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Nueva Ley de Amparo afectará a banca y concesionarios

Los cambios eliminan por completo la posibilidad de una suspensión de una acción de gobierno, lo que podría causar severos daños a empresas.

13-02-2013, 1:47:22 PM
Nueva Ley de Amparo afectará a banca y concesionarios
Notimex

Las modificaciones a la Ley de Amparo aprobadas la víspera por el Congreso de la Unión afectarán a entidades financieras en su conjunto y concesiones en materia de agua, minería y telecomunicaciones, entre otras, consideró Mariano Calderón, socio del área de Litigio Constitucional, Administrativo y Fiscal del despacho de abogados Santamarina y Steta.

Este martes, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley de Amparo. Y ahora la minuta pasó al Senado de la República, ya que se le hicieron cambios, al adicionar en el texto una fracción primera al artículo 129, con la intención de evitar la impunidad en centros de juegos y sorteos.

Al describir el impacto a los cambios en la Ley de Amparo, el experto señaló que con las modificaciones se elimina por completo la posibilidad de que se otorgue una suspensión prevista en la actual legislación de una acción de gobierno.

“Esto se traduce que cuando el gobierno emita un acto que se considere que es violatorio de las garantías individuales o afecta un tratado internacional o contraviene una ley, los particulares, van a ver limitado seriamente sus derechos de defensa al poder promover un juicio de amparo, pero no poder gozar una suspensión de ese acto”.

En entrevista con Notimex, Calderón expresó que mientras el juez decide si el acto del gobierno es legal o ilegal, la Ley de Amparo tiene prevista la figura de suspensión, por lo que el acto no sé ejecutaría y no habría supuesto perjuicio en contra de la empresa.

Sin embargo, sostuvo, debido a que ahora esa suspensión ya se eliminó, el acto de gobierno sí se ejecutaría y los juicios pueden durar dos o más años en los que la empresa podría quebrar y sería prácticamente irreparable el daño económico, más aún si al final del juicio el juez determina que el gobierno hizo mal y gana el particular.

“Se pueden generar actos autoritarios y éstos se aplicarían independientemente de cualquier acto de defensa”, abundó.

El especialista resaltó que aunque la afectación es por igual “para entidades financieras, es decir bancos, casas de bolsa, y sociedades financieras, entre otras, así como concesiones mineras, de aguas nacionales”, e incluso de la interpretación que se le puede dar, ya que podría caber prácticamente cualquier concesión de dominio público que haya sido otorgada por el gobierno federal.

Como ejemplo, dijo, si el gobierno decreta una intervención a un banco, los accionistas de la institución bancaria podrían ganar, con la legislación actual, una suspensión de ese acto de gobierno mientras dura el juicio en contra de las autoridades.

Sin embargo, “con las reformas eso no sería posible, el banco puede ser intervenido y estar en esa condición durante todo el proceso que puede durar años del juicio, con las afectaciones que eso conlleve”.

Por ello, consideró que las reformas podrían inhibir nuevas inversiones ante la indefensión o inseguridad jurídica que se advierten con los nuevos cambios.

El socio del bufete Santamarina y Steta subrayó que el argumento de que algunas empresas, “sujeto o sector han abusado de la figura del amparo, no es razón suficiente para afectar a la totalidad de los concesionarios y a la totalidad de las entidades financieras que ahora no podrán gozar de la figura de suspensión de actos de gobierno”.

En ese sentido, agregó que para revertir estos cambios, el Ejecutivo podría regresar el Decreto emitido por el Congreso, o que se promueva un juicio de inconstitucionalidad promovido por alguna fracción parlamentaria.

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