Por escándalos EPN fija acciones vs. conflictos interés

Ante los recientes
escándalos por posibles conflictos de interés en su administración por la
compra de casas a empresas que ganaron licitaciones de obra pública, el
presidente Enrique Peña Nieto determinó ocho acciones ejecutivas a seguir para crear un
marco regulatorio que permita determina cuándo existe o no un conflicto de
interés.

Además nombró a Virgilio Andrade Martínez como nuevo secretario de la Función Pública a quien encargó investigar las operaciones de compraventa de dichos inmuebles y determinar si existió o no un conflicto de interés.

En un mensaje a la nación,
Peña Nieto señaló que los últimos señalamientos por la posesión de casas de
Grupo Higa por parte de la primera dama Angélica Rivera, el secretario de
Hacienda, Luis Videgaray, y de él mismo, han generado la “percepción de
algo indebido”; sin embargo, dijo, no se trata de tal ya que entre sus funciones como presidente de la República y en su anterior cargo como gobernador del Estado de México no se encuentra la de otorga contratos. 

Dijo que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
señala a la letra lo siguiente:

“Habrá intereses en
conflicto cuando los interés personales, familiares o de negocios del servidor
público puedan afectar el desempeño  imparcial
de su empleo, cargo o comisión.”

“Esto nunca ha sido el caso de
mi responsabilidad como presidente de la República ni en mis cargos pasados
anteriores”.

Las contrataciones se
sujetan a los procedimientos que marca
la ley y en ninguno de ellos participa el presidente de la República.

“El Presidente no otorga contratos,
no adjudica compras ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones,
de arrendamientos o servicios.” Y no obstante estas aclaraciones, soy consciente
de que los señalamientos generaron la apariencia de algo indebido, algo que en
realidad no ocurrió.

Señaló que la percepción se debe a que en México no existen instrumentos normativos para determinar con claridad cuándo existe o no un conflicto de interés. Por lo que instruyó al nuevo secretario implementar las siguientes acciones: 

1. Los servidores públicos deberán declarar posibles conflictos de interés. A partir de mayo, mes en que todos los servidores públicos entregan su declaración patrimonial. La
declaración debe tener sus actividades como funcionario, deudas o propiedades
de ellos y su conyugue que podrían causas algún conflicto de interés.

2. Dentro de la Secretaria
de la Función Pública se creará una unidad especializada en ética y conflictos
de interés. La unidad determinará la existencia, creará medidas preventivas y velará por las acciones correspondientes.

3. Se emitirán nuevas reglas  de integridad para el
ejercicio de la función pública. Se requiere transitar de mera declaración de
principios a un código.

4. La Secretaría de la Función Pública echará a andar protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios que decidan sobre las contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos del gobierno.

5. Todas las dependencias y
entidades de la administración pública tendrán hasta abril para identificar y
clasificar el nivel de responsabilidad de los funcionarios que intervengan en
los concursos.

6. Se acelerará la Ventanilla Única Digital.

7. Se detallará la lista de
proveedores sancionados por el gobierno de la república con los motivos de la sanción.

8. Se ampliarán los mecanismos
de transparencia y corrupción con el sector privado.

Promete cumplir acciones y lograr un gobierno transparente

El nuevo secretario de la Función Pública anunció que su trabajo se centrará en generar tres características del gobierno: que sea eficaz, apegado a la legalidad y transparente.

Al rendir protesta de su nuevo cargo ante el presidente Peña Nieto, el funcionario federal reconoció que los ciudadanos demandan acciones concretas para cerrar espacios a la corrupción, a los conflictos de intereses y a las prácticas indebidas.

De ahí que la secretaría a su cargo se centrará en poner en marcha las acciones ejecutivas anunciadas por el presidente de manera previa, así como en consolidar un gobierno cercano y moderno que sea eficaz, apegado a la legalidad y transparente.

Respecto al gobierno eficaz, explicó que se vigilará que los servidores públicos trabajen en función de los 95 programas del Plan Nacional de Desarrollo, con especial cuidado en el control presupuestal.

Explicó que el gobierno apegado a la legalidad consiste en fortalecer acciones preventivas y, en su caso, correctivas en fiscalización, apegado a las normas internacionales y con base en convenios y protocolos sobre el tema.

En ese eje, detalló Andrade Martínez, se pondrá énfasis en reforzar reglas y condiciones en las contrataciones públicas, proveedurías y procedimientos de queja y sanción.

Respecto al gobierno transparente, se involucrará a académicos, expertos e incluso a los críticos a través de comités y consultas públicas para mejorar la gestión y avanzar en innovación gubernamental.

Subrayó que la dependencia a su cargo tiene un punto de partida razonable: cuenta con una estructura en los 300 órganos de la administración pública federal y cuenta con la experiencia de su personal, así como un marco normativo perfectible, pero con el trabajo cercano del Congreso de la Unión.

En su oportunidad, Eduardo Sánchez Hernández, vocero del gobierno federal, hizo una síntesis curricular del nuevo secretario de la Función Pública.

Dijo que tiene estudios en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y en la Universidad de Columbia, Estados Unidos.
También ha sido funcionario en Petróleos Mexicanos (Pemex), en la Secretaría de Gobernación y en Banrural.

Andrade Martínez también se desempeñó en el Instituto Federal Electoral, donde fue consejero entre 2003 y 2010. Hasta este martes se desempeñaba como titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) de la Secretaría de Economía.

Escucha el audio de su discurso luego de asumir el cargo: 

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