Las polémicas firmas de EPN

Durante su mandato como gobernante del Estado de México, su campaña como candidato a la Presidencia de la República y su administración como Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto ha estampado su rúbrica en numerosos oficios, leyes estatales, compromisos y hasta pactos de civilidad, sin embargo, hoy su firma tiene una importancia mayor, pues lo que ello respalda afecta a todos los mexicanos.

Desde el 1 de diciembre de 2012, cuando asumió la Presidencia, el mexiquense ha promulgado leyes o firmado acuerdos que han generado polémica por los términos en lo que han sido aprobadas por las cámaras que conforman el Congreso de la Unión, al considerarse que el debate ha sido insuficiente o por desacuerdos políticos entre corrientes.

Así, en el marco de la firma de la Ley General de Víctimas que se realizará hoy al mediodía, las críticas hacia las disposiciones apoyadas por el Ejecutivo federal y hacia el propio mandatario lo han acompañado durante las primeras semanas de su gobierno.

Hoy, reaparece la controversia ante el decreto de la Ley General de Víctimas ante la cercanía de su promulgación, ya que desde el 19 de julio del año pasado se encontraba congelada por acción de Felipe Calderón, quien presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para frenar la publicación del decreto al considerar que contravenía diversos derechos de los mexicanos.

A casi nueve meses de su aprobación en el Congreso de la Unión, el pasado 5 de diciembre ingresó a la oficialía el desistimiento de la Presidencia en contra de la demanda presentada por la Consejería Jurídica del anterior Ejecutivo federal para impugnar la publicación del decreto por el que se expidió la legislación. Hoy se realizará la firma del decreto.

Así, mientras los analistas consideraban que el rechazo del ex presidente Calderón era un fomento a la impunidad en un gobierno marcado por los excesos y malos manejos de la fuerza gubernamental, los cuestionamientos a Peña Nieto fueron por parte de los activistas sociales y los detractores de la ley.

Los primeros lo criticaron por tardar más de un mes en promulgar una ley que consideran fundamental para que el Estado retome las demandas de las víctimas de la violencia y diseñe un marco jurídico adecuado para poder cumplir con sus necesidades.

Y en esta historia de que nadie está contento, hay otras voces que consideran que la promulgación de esta ley es apresurada, ya que no se ha terminado el debate de las razones jurídicas que presentó el gobierno de Calderón para impedir el avance de esta disposición, lo que consideran puede afectar los derechos de la ciudadanía y el propio desempeño de la ley.

El “Pacto por México”

El común enfrentamiento de posturas ha sido recurrente desde los primeros días del nuevo gobierno, por ejemplo, a un par de días de asumir su cargo firmó el “Pacto por México”, el cual contó con el respaldo de gobernadores, legisladores, líderes nacionales del PRI, PRD y PAN, así como diferentes actores políticos, económicos y sociales del país. 

El documento compromete a los firmantes a impulsar y aprobar por lo menos 68 reformas que requiere el país, además de que establece presupuestos y fechas específicas para su cumplimiento. 

Hasta ahí el acuerdo era visto como la amalgama de voluntades políticas en pro de México, sin embargo, terminada la ceremonia que se realizó en el Castillo de Chapultepec las críticas y observaciones a dicho pacto comenzaron a fluir. Para algunos de los expertos este documento “secuestraba” al Congreso y lo ponía a disposición del gobierno federal.

Ayer, Peña Nieto dio la bienvenida a la instalación del Consejo Rector del Pacto por México, que vigilará el cumplimiento del pacto y dará seguimiento a la agenda definida en el Pacto por México; especialistas consideran que tal convenio se irá debilitanto conforme las voluntades políticas choquen cada vez más en las visiones que tienen para el desarrollo del país.

Por otro lado, también se consideró que este pacto se trataba solo de un acuerdo entre políticos sin el respaldo de la sociedad, ya que apenas un tercio de los ciudadanos se enteraron de tal acuerdo: según la encuesta realizada por Parametría, solo 34% de la población escuchó del Pacto por México y el restante 66% ignoraba este convenio para sumar esfuerzos y voluntades para fijar la agenda a seguir en el Congreso (reforma educativa, reforma fiscal y energética) y las políticas públicas a instituir en el país.

Austeridad a debate

Asimismo, el presidente Peña Nieto firmó en la primera semana de su mandato el Decreto de Austeridad y Racionalidad en el Gasto del Gobierno de la República -mismo que se publicó unos días después en el Diario Oficial de la Federación-, el cual obliga a todas las instituciones y dependencias del Estado a un ejercicio de racionalidad en el gasto público en el ejercicio fiscal 2013.

Entre los objetivos principales de este decreto se encuentran el tener un diagnóstico exhaustivo en toda la Administración Pública Federal para identificar aquellas áreas de duplicidad y que pueden reducirse o eliminarse; así como algunas metas específicas en la reducción en algunos rubros de gasto corriente.

No obstante, para algunos el ejercicio de voluntad federal es solo una “simulación”, ya que no trata de raíz el tema de la racionalidad y el correcto uso de recursos públicos.

En este sentido, Jaime Cárdenas, exdiputado federal, señaló que tal decreto presentaba diferentes insuficiencias y si se quisiera afrontar en serio este tema se propondría una ley federal, “sin delegación alguna del principio de reserva legislativa, en donde se regule el marco jurídico de la austeridad y la racionalidad del gasto público”. 

Es decir, no sólo en lo que respecta a la administración pública o los Poderes de la Unión, sino en relación a todos ellos, incluyendo a órganos constitucionales autónomos y cualquier otra autoridad federal, sea cual fuere su naturaleza jurídica.

Así, el también exconsejero del Instituto Federal Electoral (IFE) ennumeró 17 puntos por los que el decreto de austeridad solo constituye una simulación. 

La decisión de la postura austera también ha sido vista por los especialista como una de las mejores decisiones del mandatario en sus primeros días de gobierno, e incluso algunos observan la congruencia entre esta medida y la responsabilidad de gasto de EPN durante la transición de poder, donde registró un subejercicio aproximado de 130 millones de pesos, es decir, ocupó solo 20 mdp de los 150 mdp disponibles en el Fideicomiso de Transición 2012.

Estas firmas se han registrado apenas en las primeras cinco semanas de la administración de EPN y se augura que antes de sus primeros 100 días de gobierno se presentarán y aprobarán otras de las llamadas reformas estructurales que polarizarán al país, como la educativa, la hacendaria y la energética, entre otras. 

¿Qué opinas de las leyes que ha firmado el presidente hasta el momento? ¿Consideras que la promulgación de la Ley General de Víctimas es adecuada o debería debatirse más?

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