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4 senadores te explican el futuro de la Ley 3 de 3

Alto Nivel conversó con cuatro senadores provenientes del PRI, el PRD y el PAN, quienes forman parte de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana de la LXII Legislatura del Senado de la República, y nos cuentan el futuro de la Ley 3 de 3.

21-06-2016, 6:38:12 AM
4 senadores te explican el futuro de la Ley 3 de 3
José Roberto Arteaga

La discusión de la Ley 3 de 3 no ha terminado. La aprobación del paquete de las leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y su publicación por parte del Ejecutivo forman parte del inicio de un nuevo debate que podría incluir modificaciones en la promoción de las declaraciones de funcionarios públicos e incluso eliminar la inclusión de las empresas en el sistema.

“Una vez que las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción sean promulgadas voy hacer una iniciativa inmediatamente para que entre en efecto al día siguiente y se corrija esto que para mí es un error (incluir la declaración de las empresas en el sistema)”, asegura entrevista Ernesto Ruffo Appel, senador del Partido Acción Nacional (PAN).

La iniciativa ciudadana conocida como Ley 3 de 3 es una propuesta que se incorporó a las discusiones en el Senado de las leyes que estructuran el sistema Nacional Anticorrupción, la cual logró que a los funcionarios públicos les fuera exigida la presentación de sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses, aunque no se obliga su promoción en los formatos propuestos por la ciudadanía, de acuerdo con lo aprobado por los legisladores mexicanos. Un aspecto que generó inconformidad por parte de la población.

La iniciativa de la Ley 3 de 3 fue entregada en abril pasado a la Cámara de Senadores con el respaldo de 634,000 firmas de ciudadanos que buscaron exigir y transparentar de los funcionarios públicos.

Sin embargo, hay senadores que concuerdan con la exigencia de transparencia y promoción en lo declarado por funcionarios, pero no están de acuerdo en que existan empresarios que no quieran ser incluidos dentro de las obligaciones que impone el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Durante la discusión del paquete de leyes en la madrugada del pasado miércoles 15 de junio, el senador Manuel Cárdenas Fonseca, presidente de la Comisión de Anticorrupción y miembro del Partido Nueva Alianza, propuso un cambio a la propuesta del artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas que proponía la obligatoriedad de que los privados que deseaban hacer tratos con el gobierno o recibieran recursos públicos presentaran sus tres declaraciones, como se pedía a los funcionarios, modificación que fue aprobada.

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“Así como hay servidores públicos honestos que vamos a presentar nuestra declaración en los términos que la ley nos lo señala, también hay empresarios honestos que la van a presentar y no haya nada que esconder”, dice Luis Humberto Fernández Fuentes, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) se han manifestado en contra la aplicación de la ley 3 de 3 para entes privados porque, aseguran, ya existen mecanismos para fiscalizar y comprobar los recursos de las empresas.

Alto Nivel conversó con cuatro senadores provenientes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el PRD y el PAN, quienes forman parte de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana de la LXII Legislatura del Senado de la República, y nos cuentan el futuro de la Ley 3 de 3.

1. A favor de la transparencia, pero no de la promoción

María del Rocío Pineda Gochí, senadora por el PRI.

Voto a favor de promocionar declaraciones de funcionarios públicos: NO.

Inclusión de las empresas en la Ley 3 de 3: SÍ.

“Las propuestas ciudadanas fueron incorporadas a las leyes correspondientes y solamente de 700 artículos uno causó controversia, y es el que se refiere al artículo 29, el cual habla de hacer pública la declaración patrimonial de los servidores públicos”, asegura la legisladora María del Rocío Pineda al referirse al balance que hace de la Ley de Responsabilidades Administrativas.

La senadora cree que no se puede vincular la publicación de la declaración patrimonial de un funcionario con una disminución de la corrupción, por lo que no existe una afectación en el propósito de las leyes que dan forma al sistema anticorrupción,  a pesar de que no se haga obligatoria su promoción.

“Se pretendía que las declaraciones patrimoniales incluyeran a familiares de hasta cuarto grado. Eso no es posible, ya que estamos invadiendo el derecho de terceras personas”, explica Pineda Gochí.

59 senadores del PRI y el Partido Verde Ecologista de México votaron en contra de la obligatoriedad de que los servidores públicos rindieran sus tres declaraciones, con lo que superaron a 51 senadores que votaron a favor, 17 senadores que decidieron no hacerlo.

La senadora opina que lo aprobado por los legisladores se encuentra sustentado en un sistema robusto que no se ve afectado por los cambios finales realizados por el Congreso de la Unión.

Entre los ordenamientos legales que sustentan el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se encuentran la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3), Ley General del SNA, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, adecuaciones al Código Penal y a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

“Estas siete leyes conforman juntas el corazón del sistema anticorrupción”, dice Pineda Gochí.

