Ley Telecom, una polémica en cuenta regresiva

Por Adrián Arias.

Pese a las buenas expectativas econímicas que hay sobre la reforma de telecomunicaciones, el camino para concretar estos objetivos está lleno de obstáculos. La ruptura entre los diversos partidos políticos parece ser el principal impedimento.

Las propuestas de ley secundaria llegaron demasiado tarde. Debieron debatirse y aprobarse desde diciembre de 2013, pues los legisladores asumieron el compromiso de expedir dichas leyes en un plazo máximo de 180 días naturales contados a partir del pasado 11 de junio de 2013, día en que se publicó la reforma en el Diario Oficial de la Federación.

Los analistas coinciden en que estas leyes tienen el mismo nivel de jerarquía e importancia que la propia reforma, ya que a través de ellas se establecerán los detalles para la operación de medidas regulatorias, como la imposición de obligaciones para los agentes económicos preponderantes, es decir, aquellas empresas que tengan una participación de mercado mayor al 50% a nivel nacional en materia de usuarios o capacidad de las redes, tanto en telecomunicaciones como radiodifusión.

Las leyes secundarias también servirán para sentar las reglas de retransmisión de los canales de televisión abierta en los sistemas de televisión de paga, medida regulatoria que se conoce técnicamente como must carry-must offer.

Una vez que concluyó el plazo fatal, los legisladores argumentaron que no podían iniciar la discusión de las leyes hasta que el Ejecutivo federal presentara su propuesta. A su vez, el Ejecutivo respondió que esperaría a que el Congreso de la Unión desahogara su agenda legislativa para encontrar el momento más propicio para la presentación de su proyecto, el cual llegó casi cuatro meses después de que terminara el plazo que se impusieron los legisladores y abrió una verdadera caja de pandora. Varios expertos coincidieron en que el documento tenía inconsistencias y las medidas propuestas contradecían el texto de la propia reforma.

El texto plantea, entre otras medidas, quitar las atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en materia de regulación de contenidos en radio y televisión para que la Secretaría de Gobernación (Segob) se encargue de esta tarea y también elimina la facultad de que el Instituto pueda exigir el pago inmediato de las multas impuestas a las empresas, pues esas sanciones no se harían efectivas hasta que se resuelvan los litigios que las compañías impongan contra las decisiones del Instituto.

“Estamos en contra de que se suspendan las multas mediante el amparo. Esa fue una de las razones por las que aprobamos la reforma en telecomunicaciones y ahora se pretende que regresemos al esquema del pasado que dificultó el avance del sector por años”, afirma Juan Pablo Adame, presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información de la Cámara de Diputados.

Antes de la reforma, las empresas abusaban de los amparos para obtener suspensiones legales que  permitieran aplazar el pago de las multas o la imposición de sanciones por parte de las autoridades. Gracias a esta práctica, nunca fue posible imponer una regulación asimétrica a empresas como Teléfonos de México (Telmex) o Telcel que permitiera reducir su dominancia en el mercado.

“No vamos a aprobar esa propuesta porque implicaría regresar al viejo esquema de judicialización y de abuso de los amparos y ello dificultaría la labor del IFT”, afirma Adame.

El descontento generado por las leyes secundarias las convirtió en una bomba de tiempo que estalló finalmente el pasado 23 de abril en el Senado de la República, cuando en medio de críticas y desacreditaciones personales, los miembros de las comisiones que dictaminarán las leyes rechazaron el proyecto que buscaba imponer el senador panista Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara Alta, cuya propuesta es en esencia el proyecto del Ejecutivo federal, pero con leves modificaciones.

Hasta los propios senadores del PAN dieron la espalda a su copartidario Lozano, acusándolo de haber redactado un proyecto personal en donde no tomó en cuenta el punto de vista de los demás senadores: “La consigna está siendo brutal. Hay un claro desaseo procedimental y es obvio que hubo presiones de muy arriba, ya que el PRI y sus aliados no vacilaron en pasar por encima de las normas del Congreso y en faltar a su palabra para aprobar en los próximos días, solo con cambios cosméticos, esa iniciativa presidencial que vulnera la Carta Magna para beneficiar a las televisoras”, señaló el senador panista Javier Corral durante la sesión que tuvo lugar en las comisiones.

Las negociaciones entre Lozano y los demás senadores no prosperaron y tres días después el legislador anunció que las leyes secundarias se debatirán por fin en este mes de junio. Y lo están haciendo pero en medio de la polémica que sigue creciendo. Te recomendamos leer: El escándalo de Purificación Carpinteyro

“Es un hecho que la falta de leyes secundarias afectan a la industria y sus planes de inversión, pero tampoco es viable aprobar un proyecto con inconsistencias que requieren modificaciones”, opina Jorge Fernando Negrete, director de la consultoría Mediatelecom Policy&Law.

Megaproyectos: Banda ancha y nuevas cadenas de televisión

Lejos del debate político y de la coyuntura, la reforma plantea proyectos que no se han llevado a cabo en otros países. Uno de ellos es la instalación de una red nacional de servicios de internet de banda ancha que darán cobertura a más del 90% de la población y que se constituirá como el proyecto de conectividad más ambicioso en la historia del país.

Este proyecto funcionará mediante el uso de dos tipos de infraestructura: la fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), conocida como la red troncal, y una frecuencia de espectro radioeléctrico denominada como la banda de los 700 megahertz (Mhz) o red compartida, que servirá para arrendar infraestructura a los operadores comerciales, a fin de que amplíen sus respectivas coberturas en zonas apartadas a bajos costos.

