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Apagón Analógico ¿debe seguir en tiempos electorales?

Algunas voces han sugerido que se suspenda y retrase la entrega de televisores en los municipios que tendrán elecciones para evitar un posible sesgo electoral.

22-01-2015, 12:34:04 PM
Apagón Analógico ¿debe seguir en tiempos electorales?
Ernesto Piedras

El mandato
constitucional
es claro y preciso al estipular que la transición a la Televisión Digital Terrestre debe
culminar a más tardar el 31 de diciembre
de 2015
.

Bajo este postulado, encontrado en el artículo quinto
transitorio de la Reforma  Constitucional en Telecomunicaciones y
Radiodifusión, resulta prerrogativa de los poderes
de la unión
, la puesta en marcha de políticas
de aprovisionamiento
de equipos receptores y decodificadores necesarios
para culminar en el plazo aludido el apagón
analógico
y así, dictar la migración nacional a las señales digitales.

En este sentido, el programa de transición a la TDT publicado por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes a mediados de 2014, instituyó como política, la provisión de televisores digitales a los
hogares
inscritos en el padrón de beneficiarios de los diversos programas
sociales de la SEDESOL. Un programa que a todas luces resulta de orden federal.

Elecciones y entrega
de pantallas

Por otro lado, en días recientes el tan nebuloso, prorrogado y accidentado proceso de transición a la TDT
se ha visto envuelto en sospechas acerca de la supuesta coincidencia del
acontecimiento de comicios electorales
de orden local (renovación de alcaldías, legislaturas y gubernaturas) en
junio de este año, en municipios en los que se encuentra próxima la entrega de TVs digitales a hogares beneficiarios.

A lo que se suman algunas voces que sugieren que se suspenda y retrase la entrega en esos
municipios para evitar un posible sesgo
electoral
del programa.

Debemos recordar que tanto la implementación del programa de transición a la TDT como la
organización y celebración de elecciones son circunstancias que derivan de la
Constitución de nuestro país.

A lo que cabe resaltar que en el orden local
existen procesos electorales que
ocurren año con año, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y en las Constituciones Locales.

¿El riesgo de sesgos
políticos detiene el desarrollo social?

Por lo que debemos cuestionarnos, ¿si cada programa social (de orden federal, cabe
insistir) que se implemente durante cualquier proceso electoral local debería detenerse para evitar la existencia de sesgos y lucros políticos?

La respuesta es evidente, privar por el tiempo que fuera a
los beneficiarios de cualquier programa de asistencia social redundaría en
elevados costos sociales. Y en el caso de la transición a la TDT implicaría en
una mayor probabilidad de incumplir
con los plazos estipulados en la Constitución para decretar el apagón analógico
en al menos 90% de los hogares del país.

Sin duda, la construcción
y equipamiento
de escuelas, bibliotecas, hospitales, caminos y espacios de
recreación públicos, tampoco deberían ser frenados ante ningún temor de sesgos electorales y políticos.

Sedesol ya se deslindó de
suspender la entrega de televisiones digitales durante el proceso electoral,
como ocurrirá con 14 programas sociales que se
suspenderán 45 días antes del día de las elecciones (del 23 de abril al 7 de
junio), debido a que no participa en el programa más que para proporcionar a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes el padrón de beneficiarios de programas
sociales.

Solución

La solución a esta situación es que las autoridades
encargadas de la entrega de los televisores digitales y demás programas
sociales, garanticen la transparencia,
imparcialidad y efectividad
en la instrumentación de sus acciones.

Puesto que en el caso de la ejecución efectiva del programa
de la transición a la TDT depende no sólo se cumpla con el plazo fijado en la Constitución. Sino también de que el grueso de los hogares no sean
desprovistos de la recepción de señales
de televisión abierta, la liberación 
de las frecuencias
del espectro necesarias para la operación de la
red pública compartida de telecomunicaciones, acompañada de la utilización eficiente del espectro y la reducción de la brecha digital en el
país.

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