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Reforma energética: La gota que derramó a Pemex

Tras más de 30 años de sostener las finanzas públicas, la paraestatal ya no puede asegurar el futuro energético del país. Así, el gobierno toma el camino fácil.

21-11-2013, 8:47:46 AM
Reforma energética: La gota que derramó a Pemex
Sergio Castañeda y Nayeli González

Hace apenas 34 años, México contaba con reservas probadas de crudo de 72,000 millones de barriles y Petróleos Mexicanos (Pemex) tenía un importante impacto en el desarrollo del país, al crear tecnología propia para la exploración, la producción y para diferentes procesos industriales, construir refinerías, plantas petroquímicas, tender ductos, entre otras obras; atraer inversiones privadas y públicas y contribuir a la generación de empleos, al desarrollo regional y al crecimiento económico. 

Hoy, la realidad es otra. La producción de crudo presenta una caída, en los últimos ocho años, al pasar de 3.4 millones de barriles diarios en 2004, a 2.5 millones el año pasado, es decir, una reducción de 20%. Mientras tanto, las reservas probadas de crudo se encuentran debajo de la media mundial, que ubican a México como una potencia petrolera de mediana dimensión, con 11,400 millones de barriles de crudo en 2012, según British Petroleum, con lo que ocupa el lugar 18 en el mundo y 43 en términos de la relación de reservas a producción de crudo, con menos de 11 años.

Pemex, por su parte, está técnicamente en bancarrota debido a su inmensa deuda adquirida a lo largo de los años para realizar exploración y revertir la caída de la producción, así como por las obligaciones generadas por pensiones y demás prestaciones a sus trabajadores, señala el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en su reporte Un nuevo comienzo para el petróleo mexicano: principios y recomendaciones para una reforma a favor del interés nacional.

De acuerdo con cifras de la paraestatal, la deuda total a junio de este año ascendía a 760,214 millones de pesos (mdp).

El ITAM subraya que, además, la paraestatal no cuenta con los suficientes recursos técnicos y tecnológicos, debido a que no ha invertido lo suficiente en investigación y desarrollo en el sector tecnológico, a pesar de contar con presupuestos récord desde hace más de una década, lo que la condena al atraso y a la dependencia tecnológica.

¿Cuál es la causa de esta crisis?

Son varias, pero la principal es un régimen tributario excesivo, con características confiscatorias, que durante años se ha estado aplicando a Pemex y que ha generado que la paraestatal no tenga los recursos suficientes para su desarrollo, dando como resultado el desplome de las reservas y la producción de crudo.

Emilio Aguado-Clavet, investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac, señala que en 2011 la compañía pagó por concepto de derechos 50.69 dólares por barril de crudo y gas producido, es decir, 67% del ingreso bruto, obteniendo un excedente de 24.52 dólares para sufragar costos.

Mientras, el costo de producción por barril fue de 6.12 dólares, y el de exploración y desarrollo de campos ascendió a 16.13 dólares.

“Al deducir estos costos, la paraestatal tiene un remanente de 2.26 dólares, que utiliza para hacer frente a su pasivo laboral y a las pérdidas operativas en su áreas de refinación, proceso de gas y petroquímica. Entonces, la causa primaria de la debilidad operativa y financiera de Pemex reside en el régimen fiscal vigente, que ha limitado las inversiones en exploración y desarrollo de reservas”, explica.

Ante el negro panorama, el pasado 11 de agosto el presidente Enrique Peña Nieto presentó su proyecto de Reforma energética, en donde se propone un cambio a los artículos 27 y 28 constitucionales que permita los contratos de utilidad compartida que celebraría el gobierno con Pemex y particulares en la exploración y extracción, la refinación de petróleo, la petroquímica, el transporte y el almacenamiento de gas y combustibles, así como para la generación y venta de electricidad.

¿A qué se refiere este esquema? Esta forma de asociación permite mantener la propiedad de los recursos naturales por parte del Estado, pero compartir la utilidad relacionada con su explotación.

“El gobierno decidirá cuándo y en qué proyectos necesita el apoyo de la iniciativa privada para explotar sus recursos naturales y, sin ceder la propiedad, obtener un cierto porcentaje de utilidad sobre estos proyectos conjuntos”, explica Fernando Bolaños, analista de Monex.

