'; Alto Nivel
ActualidadHistorias

Pagará GMéxico 2 mmdp para reparar daños por derrame

El gobierno anunció la creación de un fideicomiso de 2 mmdp financiado por la firma minera para reparar los daños ambientales y materiales.

11-09-2014, 1:45:36 PM
Pagará GMéxico 2 mmdp para reparar daños por derrame
Reuters y Notimex

El Gobierno de la República anunció este jueves que dos subsidiarias del gigante Grupo México aceptaron pagar daños por un derrame tóxico de una mina en un río en Sonora, en el norte del país, para lo cual creó un fideicomiso por 2,000 millones de pesos.

“Son recursos que debe aportar la empresa de manera directa e inmediata”, dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en conferencia de prensa.

Guajardo dijo que la concesión de Grupo México para operar la mina Buenavista, donde ocurrió el derrame a inicios de agosto, no peligra si la empresa repara el daño ocasionado.

Funcionarios que también participaron en la conferencia dijeron que Grupo México podría enfrentar multas por un total de 44.5 millones de pesos por el derrame.

En conferencia de prensa, el vocero de Presidencia de la República; Eduardo Sánchez y el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, señalaron que las empresas subsidiarias de Grupo México se han obligado ante el gobierno federal a reparar en su totalidad el daño ambiental así como todos los daños materiales a las personas afectadas.

Guerra Abud explicó en conferencia de prensa que las empresas Buena Vista del Cobre y Operadora de Mina e Instalaciones Mineras, subsidiarias de Grupo México, “se han obligado ante el gobierno de la República a reparar totalmente el daño ambiental y a reparar los daños materiales a las personas por este derrame”.

Dijo que para ello se creará un fideicomiso de dos mil millones de pesos, en ministraciones de 500 millones, y que en caso de que el monto total sea insuficiente, “las empresas aportarán la cantidad adicional que un Comité Técnico determine”.

Durante la conferencia en la que participaron también el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, se informó que el fideicomiso será de formación inmediata, ya que se consideró que el acuerdo es la forma más rápida de actuar para la reparación de los daños.

En este sentido, Humberto Castillejos explicó que de acuerdo con la Ley de Protección al Ambiente, la empresa está obligada a cumplir con la reparación del daño, por lo que alcanzar un acuerdo es la vía más efectiva, ya que mediante un juicio los plazos serían más largos.

“La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental establece que cualquiera que cause un daño ambiental debe repararlo, y de no ser posible compensarlo económicamente, sin duda alguna existen los procedimientos administrativos y judiciales para llegar a este objetivo. Ante el sometimiento a la ley, la empresa se obligó ante el gobierno federal a anticipar esta consecuencia jurídica”, destacó.

En el Comité Técnico del fideicomiso, que será presidido por el gobierno de la República, participarán expertos de reconocido prestigio en materia ambiental y cumplirán con mecanismos transparentes con el programa de remediación aprobado.

Asimismo, se dio a conocer que el Comité evaluará las reclamaciones de personas que hayan sufrido daños en su patrimonio o actividad productiva, incluidos los referentes a la calidad del agua, situaciones de salud, así como de flora y fauna.

Guerra Abud aclaró que la contribución del fidecomiso es independiente de las sanciones económicas a las que la empresa se sujetaría conforme a derecho, así como de otros procedimientos en materia ambiental.

De acuerdo con los funcionarios federales, no hay tiempo definido ni monto estimado en cuanto al tema de la sanción económica a la que se sujetaría la empresa, aunque es un procedimiento que continuará su rumbo, ya que en este caso se privilegia la atención inmediata a la población afectada y al medio ambiente.

Ildefonso Guajardo, indicó al respecto que el principal objetivo del gobierno federal es que la empresa repare al ciento por ciento los daños ocasionados, y que para ello se creó un fideicomiso de dos mil millones de pesos, con recursos pertenecientes únicamente a la empresa.

“La Ley Minera, en su artículo 43, establece claramente los procedimientos para una sanción, en primera estancia temporal y después definitiva; en este sentido queda claramente establecido que las diferentes áreas intergubernamentales de consideración y cuantificación de daños están haciendo sus procedimientos conducentes”, externó.

Reiteró que el gobierno “está privilegiando la reparación y remediación”, y en ello también se incluye las actividades productivas.

Resaltó que con esto se logra aplicar la ley y al mismo tiempo garantizar la operación sustentable de una inversión que genera empleos.

Aclaró que la inversión en México es bienvenida “siempre y cuando cumpla con el marco legal de sustentabilidad, y a partir de ello la certidumbre es clara”.

