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Reforma Energética: Cómo es y por qué se lee positiva

09-12-2013, 11:13:51 AM Por:
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Más productores pagando impuestos, es lo que busca el gobierno. Y sí, estaría privatizando en parte la actividad, pero conserva a Pemex como empresa fuerte.

Leer las más de 250 páginas del Dictamen de Reforma Energética (el nombre completo de este documento es de un párrafo) es una actividad que uno no desea para el domingo, con tan buenos partidos. Pero hay que hacerlo porque de lo contrario hay que creer en las consignas de otros.

Una buena trampita es saltarse las iniciativas del PAN, del gobierno federal y del PRD e irse directo al cuadro comparativo. Porque las tres fueron incluidas en el dictamen.

Luego, hay que leer el documento. Entre los elementos más importantes está la futura conversión de Pemex y CFE de organismos públicos descentralizados en Empresas Productivas del Estado o empresas públicas productivas. Esto tiene el fin de darles más autonomía técnica y de gestión, a la vez que incorpora en su objeto la creación de valor económico, con responsabilidad social y ambiental.

Es decir, aquí están las bases para que éstas dejen de ser empresas deficitarias. Si el gobierno se propone mantener subsidios, como en el caso de la electricidad, tendrá que sacarlos del balance de CFE, por ejemplo.

¿Por qué es importante este cambio? Porque se le estaría dando a Pemex la posibilidad de competir con otras empresas por contratos de exploración y producción, que serían la gran revolución de esta reforma.

El dictamen establece a la letra que no existirán las concesiones para explorar y producir petróleo, y que en cada contrato deberá quedar bien claro que la propiedad de los recursos del subsuelo son propiedad del Estado mexicano.

Es decir, no podrá dársele a operar un yacimiento a alguna petrolera sin estrictos controles que implican una licitación transparente (cuyos costos siempre serán públicos), auditorías externas para asegurar que los costos incurridos sean reales y un monitoreo muy cercano de lo producido, además de un nuevo regulador ambiental. De hecho, el gobierno podrá elegir participar en el contrato en casi cualquier momento de la operación, si lo juzga conveniente. Esta sería la diferencia entre concesiones abiertas y lo que se propone.

Estos contratos podrán ser de utilidad compartida o de producción compartida, es decir, se les podrá pagar dinero o crudo, luego de costos, impuestos, derechos y demás. Por cierto, estos contratos pueden darse a través de Pemex misma o directamente con el Estado. Con este juego de contratos, el gobierno se propone incrementar la producción petrolera del país en 1.5 millones de barriles diarios. Es decir, pasar de 2.5 a 4 millones de barriles para 2025. Asimismo, aumentar dramáticamente la extracción y distribución de gas natural, rubro en el que somos asombrosamente importadores desde hace algún tiempo.

El dinero obtenido de este incremento en la producción se canalizaría al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, una idea basada en el modelo noruego, en donde los ingresos de su empresa energética se canalizan en cierta parte hacia las pensiones de todos los ciudadanos de este país. La idea es que este fondo canalice todas las ganancias producidas de la actividad petrolera después de impuestos con mandatos muy claros sobre qué deberá hacer con ese dinero, que se invertirá a largo plazo.

Porque lo primero que deberá pagar este fondo son las necesidades del Estado. Si después de ingresos y derechos el gobierno no está recibiendo la misma cantidad de dinero que lo que está percibiendo hasta ahora (4.7% del PIB), el Fondo complementaría esta necesidad.

Luego vendría este ahorro de largo plazo, hasta por 3% del PIB y, lo que superara esa cifra se destinaría a cubrir las enormes necesidades en pensiones que enfrenta el Estado mexicano, la inversión en investigación o el fondeo de vehículos financieros especializados en proyectos de energía e infraestructura.  

¿Qué quiere decir todo esto?

La propuesta de reforma energética busca que entren más empresas a producir petróleo, gas y derivados, complementando a Pemex, estableciendo mecanismos muy claros de contratos y a dónde va a ir el dinero. De esta manera, pretende revertir la caída en la producción que amenaza al país y, por ende, el agujero en las finanzas del presupuesto del mismo gobierno, que podría hacerse más grande si continúa esta ruta.

El gobierno no está ofreciendo la “renta petrolera” a terceros; busca que entre más gente a producir para cobrarles más impuestos y aumentar sus ingresos.

El gobierno si está privatizando en parte la actividad, pero conserva a Pemex como la empresa más fuerte del ambiente.

No está dando concesiones muy libres que digamos, sino más bien contratos de utilidad y producción compartida, que están más controlados y que tienen la opción de que Pemex entre más fuerte si el negocio se ve muy bueno. Por ahí la adición de uno “entre otros” levantó grandes suspicacias entre la oposición, sin embargo, en los siguientes párrafos del mismo transitorio (el cuarto) se dejó bien claro el mecanismo de pago de estos contratos y se mantiene el párrafo que prohibe las concesiones. Además, el transitorio noveno establece que cada uno de estos contratos estará sujeto a la máxima transparencia, por si las dudas.

Por cierto, vale la pena aclararle a algunos legisladores, que ya estaban cansados luego de horas de discutir, que los gases asociados con la producción de carbón no tienen que ver con el gas shale y si son gases de los que se tiene que disponer para seguir la explotación de una mina.

La reforma energética sí podría entonces aumentar la producción de petróleo y gas, hacer más eficiente la producción de gasolinas y generación de energía. Por ende, aceleraría la creación de empleos a lo largo de toda la cadena.

La reforma también contribuiría a equilibrar las finanzas del Estado, aminorando la necesidad de aumentar impuestos, por lo menos por un tiempo. De hecho, cuando se habla del Fondo Mexicano del Petróleo, se le ve mucho mejor, al proveer una gran solución a las necesidades en materia de pensiones que sufren el gobierno, entre otras las promesas del seguro universal.

No se ve mal, se ve muy bien.

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autor Periodista
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