El proyecto del gobierno también supone una corrección del régimen fiscal de Pemex para darle más recursos, el cual se planteó en la Reforma hacendaria, en la Ley de Ingresos de Hidrocarburos, aunque al final se decidió sacarla del Paquete económico 2014 para discutirla dentro de la Reforma energética.

La iniciativa plantea también una reestructuración de Pemex en dos divisiones: Exploración y Producción, y Transformación Industrial.

Con esto, desaparecerían los cuatro organismos o subsidiarias que conforman actualmente la paraestatal: Pemex Exploración y Producción (PEP), Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), Pemex Refinación y Pemex Gas.

Esta propuesta, realizada por el consejero profesional Fluvio Ruiz, tiene como objetivo evitar la duplicidad de acciones y trabajos, así como eficientar los procesos productivos de la empresa.

A nivel central se mantendrían las áreas actuales de Administración, Finanzas, Operaciones, Jurídico y Tecnología de Información y Procesos de Negocio.

La reforma del gobierno también busca realizar mejoras en las condiciones de transparencia y rendición de cuentas de Pemex; y establecer una política nacional de fomento a las compras de proveedores nacionales del sector hidrocarburos.

Sí o no a la inversión privada

La iniciativa ha sido duramente criticada por el PRD, organizaciones sociales, sindicales y políticas; pero también aplaudida por los sectores productivos del país y defendida por el PRI y el PAN.

Los primeros rechazan la privatización de Pemex y sostienen que la paraestatal debe seguir manteniendo la conducción central y dirección estratégica de la industria petrolera, mientras que los segundos están a favor de la apertura del sector.

Las tres principales fuerzas políticas del país han presentado sus propuestas en la materia, siendo la del PRI la más parecida a la del gobierno; mientras que la del PRD propone cambiar el régimen fiscal de la paraestatal para que cuente con recursos económicos adicionales y aplique una agresiva política de inversión pública canalizada a la exploración y producción, transformación industrial de hidrocarburos, autosuficiencia de insumos petroquímicos y productos derivados, mantenimiento, comercialización, distribución, transportación, almacenamiento, investigación y desarrollo tecnológico e internacionalización de Pemex.

Asimismo, plantea la autonomía presupuestal y de gestión, fortalecer a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), tarifas, precios y subsidios de los combustibles para un acceso equitativo a la energía, convertir el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros en un organismo financiero e impulsar la investigación y desarrollo tecnológico.

En el documento se denuncia que, durante los últimos 30 años, la historia ha mostrado que Pemex ha estado sujeta a un fuerte control de la administración pública centralizada y, de manera particular, ha obedecido más a los intereses de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a las necesidades de las finanzas públicas, que a los intereses energéticos propios.

En tanto, Acción Nacional defiende la postura de permitir la entrada de la iniciativa privada a la exploración y producción de hidrocarburos (petróleo, gas, gas shale y shale oil) mediante un régimen de concesiones, prohibido hasta ahora y que implica modificar el artículo 27 de la Constitución; a la par que abrir sectores como refinación, petroquímica y transporte, distribución y almacenamiento de hidrocarburos, así como todos sus productos derivados.

Las concesiones permitirían a empresas como Exxon Mobil, Shell, British Petroleum y Chevron,  interesadas en invertir en México, registrar en sus libros de contabilidad o en su patrimonio las reservas a las que tengan acceso.

En su propuesta, el organismo político plantea también un plan para solucionar el problema del pasivo laboral de Pemex; que la paraestatal tenga la libertad de escoger su mejor organización y que disponga de autonomía presupuestal.

Aunque diferentes, el punto central de los tres documentos presentados por el PRD, PAN y PRI se centran en la posibilidad o no de que se modifiquen los artículos 27 y 28 de la Constitución en materia petrolera, lo cual mantendría la prohibición de que los privados incursionen en los trabajos en materia de hidrocarburos, o en todo caso que se les permita invertir en ello.

Para industrias como la química, es urgente que México desarrolle las condiciones necesarias para ser autosuficiente en la generación de energéticos y materias primas petroquímicas, asegura Miguel Benedetto, director general de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ).

