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Argentina busca proteger deuda de bonistas

El gobierno argentino aseguró que su decisión de pagar en Buenos Aires los bonos bajo legislaciones extranjeras tiene como objetivo proteger a sus acreedores.

20-08-2014, 10:18:19 AM
Argentina busca proteger deuda de bonistas
Reuters

El Gobierno argentino aseguró este miércoles que su decisión de pagar en Buenos Aires los bonos bajo legislaciones extranjeras tiene como objetivo proteger a sus acreedores, que quedaron atrapados en la disputa judicial que llevó al país al default.

La medida busca sortear una orden de un juez en Nueva York que bloqueó los pagos de la deuda argentina en el exterior hasta que el país compense con más de 1.330 millones de dólares a fondos de cobertura que lo demandaron por su cesación de pagos del 2002, a lo que la administración de la presidenta Cristina Fernández se niega.

La orden judicial impidió a Argentina honrar los intereses de un bono Discount a finales de julio, hundiendo al país en un nuevo default justo cuando su economía se encuentra en recesión y su elevada inflación se está acelerando.

La decisión de Argentina, que fue plasmada en un proyecto de ley anunciado en la noche del martes por Fernández, implica cambiar las condiciones de pago de sus bonos emitidos en los canjes de deuda del 2005 y el 2010, en los cuales la mayor parte de los acreedores aceptaron fuertes quitas a cambio de recibir títulos que el país ha venido honrando regularmente.

Argentina va a “proteger al 92,4 por ciento de los bonistas que ingresó a los canjes”, dijo a periodistas el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich.

“Lo que hace Argentina es lisa y llanamente ratificar su condición de país soberano y establecer mecanismo para garantizar el pago” de su deuda, agregó Capitanich.

El proyecto enviado al Congreso dispone que el Gobierno pagará en Buenos Aires a través del estatal Banco Nación a los tenedores de bonos Discount, Par y Global 2017 emitidos bajo leyes de Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón.

Hasta ahora, esos títulos, que suman un capital de alrededor de 29.000 millones de dólares, eran abonados a través de Nueva York por el Bank of New York Mellon (BONY), con el cual Argentina decidió rescindir su contrato como agente de pagos por haber acatado el bloqueo dispuesto por el juez Thomas Griesa.

El país sudamericano también decidió abrir un canje de deuda voluntario para que los acreedores con deuda bajo leyes extranjeras puedan recibir títulos emitidos bajo ley argentina bajo los mismos términos.

El Discount perdía 1,9 centavos de dólar a 80,51 en Londres.

El cambio en las reglas de juego podría incentivar a los tenedores de bonos reestructurados a ejercer una cláusula que les permitiría recuperar sus inversiones anticipadamente.

El Gobierno, que ha tenido que implementar un control de cambios y limitar las importaciones para frenar el derrumbe de las reservas del Banco Central, carece de recursos para cancelar anticipadamente su deuda bajo leyes extranjeras y ya adelantó que frenaría en la justicia cualquier intento de obligarlo a hacerlo.

Se espera que el Congreso apruebe el proyecto de ley antes de que Argentina enfrente un vencimiento de su bono Par el 30 de septiembre.

Las negociaciones para lograr un acuerdo entre Argentina y sus demandantes, liderados por los fondos NML y Aurelius, fracasaron a finales de julio.

Griesa había ordenado recientemente a las partes volver a sentarse a la mesa de negociaciones. Pero, el Gobierno argentino dijo que no estaban dadas las condiciones dado que el mediador designado por el magistrado beneficiaba a los fondos que el país califica de “buitres”.

El cambio de jurisdicción de bonos también implica un desafío legal para los inversores institucionales, dado que algunos de ellos no están habilitados para asumir el riesgo que implica tener bonos bajo otra ley que no sea estadounidense o europea.

El proyecto de ley argentino también reabre el canje de deuda del 2010 para darle otra oportunidad a los acreedores “holdouts” a canjear los bonos que el país dejó de pagar en el 2002.

Hasta ahora, esos acreedores, con tenencias calculadas en unos 10.000 millones de dólares, han rechazado esa opción.

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