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Ley de competencia, más preguntas que respuestas

La cuestión es si era necesario revolver tanto la vieja estructura para desembocar en poderes sustancialmente limitados a la hora de garantizar la competencia.

29-04-2014, 5:00:44 PM
Ley de competencia, más preguntas que respuestas
Gabriela Guerra Rey, editora en jefe de la revista Inversionista

Por: Gabriela Guerra Rey, editora en jefe de la revista Inversionista

Mucho se ha hablado de los avances y percances que traerán las reformas estructurales aprobadas en los últimos meses: regulaciones antimonopolios, derecho a la información, licitación de nuevas cadenas de tv abierta, reglas parejas para los mercados, aplicación de nuevas normas financieras que mejoren el crédito y faciliten la apertura de pequeñas y medianas empresas. El panorama está abarrotado de normativas… muchas aún pendientes.

La participación de la Comisión Federal de Competencia (COFECE) era ya incierta cuando los diputados limitaron su actuación, suprimiéndole la facultad de eliminar los monopolios. Sus funciones de “perseguir, castigar y eliminar monopolios” se cambiaron por “prevenir, investigar y combatir”.

Cabe destacar que hace unos momentos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la minuta que expide la Ley Federal de Competencia Económica, que entre otras cosas aumenta las sanciones por ejecutar contratos o convenios entre agentes económicos competidores.

Una vieja frase que algunos atañen al fallecido escritor Mario Benedetti dice: “Cuando creíamos tener todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas”.

El escenario donde se ambienta esta frase, hoy, es México; los actores, sus funcionarios, empresarios, gobernantes, legisladores y, claro, el pueblo.

En este panorama, ¿cuáles serán las facultades reales que le quedarán a la COFECE cuando termine el período legislativo y, a fuerza, queden listas las reformas? Ésta es todavía una pregunta más sin respuesta.

El Plan Estratégico de COFECE 2014-2017 indica que los sectores prioritarios, dentro de sus líneas estratégicas, suman siete: Cadena agroalimentaria, Contrataciones gubernamentales, Insumos para la construcción, Energético, Financiero, Servicios de salud y medicamentos y Transporte e infraestructura
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Tenemos muchas preguntas nuevas que contestar (¡no se hagan ilusiones!) sobre tres áreas que son cimientos de la nación: Telecomunicaciones (que no figura como prioritario para la COFECE), energía y sector financiero.

En el tema de telecomunicaciones, la mano dura la tendrá el Ifetel. En el sector financiero, que “sí es prioridad”, la palabra definitiva está a cargo de una serie de organismos que giran en torno a la SHCP (Banco de México, CNBV, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, CONSAR, CONDUSEF, IPAB, Ley de Protección al Ahorro Bancario y Ley de Instituciones de Crédito).

Para el energético, los reguladores principales serán la CRE, la CNH y la SENER. En ningún caso las competencias de la COFECE serán definitorias a la hora de regular estos mercados. Por demás, los sectores que no son prioritarios para la Comisión es porque se consideran competitivos o relativamente competitivos. Sin cometarios…

Para el promedio anual de 2013, los sectores básicos de la COFECE impactaron de la siguiente forma el PIB nacional: Transportes, correos y almacenamiento, 5.75%; Servicios financieros y de seguros, 4.40%; Servicios de salud y asistencia social, 2.02%; Construcción, 7.37%; Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, 2.18%; Petróleo crudo, 9.40%; Gas natural, 0.00014%; Petroquímicos, 0.75%. (Fuentes: SENER, INEGI, Banco de México, COFECE).

Esto hace un total de 31.87% del PIB de México, en el que la COFECE tiene “algún” impacto real. No olvidemos que, en los sectores de energía y financiero, su papel es más propositivo que ejecutor.

Según el dictamen hecho por los diputados, el colmillo de la COFECE rasgará las vestiduras de no competencia, procurando no afectar la operación de las empresas; los comisionados no podrán ser recusados por manifestaciones en entrevistas; deberá considerar cómo un insumo llegó a ser esencial, y señalar disposiciones gubernamentales que representen barreras a la competencia. Mientras, la división de activos solo se utilizará cuando otras medidas sean insuficientes.

Debemos cuestionarnos, entonces, su poder, más allá del término Competencia, que ostenta su nombre, e incluso, si era necesario revolver tanto la vieja estructura (COFECO y COFETEL), para desembocar en poderes sustancialmente limitados a la hora de garantizar una verdadera competencia en el país.

Revisa nuestro informe especial de Inversionista #320, mayo 2014: “México a las puertas del desarrollo. ¿Ahora sí habrá cambio?”.

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