República Restaurada, para experimentar con un sistema político y económico que resultó extremadamente costoso.

Fue ahí en donde creció la corrupción, como lo muestran los ejemplos que utilizamos, desde los políticos de ese siglo que se enriquecieron para varias generaciones, pasando por la compra de voluntades de millones de mexicanos a través del clientelismo y el corporativismo, hasta la destrucción de recursos naturales y de ciudades merced a las decisiones marcadas por el tráfico de influencias y el uso de información privilegiada.

¿Cuáles fueron los costos? Los costos, en realidad, son un siglo perdido.

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