El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, señaló que el gobierno federal ha actuado en este caso con oportunidad para cumplir con sus responsabilidades, al dar prioridad a la población afectada y al medio ambiente.

Insistió en que las autoridades federales dieron los pasos necesarios para hacer que la empresa cumpla con su obligación y se haga cumplir con la ley.

Proponen diputados cancelar concesión a Grupo México

La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento al derrame de tóxicos en Sonora propone una solicitud formal a la Secretaría de Economía para que cancele la concesión otorgada a Grupo México, a través de su empresa subsidiaria Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea.

Según el informe de las reuniones de trabajo realizadas hasta la fecha, incluyendo la del 3 de septiembre cuando se visitó la zona del desastre, los integrantes de este grupo de trabajo legislativo concluyen que Grupo México mintió al no avisar a la autoridad del derrame y luego negar su responsabilidad.

“Ante tales circunstancias la mina no debiera estar operando”, asienta el documento que será presentado este jueves a la Junta de Coordinación Política y el 17 de septiembre ante el pleno.

“De acuerdo con la información recabada la Comisión Especial considera indispensable la suspensión de actividades de la mina Cananea, operada por Grupo México, hasta en tanto se evalúen los daños, se garantice el resarcimiento del medio ambiente y la indemnización de toda la población afectada”, agrega.

“La Comisión Especial seguirá recabando informes de las diferentes dependencias, para fundamentar la transgresión a la normatividad y exigir a la Secretaría de Economía la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México”, añade.

En el reporte, los miembros de la comisión detallan que luego de dialogar con autoridades de la empresa, funcionarios federales encargados de dar seguimiento al caso, autoridades municipales, trabajadores y habitantes de la zona observaron omisiones en el ámbito estatal y empresarial.

Destacan que la Comisión Estatal de Protección Civil no ha entregado a la fecha las actas del Comité de Emergencia, aun cuando le fueron solicitadas por la instancia legislativa.

“El gobierno del Estado ni la empresa minera han explicado en función de qué se está indemnizando ni cómo se han cuantificado los daños ni tampoco con qué recursos están pagando, aun cuando ya fue requerida la empresa para entregar esa información”, subraya.

Anotan que, un mes después del derrame, la empresa no ha reparado el tubo roto ni las fallas de infraestructura que provocaron el derrame; las labores de limpieza en el Río Sonora son lentas y la arena contaminada se está depositando en una presa a cielo abierto.

El documento indica que entre otras normas incumplidas y violadas por el Grupo México se encuentran la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, las leyes General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de Aguas Nacionales.

La minera no tiene registro ante la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado (CEDES), y ha incumplido con la Norma Oficial Mexicana 159-SEMARNAT-2011 sobre los requisitos de protección ambiental de los sistemas de lixiviación de cobre.

También se ha incumplido la Ley Minera, aproximadamente 30 leyes nacionales e internacionales sobre conservación ecológica y ambiental y normas sobre los límites máximos permitidos de sustancias como arsénico, cadmio, cobre, cromo y mercurio.

Detallan que durante la visita un grupo de ex trabajadores les narró que la mina opera de manera irregular desde hace años, prevalecen los conflictos laborales, y los trabajadores no cuentan con medidas de seguridad mínimas.

Asimismo se han presentado más derrames de tóxicos y los mineros presentan daños a la salud por el incumplimiento de las medidas reglamentarias de seguridad e higiene.

Los ex empleados, agrega el informe de los diputados, indicaron que desde 2007 expertos internacionales realizaron un estudio sobre las condiciones en que opera la mina Cananea.

Desde ese entonces, abundan, privan la falta de mantenimiento preventivo, fallas en la reparación de equipos, falta de limpieza y ventilación.

Además ausencia de equipo de protección para los mineros, quienes están expuestos a altos niveles de sustancias, polvos tóxicos y vapores ácidos, que les han provocado daños al sistema respiratorio y enfermedades fatales como cáncer de pulmón y silicosis.

Aunado a ello la empresa no ha implementado programas de evaluación médica de su personal, no provee los equipos ni elementos necesarios para proteger al trabajador que maneja residuos tóxicos y no ha realizado los monitoreos de higiene industrial debidos.

Tampoco capacita al personal expuesto a ambientes contaminados y riesgosos, no ha instalado los equipos de ventilación adecuados y los mineros laboran con mascarillas de papel para protegerse de partículas, vapores y ácidos tóxicos, abunda el expediente.

Relacionadas

Comentarios