Padres dan 10 razones para no cerrar el caso Ayotzinapa

Los padres de los 43
normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, ahora dados por muertos tras una
larga investigación de la Procuraduría
General de la República, rechazaron la versión oficial de que sus hijos
fueron detenidos, ejecutados y calcinados, y repudiaron el intento de dar “carpetazo”
al expediente.

Por lo anterior, anunciaron, en compañía de su defensa y el
comité estudiantil de la escuela “Raúl Isidro Burgos” que acudirán a instancias internacionales.

Previó al anunció, los padres obtuvieron una audiencia con
el Comité sobre la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para denunciar
lo que sucedió en México.

Vidulfo Rosales, defensa de los padres de los normalistas,
dijo que la tragedia de Ayotzinapa “no es un hecho atípico, más bien es una
situación generalizada de lo que pasa en el país… Iguala no es el único caso
donde hay colusión de autoridades municipales o estatales con el crimen
organizado”.

Los familiares y su defensa aseguraron que no hay “certeza
científica” sobre la hipótesis del
basurero de Cocula; la declaración de Felipe
Rodríguez Salgado “no es determinante”; de hecho, la explicación
oficial depende “en exceso” de declaraciones.

Insistieron en que no hay un solo juicio penal por desaparición
forzada; solo hay certeza de uno de los estudiantes y no se ha indagado la
responsabilidad del Ejército.

Felipe de la Cruz, vocero de los familiares, aseguró van  a mantener su lucha “hasta sus últimas
consecuencias”.

El abogado Vidulfo Rosales presentó una lista de 10 puntos por los
que los familiares no aceptan el informe de la PGR.

1.
No existe plena certeza científica sobre lo ocurrido en el
basurero de Cocula. “Dado que es más
que conocido que las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar
delitos y puesto que reconocidos científicos han expresado dudas sobre esta
hipótesis, las familias no
aceptarán esos resultados hasta que expertos independientes realicen
esos mismos peritajes.

2.
La declaración de Felipe Rodríguez Salgado, contrario a lo señalado por la PGR, no es
determinante para esclarecer lo ocurrido
en Cocula.

3. La información dada a
conocer por la Procuraduría depende
en exceso de declaraciones rendidas ante Ministerio Público, que
fácilmente pudieron ser coaccionados.

4. La PGR no ha aclarado cómo explica el homicidio de Julio César
Mondragón, cuyos restos fueron  encontrados en las
inmediaciones de donde ocurrieron los hechos.

5. A cuatro meses de los
hechos, el Estado mexicano se
ha mostrado incapaz para detener a quienes según su hipótesis serían
responsables. El extitular de la Policía de Iguala, Felipe
Flores Velázquez, su subalterno Francisco Salgado
Valladares, Gildardo Astudillo, alias el Cabo Gil, y 11 personas
más continúan prófugos, junto con el líder de Guerreros unidos, Ángel
Casarrubias Salgado “El mochomo”.

6. La Procuraduría General de la República no ha logrado que exista
un sólo juicio penal iniciado por el delito de desaparición
forzada de personas, siendo que esta es la figura jurídica adecuada
para encuadrar los hechos.

7. En el mismo
expediente, donde obran las declaraciones de los supuestos sicarios de
Cocula, se encuentran agregadas
las declaraciones de otros sicarios de Iguala que
confesaron haber atentado contra
los estudiantes no en Cocula sino en Pueblo Viejo y
Cerro la Parota.

8.
Sólo hay certeza de la muerte de uno de
los estudiantes desaparecidos. Esto no implica certeza sobre la muerte de
otros ni sobre el lugar donde esto pudo haber ocurrido.

9. No se ha indagado la
responsabilidad del Ejército, puesto que en el expediente hay indicios de
su complicidad con la delincuencia organizada, pues el policía Salvador Bravo
Bárcenas afirmó, ante el Ministerio Público, que el Ejército sabía desde 2013
que Guerreros Unidos controlaban la policía de Cocula.

10. No ha empezado el deslinde de responsabilidades sobre
el entorno de corrupción política que desencadenó los hechos del 26 de
septiembre. Está pendiente investigar a otros alcaldes, como el de
Cocula, así como a otras
autoridades del gobierno de Guerrero.

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