Más veneno en Sonora: GM y políticos contaminan el caso
Es un conflicto contaminado por intereses políticos y económicos. A casi dos meses del derrame, te presentamos un recuento de las tensiones.
El derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre está tomando un rumbo perverso, que está desgraciadamente plagado de conflictos políticos. La información que pareció fluir libremente unos días después del 6 de agosto, ahora está contaminada de desinformación y acusaciones que están dejando mal a todos sus protagonistas. La única realidad comprobable: el derrame de tóxicos sigue, y está en peligro de hacerse más grave. Veamos cómo se han desarrollado los hechos:
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6 de agosto: Una aparente ruptura en una de las represas de la mina Buenavista del Cobre provoca el derrame de 40,000 litros de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas, afluente del río Bacanuchi, a su vez contribuyente del río Sonora, el principal cuerpo de agua en el centro del estado.
7 de agosto: Los habitantes se dan cuenta de la contaminación y la denuncian a la Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora. Profepa afirmará el 9 de agosto que desde este día se instaló el Protocolo de Contingencia del Comité de Operaciones de Atención a Emergencias Ambientales (COATEA), en conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las unidades municipales y estatales de Protección Civil. En la primera versión se diría que el motivo fueron las lluvias. Posteriormente, con información del Instituto Meteorológico Nacional, este argumento fue desmentido.
8 de agosto: La empresa notifica el incidente a las autoridades federales, por vía telefónica, según las primeras informaciones.
11 de agosto: El delegado de Conagua, César Lagarda, acusó a la minera de ocultar la información hasta el 8 de agosto y niega que hayan sido las lluvias. Informa también que la institución encontró arsénico, cadmio, aluminio, hierro, manganeso, níquel y cobre en concentraciones superiores a las permitidas.
12 de agosto: La empresa afirma que, tan pronto supo del incidente, procedió a levantar un muro de contención “lo suficientemente fuerte para evitar que el derrame continuara… y que atendió todos los protocolos de aviso a las autoridades…”
19 de agosto: El secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales señala que la minera mintió al culpar a las lluvias, y que en se trató en realidad de una fuga en sus tuberías. Por esos días, la Comisión Nacional del Agua afirmó que los tóxicos ya se habían diluido y estaban en niveles aceptables.
26 de agosto: La Cámara de Diputados anuncia la integración de una comisión para investigar los hechos.
6 de septiembre: Un reportaje en el programa Punto de Partida denuncia que existe una presa en el rancho “Pozo nuevo de Padrés”, propiedad del gobernador, que puede almacenar 4 millones de litros de agua. Se asegura que esta obra no existía en 2008, por fotografías satelitales. El gobernador niega los dicho, y asegura que es un represo que tiene ahí más de 60 años.
El mismo día, los delegados de Semarnat y Conagua aseguran que no hay registros de esta presa y que ésta se encuentra en la ilegalidad.
7 de septiembre: Alcaldes de los 7 municipios afectados emplazan a la empresa a impulsar un programa de atención a los afectados. Describen “gravísimos daños ecológicos, afectaciones a la ganadería, a la agricultura, al comercio, la salud y la estabilidad económica y emocional de los pobladores…”
8 de septiembre: La Comisión Estatal de los Derechos Humanos interpone una demanda penal contra Grupo México.
9 de septiembre: El gobernador de Sonora expulsa del Consejo Estatal de Protección Civil a los delegados federales de Conagua, Sagarpa y Profepa por actuar “de manera irresponsable y con fines político-electorales”. Los acusa de declarar la ilegalidad de la presa en su rancho sin mediar ningún documento.
11 de septiembre: El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, suspende una reunión con el gobernador de Sonora por falta de “condiciones necesarias para un diálogo respetuoso y constructivo”.
El mismo día se constituye un Fideicomiso por 2,000 millones de pesos para atender los daños, el dinero será aportado por la minera y se formará un comité para administrarlo.
13 de septiembre: Conagua afirma que tiene a 7 ranchos bajo investigación, porque la presa atribuida al gobernador está construida sobre aguas federales.
17 de septiembre: En un duro comunicado, la Comisión de diputados exige que se calculen montos hasta por 5,000 millones de pesos por los daños y acusa a la mina de actuar de forma “inescrupulosa, irresponsable e indolente”.
19 de septiembre: El gobernador de Sonora y el secretario de Gobernación se reúnen por fin, para tratar el problema, acuerdan “resolver de manera conjunta la problemática”. El gobernador también se reúne con el Secretario del Trabajo, para planear una gira por la zona.
19 de septiembre: El gobierno estatal rompe relaciones con Buenavista del Cobre al comprobar que sigue trabajando de manera irregular. Acusa a la mina de negar visitas de inspección y de realizar descargas deliberadas de tóxicos en el río Sonora. Exhibe una manguera por donde asegura que se realizan las descargas. El encargado de la información es Carlos Jesús Arias, de la Unidad Estatal de Protección Civil.
El mismo día, Buenavista del Cobre emite un comunicado, negando las acusaciones. Afirma que realiza acciones de bombeo de residuos hacia los represos y ha actuado con estricto apego a la normatividad vigente.
20 de septiembre: El subsecretario del Trabajo Rafael Adrián Avante, señala que si existen nuevas derramas, a causa de que tres de los 12 represos de la mina presentan filtraciones y “lagrimeos”. Señala que no hay motivo de alarma, aunque invita a seguir los protocolos de Protección Civil.
Se da a conocer que la represa en el rancho del gobernador se ha derrumbado a causa de las lluvias. Surgen acusaciones de que ésta ha sido destruida deliberadamente, lo cual es negado por el mandatario estatal.
Así, hoy nos levantamos con la noticia de que el peligro no ha pasado en Sonora. La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) informó que al menos cuatro represas están sin control y los metales pesados y el sulfato de cobre regresan con fuertes descargas en la zona. Y nos enteramos que el paso del huracán Odile sí estuvo cerca de provocar daños mayores al estado.
En medio de tal situación sabemos que .Germán Larrea, CEO de Grupo México encabeza a un grupo que participa en la licitación de una de las dos nuevas cadenas televisión. Y no olvidemos que el propio gobernador Guillermo Padres, militante del PAN, llegó al poder en Sonora impulsado por otra gran tragedia: el incendio de la Guardería ABC, que destrozó las posibilidades del priísmo en el estado en 2009. El revoltijo, como puede el lector ver, es más tóxico que Buenavista del Cobre.
