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SCJN avala geolocalización de móviles

La PGR podrá exigir a los operadores de telefonía móvil la localización geográfica de celulares involucrados en delitos graves, sin que medie orden judicial.

16-01-2014, 2:52:49 PM
SCJN avala geolocalización de móviles
Notimex

Por mayoría de ocho votos a favor y tres en contra, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación
(SCJN) declaró la constitucionalidad y validez
de las normas que permiten a las procuradurías ordenar la
geolocalización de teléfonos celulares en tiempo real, sin previa
autorización de un juez.

Sin embargo, adicional a las
normas ya establecidas, en el momento de emitir la orden al
concesionario la autoridad investigadora deberá exponer una motivación
que “mínimamente razone” la petición, estableció la SCJN.

Así,
deberá señalar al menos cuál es la averiguación previa en que se provee
la medida y las condiciones fácticas que adviertan del eventual daño a
las personas o de la ocultación de datos para esclarecer los hechos, de
todo lo cual deberá quedar constancia en el expediente de la
averiguación previa.

Estos requisitos, ante la
eventualidad de que se incurra en abusos o excesos en el uso de las
facultades de investigación de las procuradurías que eventualmente
obligan a reparar violaciones a los derechos humanos, o a decidir sobre
la validez de las pruebas recabadas en un juicio posterior.

En
la sesión, tres ministros mantuvieron su rechazo a la resolución de la
mayoría, e insistieron en la inconstitucionalidad de las normas, como
alegaba la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El
ministro Sergio Valls Hernández, uno de los tres que votó en contra,
expuso que las razones esgrimidas por la mayoría confirman que la única
manera de garantizar que no haya excesos ni violaciones a los derechos
humanos es mediante una previa autorización judicial, como contrapeso
institucional del Ministerio Público.

“Yo pienso que no
deja de ser un acto de buena fe estimar que es suficiente la ley y la
propia sentencia de este alto tribunal que se indiquen las reglas y
lineamientos que acotan la atribución discutida para que no se den
excesos o uso indebido en detrimento de los derechos humanos”, advirtió.

Agregó:
“quién lo garantiza, qué o quién lo controla; además, tratándose de
derechos humanos no se trata de que posteriormente se pueden denunciar
abusos, a fin de que se repare el daño hecho, sino precisamente se trata
de que el Estado garantice su ejercicio y protección para que no se
cause lesión a los derechos humanos”.

 Los ministros José Ramón Cossío y Olga Sánchez Cordero también votaron en contra.

En
tanto, los ministros Arturo Zaldívar, Alfredo Ortíz Mena y Fernando
Franco emitieron un voto concurrente, luego de haberse pronunciado por
una interpretación conforme que estableciera restricciones a esta nueva
facultad otorgada al Ministerio Público para salvaguardar los derechos
humanos.

A favor de la propuesta elaborada por la ministra
Margarita Luna Ramos, además de ella misma, votaron Juan Silva Meza,
Luis María Aguilar, Jorge Pardo y Alberto Pérez Dayán.

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