“A lo largo de los últimos años, el consumo nacional aparente del sector ha crecido en forma saludable, al pasar de 19,000 millones de dólares (mdd) en 2001, a 35,700 mdd el año pasado; sin embargo, la producción nacional tanto privada como estatal ha permanecido estática. Ante ello, se han tenido que importar productos por 29,900 mdd al cierre de 2012, principalmente resinas y fertilizantes”.

Benedetto estima que, de aprobarse la Reforma energética, el sector invertiría alrededor de 15,000 mdd en los próximos cinco años. “Actualmente, empresas como Idesa, Braskem, Mexichem, Dupont y Cydsa, están construyendo grandes complejos químicos o aumentando de manera importante la capacidad de producción de sus plantas, algunas como Mexichem en asociación con Pemex”.

Una Reforma “corta”

Para algunos especialistas, la reforma se ha quedado “corta” ante la necesidad de desarrollo que enfrenta el sector de hidrocarburos, no solo en materia petrolera, sino también en lo referente a los tipos de contratos y alcance de los particulares, así como la modificación en el régimen del sindicato petrolero y falta de un ente regulador eficiente, por lo que creen necesario que los legisladores encargados de la discusión de la iniciativa y la creación de las leyes secundarias tomen en cuenta estas premisas, o los objetivos de cambio no podrán alcanzarse.

Otros, como César Maldonado, profesor del Departamento de Mecatrónica del TEC de Monterrey Campus Santa Fe, afirman que antes de presentar una iniciativa de este tipo, el gobierno debió barrer la casa, combatir la corrupción a todos los niveles.

En el mismo sentido, Aguado-Clavet, de la Universidad Anáhuac México Norte, señala que se debe atender el abultado monto del pasivo laboral, resultado no únicamente de haber concedido un paquete de beneficios muy atractivo a su sindicato, sino también de no haber efectuado las provisiones contables que demandaban los beneficios a los trabajadores; así como la ineficiencia con que operan sus refinerías, que arrojan pérdidas de 10,000 mdd.

PEP es hasta hoy la única subsidiaria de Pemex que reporta ganancias, pues tan solo en 2012 logró 58,989 mdp, derivado de los buenos precios del petróleo en los mercados internacionales, situación que compensa los malos resultados del resto de los negocios, pues en el caso de PGPB, esta registró 1,531 mdp en pérdidas, Pemex Petroquímica 12,720 mdp, y Pemex Refinación 139,491 mdp.

Sobre este último punto, Maldonado, del TEC de Monterrey, añade que hay hechos muy claros que permiten asegurar que las últimas administraciones permitieron el deterioro del sector y de Pemex. Por ejemplo, la capacidad de refinación en México no ha crecido desde hace casi tres décadas, por lo que resulta inadmisible que no se haya construido la refinería de Tula, en Hidalgo, en la que se tenía planeado invertir 11,610 mdd. “Me parece un error histórico, cuando tuvimos proyectos ridículos como la Estela de Luz, en la que se gastaron de 1,304 millones de pesos (mdp), pese a que su presupuesto inicial era de 200 mdp.

Ambos especialistas coinciden en que también es necesario reducir de manera considerable la contribución de Pemex a los ingresos federales, que hoy es cercana al 34%, aunque reconocen que será difícil, debido a que la Reforma hacendaria, de donde se supone el gobierno obtendría más recursos, no será suficiente, ya que la oposición y el mismo PRI eliminaron la propuesta de cobrar IVA a las colegiaturas, espectáculos públicos, rentas, ventas e hipotecas, lo que impactará en 55,700 mdp las finanzas públicas en 2014.

Al respecto, Miguel Toro, investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC),  sostiene que mientras el gasto corriente del Estado siga dependiendo de los ingresos petroleros y al mismo tiempo no se logre un cambio en el esquema sindical y de transparencia en la paraestatal, difícilmente Pemex dispondrá de una mayor libertad en el manejo de sus recursos.

Para conocer el resto del  panorama de esta Reforma energética y el escenario sobre México: el nuevo “EL Dorado” energético, consulta la revista impresa de Alto Nivel, que en su edición de noviembre contiene un reportaje completo sobre el tema.

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