Con la combinación de ambas infraestructuras, el gobierno espera ampliar la conectividad de servicios de banda ancha en más de 80,000 sitios públicos, como centros de salud, escuelas, oficinas gubernamentales y espacios de convivencia al aire libre.

Ello también permitirá llevar servicios de telemedicina y teleeducación a zonas apartadas y comunidades indígenas. La red troncal requerirá 39,000 millones de pesos (mdp), que se ejercerán mediante un esquema de asociación público-privada. Se espera que estos proyectos comiencen a operar en 2015.

El proyecto de red compartida encendió los focos rojos en la industria, pues se trata de una medida de la cual no hay experiencia previa: “Esta red trae consigo una serie de inconvenientes y riesgos, como la falta de precedentes exitosos en otros países y pérdida de incentivos para la inversión en el sector”, opina Pablo Bello, secretario general de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (Ahciet).

El otro proyecto sexenal ambicioso que plantea la reforma es la licitación de dos cadenas de televisión abierta que iniciarán operaciones a mediados de 2015. Las empresas que busquen incursionar en este concurso deberán pagar un precio mínimo de referencia de 830 mdp para adquirir una cadena.

De acuerdo con el IFT, actualmente hay menos de 10 interesados en concursar en la licitación. Algunas de las empresas que han externado su interés son: Grupo Radio Centro, Grupo Empresarial Ángeles, Axtel, Grupo Lauman y El Universal.

Será durante el segundo semestre de este año cuando el Instituto dará a conocer los nombres oficiales de las empresas que buscarán contender por las frecuencias, luego de que estas presenten sus respectivas posturas.

El Instituto estima que los ganadores tardarán cinco años en ganar una participación de mercado de 8% en los ingresos de publicidad y deberán realizar inversiones de hasta 20 millones de dólares (mdd) mensuales para generar contenidos que atraigan a las audiencias, que ya no serán cautivas.

“El gran reto de estas cadenas serán los contenidos. Ese elemento será la clave para el éxito de un negocio que está demasiado concentrado en dos operadores y en donde hace falta mayor pluralidad”, enfatiza Mony de Swaan, ex presidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

El meollo del asunto

Luego de más de 10 años en que las telecomunicaciones se mantuvieron sin cambios, la reforma constitucional llegó para asestar un golpe de timón que dará nuevo orden al sector con medidas novedosas que no se han aplicado en otros países y que tendrán un impacto importante que podría ser de hasta 1.2% en el Producto Interno Bruto (PIB) durante los próximos cinco años, además de que contribuirá con la creación de nuevas empresas.

La reforma se aprobó entre luchas de poder y la ruptura entre las compañías más grandes de la industria crearon una coyuntura que se salió de las manos, cuya situación también se complicó por no existir un marco regulatorio sólido que estuviera acorde con los avances tecnológicos del sector, y por la ausencia de un organismo regulador que tuviera los suficientes dientes para meter en cintura a los grandes grupos económicos de la industria.

La cuna donde nació la reforma fue el hoy extinto Pacto por México, un acuerdo firmado entre los principales partidos políticos del país para sacar adelante las reformas estructurales que se requerían en diversos sectores.

Allí se gestaron las medidas que dieron forma al texto, entre las que destacan la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo que tendrá plenas facultades para regular a los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones tanto en aspectos técnicos como en materia de competencia.

La creación del Instituto es la piedra angular que permitirá concretar la mayoría de los objetivos de la reforma, pues el organismo será el encargado de establecer las condiciones para fomentar la entrada de más participantes en el sector a través de la imposición de medidas que atraigan a más inversionistas, pues hace más de 10 años que no incursiona una nueva firma de telefonía celular en México, mientras que la última empresa de televisión de paga satelital apareció en 2008, con el nombre de Dish.

Así, con la entrada de más competidores y el desarrollo de nuevos proyectos de conectividad, las medidas propuestas por la reforma generarán valor en varios subsectores que, entre otras mejoras, contribuirán al crecimiento económico.

“El efecto global que la reforma traerá consigo se debe traducir en un incremento de entre 1 y 1.2% adicional en el crecimiento orgánico del PIB en los próximos cinco años”, señala Eduardo Castañón, presidente de la CEICE-Academia de ingeniería.

Este crecimiento económico estará impulsado por una cifra histórica en las inversiones del sector, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) prevé que la inversión sexenal en telecomunicaciones ascenderá a 700,000 mdp, como resultado de las medidas propuestas en la reforma y por los proyectos gubernamentales que se derivarán de ella. Cabe señalar que esta cifra superará en 147% la inversión que se ejerció durante el sexenio pasado, que fue de  283,000 mdp.

También se espera que la reforma posicione a México en un mejor sitio, dentro del comparativo internacional en materia de inversiones para telecomunicaciones, ya que el promedio de inversión per cápita del país asciende a 30 dólares anuales, de acuerdo con la métrica utilizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La reforma constitucional permitirá elevar este monto hasta unos 90 dólares anuales per cápita a lo largo de los próximos cinco años, de acuerdo con estimaciones de la SCT.

El ABC de una reforma

► El 10 de junio de 2013 se aprobó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica.

► Los seis ejes de esta reforma son: fortalecer derechos fundamentales en la materia; actualizar el marco legal del sector de telecomunicaciones; fortalecer el marco constitucional; promover la competencia; establecer una política de inclusión digital universal e impulsar una mayor cobertura en infraestructura.

► A partir de esta reforma se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica.

► El objetivo es que México se acerque a países de la OCDE, que pagan tarifas más bajas y cuentan con una diversidad de televisoras.

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