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Presidencia interpone 4 controversias ante SCJN

Las controversias son contra los poderes ejecutivos y legislativos de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora en busca de armonizar la Reforma Educativa.

15-04-2014, 2:32:21 PM
Presidencia interpone 4 controversias ante SCJN
Notimex

La Presidencia de la República interpuso cuatro controversias
constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para
armonizar la Reforma Educativa con leyes estatales.

El consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto
Castillejos Cervantes
, dio a conocer que se promovieron controversias
constitucionales contra los poderes ejecutivos y legislativos de Oaxaca,
Chiapas, Michoacán y Sonora.

Acompañado del vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez, el
funcionario detalló en el caso de Oaxaca el recurso jurídico es por la
omisión total de lo dispuesto en la Constitución, en materia educativa.

En tanto, en los casos de Chiapas, Michoacán y Sonora, se promovió
porque diversos artículos de las legislaciones locales en esta materia
no armonizan con lo dispuesto en la carta magna.

Oaxaca, Sonora, Michoacán y Chiapas

Sobre el recurso contra los poderes Ejecutivo y Legislativo de Oaxaca,
el funcionario abundó que “se basa en la omisión total de cumplir con el
mandato establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente,
de armonizar su legislación dentro de los seis meses a partir de la
publicación de dicha ley general”.

Respecto a las otras entidades detalló que se impugnaron ocho artículos
en el caso de Chiapas, cuatro en el de Michoacán y 27 en el de Sonora
por invadir la esfera de competencia federal o modificar los contenidos
establecidos en las leyes generales en la materia.

Entre las diversas irregularidades se encuentra que los congresos
locales regularon sobre el tema de alimentos y bebidas, lo que
corresponde a la Federación, y por no vincular los programas de gestión
escolar a los lineamientos del orden federal.

También por admitir la participación sindical en programas de
capacitación reservados
exclusivamente a las autoridades, además de
permitir la readscripción del personal docente en funciones educativas
aun y cuando no acrediten las evaluaciones respectivas.

En esos estados los congresos estatales regularon el proceso de
evaluación educativa a pesar de ser competencia exclusiva del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE), explicó Castillejos
Cervantes.

A su vez, detalló, en Michoacán se otorgó preeminencia a la legislación
local sobre la ley general, al decir que ésta es sólo supletoria cuando
de acuerdo con criterios de la SCJN corresponde a la ley general definir
los criterios contenidos y los alcances de la ley local, por ser
materia concurrente.

De igual forma al otorgar al Estado la definición de estándares e
indicadores para la evaluación media superior, a pesar de que es
facultad exclusiva
del citado instituto.

Refirió que en Sonora el servicio profesional docente establece como
marco normativo todo lo consignado en contratos colectivos de trabajo,
decretos, reglamentos, convenios, minutas o acuerdos anteriores o
posteriores a la reforma educativa, “con lo que se desconoce el espíritu
y la letra”, de la misma.

También se impugnó la legislación local por permitir la separación del
servicio docente
con goce de sueldo, modificar los parámetros de ingreso
y promoción al servicio profesional docente y reconocer un escalafón,
aún y cuando la reforma educativa prevé la promoción por medio de las
evaluaciones.

Además, por autorizar la intervención de los sindicatos en el proceso de
evaluación educativa contra las disposiciones constitucionales y leyes
generales, además de que impide que el personal docente de nuevo ingreso
sea separado del servicio profesional todavía en el caso de no aprobar
las evaluaciones educativas.

Castillejos Cervantes agregó que en caso de que la Suprema Corte
considere
que son fundadas las controversias, el legislativo de Oaxaca
deberá emitir la legislación respectiva, mientras que los otros tres
estados deberán adecuar las normas a la Constitución.

En su oportunidad Eduardo Sánchez enfatizó que respecto al cumplimiento a
lo previsto en la norma suprema no hay posibilidad de que alguna
autoridad pueda negociar lo que la Constitución establece.

Asimismo, informó que se valorarán los casos de otros estados para determinar si se promueven más recursos de ese tipo.

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