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¿Cómo impulsar a México? ¡Es el Estado de Derecho…!

Parece ser la pregunta del millón: ¿Qué necesita el país para pasar de país emergente a desarrollado? La clave es evolucionar y hacer valer la ley. Pero, ¿cómo?

26-11-2013, 4:08:04 PM
¿Cómo impulsar a México? ¡Es el Estado de Derecho…!
Matiana Flores, editora de la revista Inversionista.

Por Matiana Flores, editora de la revista Inversionista.

Por muchos años he entrevistado a directores generales y de análisis de casas de bolsa, bancos, calificadoras de valores y otras instituciones financieras, a quienes les he preguntado qué es lo que necesita México para crecer a tasas anuales de 5% y dar el salto de país emergente a desarrollado.

“Cuando me preguntan qué necesita México para ser un país desarrollado
contesto que tres cosas: uno, estado de derecho; dos, estado de derecho;
y tres, estado de derecho”. Ernesto Zedillo

Su respuesta, casi siempre, se centra en decir que es necesario mantener bajo control los indicadores macroeconómicos –tal y como se ha venido haciendo desde hace ya varios años– y llevar a cabo reformas estructurales en diversos campos, entre los que destacan el laboral, educativo, fiscal, energético y telecomunicaciones.

Las reformas empezaron a aprobarse hacia finales del año pasado y continuamos en ese proceso, así como en la definición de las leyes secundarias que, dicho sea de paso, muchas veces desdibujan los objetivos centrales de las propuestas originales dejándolas en “reformitas”.

Nunca –o al menos yo no lo recuerdo– han mencionado la necesidad de emprender una reforma que lleve a transformar la situación jurídica del país de tal manera que se garantice la supremacía del Estado de Derecho, condición imprescindible –y en el caso de México añadiría que urgente– para lograr el desarrollo de la economía.

En noviembre de 2012, el ex presidente Ernesto Zedillo, en el marco de un foro organizado por Banorte, señaló:

“México, y en general Latinoamérica, necesita avanzar en materia de Estado de Derecho para ser una economía desarrollada… Con ello, muchos de los temas que presentamos como la reforma estructural, prácticamente se resolverían… para tener Estado de Derecho verdadero no sólo se deben tener reglas sino aplicarlas bajo el principio de igualdad en la ley y para eso se requiere democracia”.

Que no existe Estado de Derecho pleno en México, todos lo sabemos; pero no hacemos nada para exigir que se implante, y no lo hacemos porque todos –desde nuestra particular posición en la sociedad– nos sentimos, de una u otra manera, cómodos con el status quo porque nos funciona bien en nuestras actividades cotidianas.

Por ejemplo, de acuerdo con el Comité de Propiedad Intelectual de la Cámara Americana de Comercio (AmCham), 9 de cada 10 mexicanos compra piratería; y según Transparencia Internacional, uno de cada tres mexicanos ha pagado “sobornos” a alguna institución pública, y entre las instituciones más fáciles de corromper están las judiciales y policiales.

¡Precisamente aquellas que están encargadas de hacer cumplir el Estado de Derecho!

En las esferas económicas más altas la situación es la misma: toleran el alto grado de corrupción e impunidad de políticos y gobierno mientras no lastimen sus intereses y les permitan también –al margen de la ley– actuar por y para su propio beneficio.

Un ejemplo muy cercano lo vimos en la propuesta de reforma fiscal que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto presentó al Congreso y que incluyó la eliminación de la consolidación fiscal, lo que obliga a las grandes empresas de este país –y las transnacionales– a pagar los impuestos que realmente les corresponde.

Ante esto, la reacción de los empresarios fue la de “ahora sí” exigir cuentas claras al gobierno en lo que al gasto de la recaudación tributaria se refiere.

La lógica de los empresarios parece ser: “Si me dejas omitir el pago de impuestos, puedes hacer lo que quieras con el dinero que recaudas de los otros agentes económicos; pero, si me exiges que yo también los pague, entonces las cosas cambian: debes decirme en qué gastas cada peso”.

Exigen lo que todos los mexicanos debemos exigirnos y exigir: transparencia.

Camino al desarrollo

Tanto el ex presidente Felipe Calderón como Peña Nieto señalaron en sus campañas presidenciales su intención de llevar a México al desarrollo. El primero no lo logró. El actual mandatario ha tenido un margen de maniobra más cómodo para avanzar en reformas fundamentales tales como la educativa y la de telecomunicaciones –y la financiera que ya tuvo luz verde del Senado– gracias al Pacto por México.

No obstante, el Estado de Derecho no parece ser su prioridad aun y cuando es medular para el desarrollo de la economía mexicana. Ejemplo de ello es la aprobación de la reforma educativa y su no aplicación en los hechos.

José Ángel Gurría, secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha planteado que “necesitamos un Estado eficaz, instituciones fuertes, eficientes y confiables y necesitamos aprender a construir consensos políticos para transformar gradualmente a México en un país desarrollado”.

Para México no es la reforma hacendaria o la energética la “madre de todas las reformas”, como algunos analistas y líderes de opinión las han denominado en distintos foros. Ese adjetivo le corresponde, en todo caso, a lo que debería ser un profundo cambio en la estructura judicial del país.

Un cambio que elimine –o al menos baje a su mínima expresión– la corrupción y las excepciones jurídicas entre quienes son ricos y educados, y quienes son pobres y sin instrucción académica. Entre quienes son amigos de quienes aplican la ley y quienes no lo son. La ley y su aplicación debe ser una para todos los mexicanos, sin importar su condición social o económica, incluido el mismo Estado.

En diciembre de 2012 Transparencia Internacional (TI) publicó su Índice de Percepción de la Corrupción en 176 países, y de una calificación de cero (mayor corrupción) a 100 (menor corrupción), nuestro país obtuvo 34 puntos y se colocó en la posición 105 (Canadá y Estados Unidos se colocaron en los lugares 9 y 19, respectivamente).

La corrupción tiene un costo económico equivalente al 9% del Producto Interno Bruto (PIB), 14% del gasto de las familias y 10% de los ingresos de las empresas, de acuerdo con la misma fuente.

“Si bien México fue de los primeros países en integrar en su constitución política los contenidos democráticos y aquéllos programáticos de una justicia social, en realidad la organización corporativa y clientelar de tipo autoritaria nos deja un Estado de Derecho en formación debilitado fuertemente por tradiciones patrimonialistas y clientelares, así como por la falta de eficacia en garantizar parte de los derechos” (1)

La trascendencia del Estado de Derecho en la economía radica en que da certeza a los agentes que en ella participan, tanto en lo que se refiere a la propiedad como a la seguridad integral de los agentes económicos.

El título de este texto parafrasea a James Carville, asesor en la estrategia de la campaña presidencial de Bill Clinton en 1992 y a quien se atribuye la frase “Is the economy, stupid”.
Y finalizó como empecé, citando al ex presidente Zedillo:

“Con la garantía de contar con el pleno ejercicio del Estado de Derecho, con igualdad de derechos, lo demás –las reformas estructurales, su aplicación y el camino al desarrollo– es más fácil y el tiempo para lograrlo… más corto”.

(1) N. Bobbio, Liberalismo y democracia, México, FCE, 2007, vol. 3, núm. 1, p. 21-53. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

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