En el caso de la inclusión de las empresas en la obligación de presentar su declaración, la legisladora se mostró a favor de la decisión tomada por el Senado y negó afectaciones para la ciudadanía. “Yo reitero que es perverso desinformar a la población sobre lo que se aprobó en sus términos generales, ya que las leyes también tienen reglamentos y pueden modificarse o complementarse a través de varios instrumentos legislativos, en los cuales se puede definir posteriormente, con claridad, los alcances de esta disposición”.

En la aplicación de la ley no se incluirán a los beneficiarios de los programas gubernamentales o cualquier persona física o moral que reciba un recurso público, puesto que, dice, la legislación se refiere sólo a la vigilancia de personal directivo de las empresas que reciben como contraprestación recursos económicos más elevados.

“Hoy como nunca los ciudadanos han tenido voz en el Senado de la República para poder contribuir a terminar con el flagelo de la corrupción, aunque las leyes no nos van a venir a solucionar de un día para otro este problema y lo que necesitamos es una buena actitud de todos los actores”, asegura María del Rocío Pineda.

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2. Correcciones a lo aprobado

Ernesto Ruffo Appel, senador por el PAN.

Voto a favor de promocionar declaraciones de funcionarios públicos: SÍ

Inclusión de las empresas en la Ley 3 de 3: NO.

Ernesto Ruffo se encuentra satisfecho por el avance “significativo” que ha logrado el país con la aprobación de las leyes que dan forma al SNA, pero no está de acuerdo en que no se haya aprobado la promoción de las declaraciones de funcionarios públicos y sí se incluyera a las empresas en el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades Administrativas.

“Eso pasa por andar haciendo sesiones a la media noche y metiendo reservas sospechosas por grupitos de legisladores que traen otra agenda, pero es corregible y eso es lo importante”, dice el senador panista.

En un 75% Ruffo ve bien lo aprobado en las leyes y espera que la experiencia en los primeros años de su implementación permita ver el funcionamiento y corregir errores u omisiones que afecten el  correcto funcionamiento del SNA.

Una opinión que tomará en cuenta será la de especialistas, para que se puedan mejorar las leyes que integran el nuevo sistema.

El PRI y el PVEM están comprendiendo “el mal humor de la ciudadanía” y analizan lo factible de someter una iniciativa para corregir estos asuntos, dice el legislador panista.

“Todo esto pudo haber quedado mejor”, opina.

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3. Las empresas deben cumplir con la Ley 3 de 3

Luis Humberto Fernández Fuentes, senador por el PRD.

Voto a favor de promocionar declaraciones de funcionarios públicos: SÍ

Inclusión de las empresas en la Ley 3 de 3: SÍ.

“Así como hay políticos que se hacen millonarios de la noche a la mañana y que de repente hay funcionarios con más de 20 años de servicio público resultan que son grandes empresarios sin que se sepa que empresa tienen, y también hay empresarios que tienen incrementos de su patrimonio a velocidades brutales”, asegura Luis Humberto Fernández, al justificar sus acuerdo con la obligatoriedad que tienen las empresas con la Ley de Responsabilidades Administrativas.

El senador perredista cree que los ciudadanos no deben temer que la obligación de las empresas con la ley aprobada vaya a traer un caos ni que desincentive las inversiones, ya que no es toda la estructura de una compañía la que debe presentar sus declaraciones.

“Son exageraciones que es una técnica muy común y muy vieja de argumentar que es exagerar y llevar al ‘ridiculum’ un argumento”, explica.

El senador no esperaría que se realicen cambios, aunque acepta que todo puede ser discutible en un momento dado.

“Nos faltó mucho para desarrollar una ley en los términos que habíamos propuesto, pero sería muy injusto negar que hay avances importantes. Yo creo que el tema de fondo es ponderar las leyes en toda su amplitud y en todo lo que aportan al país”, dice Fernández Fuentes.

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4. Se cometió un error

María Marcela Torres Peimbert, senadora por el PAN.

Voto a favor de promocionar declaraciones de funcionarios públicos: SÍ

Inclusión de las empresas en la Ley 3 de 3: NO.

La senadora Marcela Torres Peimbert asegura que incluir a las empresas en el cumplimiento de las obligaciones de las empresas es un despropósito y un error que deberá corregirse.

“El espíritu de la ley es fiscalizar a los funcionarios púbicos, quienes son pagados con los recursos de todos los mexicanos, quienes está obligados a generar confianza”, dice.

Las empresas están sobre fiscalizadas con la nueva medida legal, además de que incluirlas en el cumplimiento de las obligaciones que debería tener un funcionario público es “un despropósito y un error que deberá corregirse”.

 Por ahora, cualquier empresario se puede amparar contra la medida aprobada por el Congreso de la Unión, explica.

“Nos estamos dando como sociedad un buen cuerpo legislativo y el sistema queda bastante blindado y será un instrumento bastante útil para abatir la corrupción”, dice Marcela Torres Peimbert.

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